Despidos en el Plan Argentina Trabaja

Víctimas de la guerra de punteros del conurbano

En febrero ha habido un reguero de suspensiones de pago de sueldos en el Programa Argentina Trabaja. Mientras en muchos distritos suspendían a algunas decenas de trabajadores, en otros sumaban centenares. En Quilmes, 1.500 trabajadores no pudieron cobrar, dando lugar a una movilización al municipio y compromisos del “progresista” Barba Gutiérrez de reanudar los pagos. En Berisso, 600 trabajadores no cobraron, dando lugar a cortes de ruta de las organizaciones y nuevos compromisos de pago para el mes que viene. En Varela, el intendente Pereyra salió a amenazar con 2.000 retenciones de liquidación de sueldo. Hay un listado de 18 mil bajas que está evaluando la Provincia de Buenos Aires para marzo. ¿Qué ha generado esta epidemia de virtuales despidos? No estamos frente a un ajuste del programa que, por el contrario, estaría incorporando 100 mil beneficiarios, sobre todo en el interior del país, de cara a las elecciones provinciales anticipadas (La Nación, 20/2). Los afectados, en muchísimos casos, documentan trabajar todos los días en el programa, mientras es el propio Estado el que está en falta, ya que sigue sin asignar módulos de trabajo a miles de beneficiarios, a pesar de que aquéllos están presupuestados. Esta falta de obra pública contrasta fuertemente con la necesidad urgente de vivienda que tiene como emergente el reguero de ocupaciones de tierras que ha continuado desde el año pasado (Parque Indoamericano…) y que tiene como disparador un proceso de especulación inmobiliaria, la imposibilidad de un trabajador a acceder a una vivienda y el hacinamiento de los barrios obreros.

Las suspensiones de cobros son un episodio en la disputa abierta entre Scioli y los intendentes y los trasversales por la interna del PJ y el FPV de la provincia. Cada sector intenta absorber padrón para movilizar en la interna y generar miedo a las bajas para poder instalar la máxima presión clientelar. Proliferan convocatorias apócrifas y superpuestas a capacitaciones truchas o módulos de trabajo que no corresponden. Los punteros pretenden afilar el aparato para el año electoral.

Muchísimos de los trabajadores afectados no sólo trabajan, sino que lo hacen sin seguro ni obra social, sin herramientas ni ropa. Siguen cobrando el sueldo de 1.200 pesos de bolsillo, erosionado por la inflación en el año y medio de existencia del programa y más de 500 pesos debajo del salario mínimo. La disputa por el encuadramiento para la interna, los intendentes y trasversales la realizan con los métodos negreros del patrón de estancia. Han tenido que retroceder en cada caso, pero no podemos limitar la lucha a la defensa de la continuidad del plan de trabajo precario como existe. Llamamos a organizarnos, votando delegados en cada cuadrilla, rechazando las bajas y exigiendo la incorporación de los trabajadores del programa Argentina Trabaja a un plan de obras públicas y viviendas populares con puestos de trabajo bajo convenio. En el camino del pase a planta levantamos un programa de demandas inmediatas: nadie por debajo del salario mínimo de 1.700, vacaciones, aguinaldo, seguro de trabajo y obra social, ropa y herramientas. Los precarizados del Estado salen a la lucha, enfrentando la presión de los punteros, en el marco de una Argentina rebelada contra la tercerización y precarización laboral.