11/04/2001 | 702

Así desaloja un gobierno «progresista»

En la mañana del jueves 5, vecinos de San Telmo se comunicaron telefónicamente con el despacho legislativo del Partido Obrero. En la esquina de Defensa y Caseros se estaba produciendo un desalojo y los vecinos pedían nuestra intervención. Al llegar al lugar, la gente, visiblemente angustiada, nos señaló al contingente «desalojador»: el oficial de justicia, su ayudante, dos abogados de los presuntos dueños del predio, y un individuo que, apenas nos vio, se apresuró a hacer las presentaciones del caso: «Yo también soy de la Legislatura, soy asesor del Frepaso. El desalojo está en regla, los papeles, todo. Se hace hoy. Estoy censando a la gente para reubicarla». Para los que iban a ser expulsados, las cosas no estaban tan «en regla»: las piezas, nos explicaron, se las habían alquilado años atrás a un tal Ponce, empleado del ex Concejo Deliberante. En 1997, Ponce desapareció y nadie más se encargó de cobrar los alquileres. Poco después, les iniciaron juicio por usurpación. Casi todos las familias del conventillo estaban inscriptas en distintas operatorias de la Comisión Municipal de la Vivienda o del Fonavi: «Hace años, desde antes que comenzara el juicio. Nunca conseguimos que nos adjudicaran un crédito, un lote, nada».


«Vos, a hotel»


Mientras los vecinos nos relataban su realidad, el «censista» frepasista recorría febrilmente las piezas del inquilinato, anotando en un pequeño papel los nombres y las situaciones particulares de cada familia. «¿Vos tenés parientes en provincia? Mañana te vas para allá. Vos, a hotel». El «hotel» referido son las pensiones que renta el Gobierno de la Ciudad para albergar a los desalojados. El alojamiento era prometido «por un par de semanas, hasta que se puedan reubicar». Estas «sugerencias» fueron encrespando el ánimo de las familias. «Ya estuve una vez en hotel, nos van a meter a ocho en una pieza, y no nos dejan llevar los objetos personales. Además, nos llevan a todos a diferentes lugares». Una madre de una niña de cuatro años nos explicaba que «aquí (en la vivienda) dejo a mi hija con familiares y vecinos conocidos cuando voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer en un hotel, habitado por desconocidos?». La gente comenzó a hostilizar a los funcionarios, rechazando el desalojo intempestivo: «No podemos irnos hoy, dénmos tiempo hasta la semana que viene». Mientras el frepasista realizaba su faena de «reubicación», los oficiales se retiraron a deliberar. Horas más tarde, regresaron con su veredicto: «Les damos hasta mañana a las 9 de la mañana».


En medio de los reclamos airados de la gente, el «censista» les explicaba que «con Promoción Social está todo arreglado, habrá hotel y transporte para todos». En la improvisada reunión de zaguán, señalamos que el Partido Obrero se opondría con todas sus fuerzas al desalojo previsto, desde la Legislatura y desde la calle. Apenas se retiraron los desalojadores, realizamos una asamblea con los vecinos presentes. Allí se resolvió un plan de acción. Un grupo de vecinos se movilizó con nosotros hacia la Legislatura, que se encontraba en sesión plenaria. Altamira promovió una reunión urgente de la Comisión de Vivienda, que recibió *con la casi totalidad de sus miembros* a las familias amenazadas. En la reunión, los vecinos insistieron en los trámites ya iniciados hace años para acceder a una vivienda, hasta ahora sin respuesta. El reclamo de todos era que, antes del desalojo, existieran garantías de que esas gestiones *por créditos o por materiales para construcción* se concretaran. La Comisión de Vivienda se comunicó con la jueza, quien alegó que «no contaba con comunicación directa con los oficiales a cargo del desalojo». En realidad, estaba defendiendo su fallo, y los plazos perentorios ya resueltos.


