Este miércoles 2/12, inquilinos y vecinos de las villas de la Ciudad se movilizaron a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, encargado de otorgar los subsidios habitacionales. Los principales reclamos que se levantaron fueron la universalización de los subsidios, el aumento de los montos y el acceso inmediato para mujeres víctimas de violencia de género.

La ola de desalojos que comenzó a darse en los últimos meses, producto de la crisis social que ha reducido o ha dejado sin ingresos a miles de trabajadores de la ciudad y el país, se agudiza aún más entre los sectores más precarizados, que no cuentan con un trabajo formal y deben alquilar sin contrato de por medio. Las deudas por falta de pago que se han ido acumulando a lo largo del último período y que son una bomba de tiempo frente a la que se encuentran miles de inquilinos que podrían ser desalojados en los próximos meses, no ha tenido ninguna respuesta por parte del gobierno de la ciudad y el instituto de la vivienda.

Los requisitos para poder acceder al subsidio habitacional que otorga el ministerio de desarrollo no son compatibles para aquellos que alquilan en la informalidad, como tampoco lo es el decreto nacional que prohíbe los desalojos que no rige en estos casos. El subsidio 690 exige que las familias solicitantes ya se encuentren en situación de calle, junto con un montón de documentación que para los vecinos de las villas y asentamientos de la ciudad o aquellos que alquilan en hoteles y pensiones se hace imposible obtener. Al mismo tiempo, los montos a los que se puede acceder son de hasta 8 mil pesos, cuando una habitación en una villa cuesta unos 10 mil o una habitación en un hotel o pensión no baja de los 15 o 20 mil pesos.

Las situaciones de violencia de género han producido que las víctimas no tengan lugar a donde ir al momento de escapar de su agresor, teniendo que terminar en la calle con sus hijes o buscando un lugar donde instalarse para construir su vivienda, como se pudo ver en el proceso de recuperación de tierras de Guernica, donde había decenas de mujeres que llegaban a esa instancia escapando de la violencia.

Esta movilización fue la continuación de una que se había producido semanas atrás, donde los funcionarios del ministerio se habían comprometido a dar una respuesta a las miles de familias que las organizaciones habían empadronado y presentado para obtener una respuesta. Frente a la falta de una solución se planteó la necesidad de volver a las calles y se pudo obtener el compromiso de que darían respuesta a los casos más urgentes.

Desde la banca de Gabriel Solano en la Legislatura porteña se ha presentado un proyecto que plantea la ampliación y universalización del programa creado por el decreto 690, una línea directa para víctimas de violencia de género, el aumento del subsidio a un monto mínimo de 15.000 pesos que se actualice mediante un í

ndice que contemple el valor mayor entre la inflación y el aumento de los alquileres, el pago retroactivo del mismo para las familias que se encuentran endeudadas a partir del congelamiento de alquileres por el DNU nacional 320/20 y el pago en tiempo y forma del mismo entre el 1 y el 5 de cada mes.

La lucha por la vivienda en la ciudad, para que se terminen los desalojos, se avance con la urbanización real de las villas y todos los trabajadores tengan el derecho a acceder a una vivienda definitiva debe continuar en las calles hasta la obtención de todas estas reivindicaciones. Desde la banca del Partido Obrero en el FIT acompañaremos esta lucha hasta que se garantice la vivienda para todas las familias.