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27 de mayo de 2020

La bajante histórica del Río Paraná plantea reconvertir el complejo agroexportador

La bajante del Rio Paraná ha batido todos los récords de los últimos 50 años. En Rosario, al día 22 de mayo, se registró un descenso que llegó a los 8 cm, cuando la altura media del río en la zona es de 3,68mts (Instituto Nacional del Agua). Si bien Rosario registra las cifras más bajas, la bajante del Paraná afecta todas las provincias ubicadas en el curso medio e inferior del río, desde Misiones hasta Santa Fe.

A pesar de la apertura temporaria de las compuertas de Itaipú (Brasil), las previsiones del INA es que la sequía del río continuará durante todo este año, lo que acentuará el impacto ambiental, social y económico en toda la región. Los motivos que llevaron a esta bajante histórica tienen que ver con el bajo nivel de lluvias, resultado de los cambios climáticos que provocan el aumento de la temperatura global.

La explotación capitalista del suelo motivada por la competencia y el lucro privado es también una de las causas del aumento en los índices anuales mínimos del Rio Paraná que se vienen sucediendo desde los años `70. Según el ingeniero Juan Agustín Borus, actual subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA: “Otra área, la de la cuenca no regulada del Paraná, tuvo un cambio de suelo tremendo en 2012, cuando no quedó ni el 1% de los pastos que existían en 1900. Hubo un corrimiento de la frontera agrícola de este a oeste muy significativo” (La Capital, 23/5). La depredación capitalista con el desarrollo indiscriminado de la agricultura, especialmente de la soja, y por la expansión de la ganadería, impiden la correcta infiltración de las precipitaciones en el suelo que se encuentra impermeabilizado por los cultivos.

El problema ictícola

Las consecuencias ambientales y sociales producidas por el descenso del río son graves. Expertos ambientalistas resaltan que se ve afectado el equilibrio entras las poblaciones de peces, ya que al bajar el agua se quedan sin oxígeno. Esta cuestión se ve agravada por la pesca indiscriminada que realizan los frigoríficos del pescado, sin importar el tamaño de los peces y aprovechando los lugares de mayor caudal de agua donde se concentran.

No sólo se afecta el equilibrio de peces si no del resto de la fauna que rodea al Paraná. A pesar de la bajante histórica, el gobierno provincial de Santa Fe, al igual que el de Entre Ríos, se resisten a prohibir la pesca comercial para los frigoríficos dedicados a la exportación. Estos frigoríficos compran la pieza, por ejemplo de sábalo entre 15 y 20 pesos, para luego exportarlo a valor dólar. En contraste con esto, se persigue sin piedad a los pescadores independientes que todavía quedan y tienen como fuente de alimentación lo que puedan pescar para ellos y sus familias.

Al problema represivo se suma que otra de las consecuencias generadas por la bajante del río es la sequedad en lagunas y arroyos aledaños, lo que provoca que un vasto sector de trabajadores no pueda salir a pescar. Según la asociación civil de pescadores de Alto Verde “hay 150 familias que viven directamente de la laguna Setúbal desde Santa Fe hasta Monte Vera, y se quedaron sin fuente de trabajo. En la zona norte, desde Santa Rosa de Calchines para arriba, para salir al río grande dependen de los arroyos y se han secado todos” (El Litoral, 25/4). La persecución contra los puestos de pesca ambulante que se desarrolla en la capital, mediante la acción con la policía, contrasta claramente con las concesiones dadas a los frigoríficos.

Las otras graves consecuencias del descenso del río tienen que ver con la provisión de agua para la potabilización y abastecimiento para las ciudades aledañas y la producción de energía eléctrica en las represas ubicadas en el Paraná.

