fbnoscript
8 de diciembre de 2016

En el primer juicio por homicidio con agroquímicos, absolvieron al productor

Ricardo Prieto sale impune en el caso Nicolás Arévalo, ocurrido en Corrientes.
Por Cecilia

La justicia correntina absolvió al productor Ricardo Prieto por la Muertes del niño Santiago Nicolás Arévalo, de cuatro años.

La autopsia había confirmado que de Santiago falleció por haber tenido contacto con Endosulfán, un agroquímico utilizado en la producción de tomates por Prieto. Esto fue confirmado, además, por cuatro ingenieros que declararon en el juicio que se desarrolló entre septiembre y el lunes pasado, 5 de diciembre.

La plantación lindera a la humilde vivienda de los Arévalo, propiedad Prieto, es la única que produce tomates en los alrededores. La zanja que atraviesa este campo y desemboca en el río pasa por el terreno donde vivía Santiago. Allí se cayó Nicolás, el 4 de abril de 2011 mientras jugaba con su primita, Celeste, de 7 años, quien también inhaló el veneno, pero se salvó (por poco).

Los jueces Julio Ángel Duarte; Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya considerarón que no había pruebas suficientes para condenar a Prieto, acusado de homicidio culposo, y lo absolvieron de culpa y cargo. La familia y su abogado, Julián Segovia anunciaron que “seguramente vamos a apelar el fallo, una vez que tengamos los fundamentos”.

Endosulfán

El químico que mató a Nicolás fue prohibido poco después por el SENASA, justamente por su nivel de peligrosidad para la vida humana. La prohibición llegó tarde (mucho más tarde que en otros países) y generó otro problema: al permitir la importación del producto hasta 2012 y su utilización hasta 2013 (dos años "de gracia" para agotar el stock -y uno para aumentarlo-), su precio cayó y lo hizo uno de los productos más utilizados, aún cuando sus efectos gravemente nocivos ya habían sido reconocidos.

La ley provincial Nº 4495 y su Decreto Reglamentario (Nº 593/94) obligan a “extremar las precauciones” en la aplicación de plaguicidas cuando “en las cercanías (de los lotes a tratar con agroquímicos) hubiere viviendas, cursos de agua…”, para “evitar su contaminación”. Sin embargo, no prevé ningún tipo de control de estas aplicaciones. Los residuos de las fumigaciones y las aguas de lavado de los envases de tóxicos van por las zanjas y terminan en el río.

El problema del control de las fumigaciones fue reconocido por la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (presidida por el Ministerio de Salud), que en 2009 “advirtió un uso inadecuado de los productos fitosanitarios, atribuido, entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente”. Se inició entonces el (breve) derrotero de un “anteproyecto de resolución conjunta para el fortalecimiento de sistemas de control” (sic), que, como su nombre indica, no preveía ninguna medida concreta, y, además, quedó rápidamente abandonado.

El gobierno kirchnerista, después de la muerte de Santiago, continuó favoreciendo a los grupos empresarios que hacen negocios a costa de la vida: impulsó la Ley de Semillas a la medida de Monsanto y reprimió cuanta protesta hubo contra las fumigaciones. Ahora, el gobierno macrista premió a esos mismos sectores con una mayor devaluación de la que ya habían hecho los K y la eliminación de las retenciones.

El juicio contra Prieto es el primer juicio penal de este tipo, por homicidio como consecuencia del uso de agroquímicos, y la justicia ha decidido acompañar el modelo del saqueo y la contaminación.

 

En esta nota:

Compartir

Comentarios