Nuestro país vive momentos decisivos. A fines de diciembre los trabajadores y el pueblo nos levantamos en movilizaciones masivas, nos procuramos la comida, nos enfrentamos y triunfamos sobre la represión y el estado de sitio, y tiramos abajo dos gobiernos.

Lo hicimos respondiendo al total fracaso del capitalismo, sus partidos e instituciones de gobierno, que saquearon el patrimonio nacional, condenaron a millones de trabajadores al hambre, la miseria y la desocupación, liquidaron todas las conquistas laborales, la salud y educación públicas, al servicio de los mandatos de la banca imperialista.

Esa heroica insurrección se produjo superando la traba de las direcciones tradicionales del movimiento de masas. Los dirigentes de las CGT, de la CTA (salvando el papel de algunas regionales y organizaciones que, en este caso, asumieron su papel en estas jornadas), e incluso de organizaciones de desocupados, intentaron desviar nuestra lucha, pero la bronca y la movilización les pasaron por arriba.

El nuevo gobierno de Duhalde es enemigo de los trabajadores y el pueblo. Es ilegítimo, porque frente al reclamo popular de “que se vayan todos” fue elegido por las corruptas cámaras legislativas. Duhalde expropió la voluntad popular y preside hoy el país con un objetivo central: salvar a los bancos y empresas, al capitalismo todo, y volver a poner al país al servicio de los monopolios y los acreedores externos.

Para eso devaluó el salario, sigue atacando la salud y la educación, sigue con el secuestro de los depósitos bancarios y continúa con la masacre social de los trabajadores, a través de los despidos y suspensiones, el agravamiento de la desocupación y la destrucción de las conquistas obreras, a través del congelamiento de salarios y la precarización del empleo.

El gobierno se propone reconstruir la red de punteros de los partidos patronales como grandes administradores de los subsidios y planes para los desocupados; crea los “comités de seguimiento”, integrados por los intendentes, la Iglesia, las tres centrales sindicales y las organizaciones de desocupados como rehenes, una reedición de los “consejos de emergencia” o de “crisis”, una organización para convertir la ayuda social en fuente de negocios capitalistas y regimentar o debilitar las organizaciones genuinas de desocupados. Uno de los objetivos es utilizar los planes de empleo para habilitar mano de obra barata para disminuir el costo laboral de las empresas en quiebra.

Los que suscribimos esta convocatoria no integraremos los comités de “seguimiento”, “emergencia” o “crisis”. Exigiremos, apoyados por la movilización, la totalidad de nuestros reclamos y llamaremos a la unión independiente y de clase de todas las organizaciones de desocupados de cada distrito.

El gobierno ha buscado preservarse a través de la “concertación” bajo la dirección de la Iglesia y las Naciones Unidas. Caracterizamos la “concertación” como una maniobra política para cooptar, regimentar y dividir a las organizaciones de los trabajadores en función del sostenimiento del régimen. Llamamos a repudiar la “concertación” y a denunciar el sostenimiento de esta política por las direcciones de las centrales sindicales y fuerzas políticas (PJ, UCR, Frepaso, ARI, Polo Social, Frenapo).

Constatamos que en todo el país la clase trabajadora y los sectores populares luchan, no descansan, se organizan. Asambleas Populares, puebladas, coordinadoras de base, ocupaciones de fábrica y huelgas se multiplican por todos lados. Necesitamos unirlas, para coordinar la lucha contra este gobierno y el régimen, y por una salida que no esté dictada por el capital sino por los trabajadores y el pueblo. Llamamos a tomar en nuestras manos la solución a los problemas más acuciantes: la comida, el trabajo, la salud, la educación, el mantenimiento de los servicios básicos, impulsando Asambleas Populares en los barrios, regiones, provincias y a nivel nacional, y todo reagrupamiento de lucha en función de una alternativa propia de los trabajadores.

Ante esta situación, para dar un paso en la pelea por una nueva dirección independiente, que enfrente al régimen hambreador y a todo gobierno de “salvación nacional” o de conciliación de clases, que son sólo recambios en las filas de los ajustadores, es que las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados abajo firmantes convocamos a una Asamblea Nacional de Trabajadores (ocupados y desocupados), abierta y democrática el día 16 de febrero.

Tomamos como punto de partida los distintos programas que la lucha y las organizaciones precedentes han desarrollado y los reclamos dictados por la situación actual.

Planteamos:

• Libertad de los compañeros presos y procesados

• Juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos cometidos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre

• No pago de la deuda externa

• Nacionalización de la banca y empresas fundamentales

• Estatización de las AFJP

• Prohibición de despidos y suspensiones

• Estatización y puesta en marcha bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida

• Condonación de impuestos, rebaja de servicios públicos y prohibición de cortes de suministro

• Inmediata devolución de depósitos a los pequeños ahorristas

• Devolución del 13% a jubilados y estatales

• No a la rebaja de las asignaciones por los planes de empleo y los salarios

• Salario mínimo y subsidio al parado acorde al valor de la canasta familiar, indexado por costo de vida

• En especial, lucha por trabajo genuino y permanente, exigiéndolo a las grandes empresas y a través del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Planes de obras públicas a cargo del Estado y bajo control de las organizaciones.

En defensa de estos reclamos y esta perspectiva, la Asamblea se propone lanzar un plan de lucha nacional.

Convocamos a integrarse a todas las organizaciones sociales, de desocupados, sindicatos, comisiones internas, coordinadoras, delegados, agrupaciones obreras y en particular a las Asambleas Populares de todo el país, eligiendo un delegado cada 20 compañeros organizados. Invitamos a participar al movimiento estudiantil en lucha y a las organizaciones políticas identificadas con este llamamiento.

22 de enero de 2002