Pérdidas millonarias

A las consecuencias ambientales y sociales se le suman las pérdidas económicas ocasionadas en el complejo portuario del sur de la provincia. El 80% de las exportaciones del país salen de estos puertos y transitan por el Paraná, principalmente soja, cereales y aceites derivados. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario los costos del complejo agroexportador se encarecieron debido al incremento de los costos de flete, logística y transporte, dado que los buques parten con menor capacidad de carga por la menor hondura del río y necesitan de paradas en puertos complementarios para llenar los buques con destino a la exportación. En el informe, la BCR afirma que la bajante del río ocasionó una pérdida de 243,9 millones de dólares por el aumento de los costos de logística, una factura que buscarán descargar sobre las condiciones de vida de los trabajadores del complejo agroexportador.

Esto no sólo repercute en la caída de ganancias de los capitalistas, también en la saturación de ciudades que actúan como puertos complementarios, como es el caso de Bahía Blanca. Este traspaso de la carga pone de relieve la enorme presión que existe de forma permanente sobre el suelo santafecino respecto del transporte de granos, que deja rutas destruidas, poblados asediados por los camiones y centenares de accidentes viales, agravando el descalabro general del transporte en rutas y ciudades. Es un resultado directo de la privatización del transporte, del dominio del negocio del asfalto en la obra pública y fundamentalmente del desmantelamiento de la red ferroviaria.

La bajante del Paraná debe ser seguida de cerca por el conjunto de los trabajadores que forman parte del complejo agroexportador. El encarecimiento de la producción y el transporte va a querer ser descargado sobre los trabajadores, por lo que deben ponerse en alerta los aceiteros, portuarios, camioneros y todos los que integran el complejo.

Una salida de fondo

Rechazamos cualquier pretensión de los grupos capitalistas de utilizar la bajante del Río Paraná como una presión contra las condiciones salariales y laborales. Necesitamos poner en pie comisiones obreras de seguridad e higiene, con poder de veto sobre la producción cuando la misma represente un riesgo para la vida y la salud de las personas que trabajan y viven alrededor del complejo agroexportador. Esta fiscalización obrera y de las organizaciones militantes ocupadas en la defensa ambiental es la única medida efectiva que garantiza la preservación de los recursos naturales.

Reclamamos un subsidio de 30.000 pesos para todos los pescadores que se ven imposibilitados de desarrollar su trabajo.

Planteamos además la nacionalización integral del Puerto del Gran Rosario y de toda la Hidrovía del Paraná, para establecer una organización centralizada de los recursos hídricos. Es una medida que debe ir de la mano del monopolio estatal del comercio exterior, para establecer un plan racional del comercio de exportación de granos. Hoy ocurre todo lo contrario: circulación de buques con un río muy bajo -algo sumamente contaminante y que compromete a su vez el uso del agua potable de parte del conjunto de la población- para favorecer la venta de granos cuyos dólares no se liquidan en el mercado interno, lo que presiona por una nueva devaluación del peso que encarecerá el costo de vida de la población trabajadora.

Este desmanejo es el resultado de la privatización de los puertos y del comercio de exportación para favorecer los intereses particulares de grupos multinacionales como Cargill, Dreyfus o Cofco, verdaderos pulpos agroexportadores que dominan toda la cadena de valor -no obstante lo cual reciben los subsidios de la Anses por el programa ATP. Al mismo tiempo, presionan por el pago de la deuda externa fraudulenta de la que ellos son acreedores, gracias a desfalcar al Estado, como demuestra el caso emblemático de la aceitera “nacional” Vicentín que debe al Banco Nación 1.300 millones de pesos.

La bajante del Paraná es una consecuencia directa de la crisis climática derivada de la depredación capitalista y agravada por la explotación capitalista del suelo y de los cursos de agua, así como de las disputas entre los Estados que privilegian los intereses de los capitalistas por sobre el interés universal de acceso al agua, a la pesca, a la tierra y el aire saludables de la mayoría de la población.

La defensa del ambiente es incompatible con el actual régimen sojero de los puertos privatizados. Es necesario reconvertirlo en beneficio de las mayorías que viven y trabajan en Santa Fe.

 

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