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9 de abril de 2020 | #1588

Los sobreprecios, la urgencia y el hambre

Tras el escándalo se retiran 15 funcionarios de la cartera de Desarrollo Social

En los últimos días se desató un escándalo vinculado con los sobreprecios de hasta un 100% de los alimentos que el Estado compra para la atención de las personas en emergencia alimentaria y que son asistidas por los comedores populares. Esta crisis en la cartera de Desarrollo Social se llevó puestos a 15 funcionarios, entre ellos a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica, un hombre ligado a los intendentes del conurbano bonaerense. En un país con 16 millones de pobres, el tema no es solo un problema de corrupción.

Los hechos denunciados fueron reconocidos por el propio ministro Daniel Arroyo y justificados por el “apuro” y en que los empresarios “se le plantaron”. Si el gobierno se amilana ante las presiones de un grupo de empresas, ¿qué le queda entonces a los trabajadores que se ven obligados a pagar lo que las góndolas dictaminan? Pero el problema es de otro orden: los sobreprecios, la cartelización y la corrupción de funcionarios del Estado no son ninguna novedad. Estas características han recorrido todos los gobiernos, desde el “Abuelo” Cafierito, que según Juan Domingo Perón se quedaba con los vueltos, hasta el contrabando de armas a Ecuador de Menem, las coimas en el Senado de la Alianza y el blanqueo de los parientes de Macri, por nombrar solo algunos incidentes recordados. Los sucesivos gobiernos no tienen ningún reparo en hacer sus negocios a costa del hambre y las necesidades populares.

Con sobreprecios de un 100% no hay dudas de que la corrupción está presente en algún o todos los estamentos estatales que ejecutan, controlan y aprueban semejante desfalco. Si se gasta mal y sale el doble, se podría dar el doble de asistencia con solo ahorrarnos el robo. Sin embargo, el gobierno no cumple ni con lo indispensable.

Antes de la declaración de la cuarentena, el Estado compraba 8 millones de kilos de alimentos, en su mayoría hidratos de carbono, que eran distribuidos para comedores populares en todo el país.

A pesar de que Arroyo ha declarado una y otra vez, en todos los medios de comunicación, que la ayuda alimenticia es una prioridad de su gestión, la realidad es muy diferente. El actual gobierno, igual que el anterior, incumple la ley de Emergencia Alimentaria sancionada, luego de un acampe nacional de 48 horas, en septiembre de 2019.

La ley obliga al Estado a aumentar un 50% los alimentos destinados a los comedores populares. En los últimos seis meses solo se han entregado las partidas correspondientes a cuatro meses, dos en cada período de los sucesivos gobiernos. Mauricio Macri y Alberto Fernández comparten la violación de la emergencia alimentaria.

El hilo de las responsabilidades

Las responsabilidades de este escándalo no solo afectan al gobierno sino que la corrupción es también del que vende. Los grandes empresarios alimentarios saben muy bien que el precio al que le venden al Estado es un robo. Sin embargo, ven en esta crisis una oportunidad para enriquecerse en forma ilegal y violando hasta las normas más elementales. Deben ir presos, tanto empresarios como funcionarios. 

Solo en los listados de espera de los comedores del Polo Obrero se han inscripto en tres días más de 17 mil trabajadores desocupados, que reclaman ayuda alimentaria, y más de 80 mil se inscribieron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 

IFE: otro frente de tormenta

Por otro lado, el gobierno lanzó el programa IFE: un subsidio ultralimitado de 10.000 pesos, al que sin embargo se han preinscripto 12 millones de personas. Esto habla por sí solo del enorme cataclismo social que nos envuelve.

El gobierno lanzó el programa explicando que abarcaría a unas 3,6 millones de personas. Ante el aluvión de 12 millones han empezado a llover las denuncias de exclusiones arbitrarias y totalmente fuera de toda lógica. Desocupados que hace más de seis meses que no trabajan en blanco aparecen rechazados por aportes, trabajadores preinscriptos correctamente son rechazados en la segunda etapa del trámite sin explicación y sin lugar a reclamos. La página de la Anses está totalmente colapsada y los posibles beneficiarios no encuentran respuesta. Alejandro Vanoli, el titular de la misma, implicado en el abandono criminal aplicado el viernes contra los jubilados y beneficiarios de la AUH, se prepara para protagonizar una nueva agresión al pueblo en el contexto de la cuarentena.

Cuando se trata de resolver los problemas de las patronales, el gobierno actúa con premura, como lo es el caso de la homologación de 1.450 despidos de Techint en medio de una conciliación obligatoria. Pero, cuando los afectados son los trabajadores y desocupados, se dilatan los plazos, se niega la asistencia, se bloquean los beneficios y hasta se montan grandes negocios sobre la pobreza y las necesidades populares.

Reclamamos que se constituya una comisión investigadora, con las organizaciones sociales y los trabajadores del Estado, que investigue y denuncie a los responsables. Esta comisión debe contar con amplios poderes para abrir los libros del Estado y las empresas que le venden a este. 

Paralelamente, reclamamos la constitución de un comité de control y seguimiento de las futuras compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, la Secretaría de Comercio y de las organizaciones sociales. Así como el cumplimiento de la entrega de los alimentos e insumos sanitarios en tiempo y fecha, y el reforzamiento de todas las partidas para hacer frente a la cuarentena.
 

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