El papel de «Promoción Social»


En la mañana del día siguiente, el panorama era contradictorio: algunos vecinos habían confeccionado carteles y pancartas que sacaron a la puerta: «No al desalojo, por una vivienda digna». «Es la primera vez que hacemos algo todos juntos para quedarnos acá», se lamentaba un vecino. También estaban presentes delegaciones de compañeros del ex Padelai, de los inquilinatos y los sin techo de La Boca y del Partido Obrero de la zona sur. Pero al mismo tiempo, nos enterábamos que, en la medianoche del jueves, los vecinos habían sido visitados por nuevos encuestadores de Promoción Social: «Ya nos dijeron a qué hotel va a ir cada familia desde mañana». La visita nocturna había dejado la impronta del desalojo inminente. En la madrugada, varias familias ya habían cargado sus cosas para ir a casas de familiares en la provincia. Otros, preparaban bolsas con su ropa.


Cuando llegaron los oficiales de justicia, ratificaron que no volverían atrás en la decisión de desalojar. Luego de consultas, cabildeos y llamadas telefónicas al Juzgado, la Justicia derivó una decisión final a la «parte actora», es decir, a los dueños del predio. En el momento crucial, la Justicia se despojaba de cualquier pretensión de «arbitraje», para transformarse en un mero instrumento de los propietarios.


Mientras los abogados le decían a la gente que el desalojo se concretaría «en minutos», la Secretaría de Promoción Social desplegaba simultáneamente un vasto operativo sobre el lugar: varios camiones de mudanzas llegaron enseguida. «Los que van al oeste (del Gran Buenos Aires), en aquel camión. Los que van para el sur, en éste». Otras combis con asistentes sociales «invitaban» a subir a «los que iban a hoteles». Uno de los funcionarios revelaba que la «promoción» conocía la inminencia de este desalojo desde febrero pasado. Un vecino se preguntó : «Si sabían, ¿por qué no mandaron a los asistentes y censistas antes, para resolver realmente nuestras necesidades?».


Es que «Promoción Social» sólo estaba allí para «aceitar» el desalojo: mientras los oficiales de justicia amenazaban con lanzar a la calle a los vecinos, los funcionarios del Gobierno porteño ofrecían una pieza de hotel por un par de semanas. Así, lo que hubiera demandado represión policial *poniendo a la luz del día toda la violencia del Estado patronal contra los explotados*, terminó concretándose «pacíficamente» a partir de este costoso despliegue de funcionarios y fletes gratis. Este operativo de pinzas, urdido entre la Justicia y el Gobierno «progresista», permitió concretar el desalojo.


Las enseñanzas


Dejamos el lugar con un sabor amargo: aspirábamos a que una postergación nos permitiera consolidar una organización de los desalojados. El desalojo intempestivo se propuso precisamente frustrar esa posibilidad, pero también golpear la perspectiva de una movilización de conjunto que, aunque tímidamente, se había insinuado. Es que en el conflicto se interesaron los compañeros del Padelai y de otros inquilinatos de la zona sur. Antes que esa acción en común creciera, los desalojadores se apresuraron a concretar su faena. Pero por eso mismo, la lucha de la calle Defensa nos deja planteada una gran tarea: tenemos que superar los límites insalvables de la lucha aislada y gestar un gran movimiento común de La Boca, San Telmo y Barracas, para que no pase un desalojo más. Este debe ser uno de los grandes objetivos del plenario de trabajadores, vecinos y desocupados que convocamos para el sábado 21.

También te puede interesar:

Redoblemos la movilización popular para derrotar los negociados de la especulación inmobiliaria.
Amenazas con armas de fuego, abuso sexual y renuncia de su defensor.
El Municipio como agente de la especulación inmobiliaria.
Los colegios de corredores mantienen una guerra con la firma Remax y sus franquicias precarizadas.
Los legisladores del PO-FITU, Gabriel Solano y Amanda Martín, se pronunciaron en contra de aprobar estos proyectos exprés en la Legislatura.