Ante el crecimiento exponencial de la miseria y el hambre en los cuantiosos barrios populares del distrito de Esteban Echeverría, el ejecutivo municipal, a cargo del intendente Fernando Gray, parece haber dado la señal de desatender los reclamos alimentarios y sanitarios de las organizaciones sociales y comedores populares, que brindan asistencia a miles y miles de trabajadores y desocupados.

Se trata de una política criminal que abandona a miles de familias obreras y trabajadoras a los niveles más bajos de subsistencia en medio de una situación que ha cerrado toda vía de ingresos para los desocupados, trabajadores informales, changarines, vendedores callejeros ambulantes, feriantes y otros tantos oficios que componen la salida económica de estos sectores.

Gray fue uno de los asistentes a la reunión nacional que dio lugar a la conformación de un Comité de Emergencia y donde se resolvió el destino de algunos recursos para el sostén de políticas alimentarias y el suministro de elementos de higiene para las barriadas populares. Sin embargo, al día de la fecha no hemos sabido nada de esos recursos, ni de los que debería implementar el municipio en medio de esta pandemia. Más bien ocurre todo lo contrario, los funcionarios del Área de Políticas Alimentarias parecen estar borrados y no atienden los reclamos urgentes de los vecinos que padecen una situación calamitosa.

Ante el afluente de cientos de reclamos de vecinos y desocupados, los funcionarios derivan todos los llamados al CAV (Centro de Atención al Vecino), donde las líneas se encuentran colapsadas y nadie atiende los teléfonos. Las pocas personas que han logrado acceder a algún tipo de refuerzo alimentario solo han recibido la mísera suma de 10 productos, como para sobrevivir al menos dos días y luego de exponerse a extensas colas de 2 o 3 cuadras frente al depósito municipal.

Ante la denuncia de los compañeros desocupados del Polo Obrero de las condiciones en las que se vive la cuarentena en los barrios pobres y la demanda de alimentos y productos sanitarios, el Ejecutivo municipal soltó sendas amenazas sobre los comedores que sostienen los compañeros. Es el caso del comedor “Los Grillitos”, ubicado en el barrio La Paz, al cual amenazaron con “inspecciones” en medio del aislamiento obligatorio; es decir que el municipio no destina recursos para alimentar a los vecinos necesitados, pero si para auditarlos y extorsionarlos, en medio de tamaña crisis.

Como los reclamos siguieron manifestándose por vía de mensajes, los funcionarios siguieron respondiendo de una línea inflexible, con informes adulterados. Uno de ellos llegó a responderle a un desocupado que este mes percibiría unos $20.000 en concepto de distintos beneficios sociales (AUH, bono, IFE y Alimentar); el compañero, abrumado, tuvo que contestarle a duras penas esperaba recibir solamente el IFE ($10.000 de emergencia), si es que logra pasar los filtros y con eso sobrevivir a la cuarentena.

Juegan con el hambre

La contracara de esta política de hambre para los barrios es que el municipio, por medio de sus punteros, ofrece $9.500 por mes para la adaptación de instalaciones sanitarias ante la pandemia, para albergar allí a los casos de contagio que se vayan produciendo en la zona. Pero estas tareas se realizan sin ninguna medida de seguridad e higiene, completamente en negro, y exponiendo a los propios trabajadores a un eventual contagio.

Se trata de una irresponsabilidad mayúscula. Cuando los desocupados reclaman por medidas de emergencia se los convoca a actuar “solidariamente”, a quienes no tienen nada, y se niega la asistencia más elemental. La única opción que ofrece el municipio es arriesgar la salud y la vida por una suma de miseria. La opción para los vecinos de Echeverría es el hambre o el virus. Solo familias muy necesitadas podrían dejar su salud en manos de un Ejecutivo municipal de estas características.

El Polo Obrero se encuentra desarrollando un empadronamiento masivo para dar respuesta a estas gravosas circunstancias. La pandemia y la cuarentena podrán restringir las acciones colectivas de los desocupados y las familias obreras, pero lejos están de bloquear la organización de quienes no tienen nada. Los desocupados siempre han destacado por su creatividad para manifestar sus reivindicaciones y esta no es la excepción.

Multipliquemos el empadronamiento en todas las barriadas obreras y populares, y organicemos una fuerte red de vecinos y vecinas, para arrancarle al gobierno una respuesta inmediata: alimentos para los comedores populares y familias del distrito; elementos sanitarios para combatir el coronavirus; el cobro de todos los inscriptos al IFE; acceso a la salud para todos los trabajadores y desocupados; por un seguro económico de $30.000; condiciones laborales bajo convenio y medidas sanitarias para las labores municipales; no al despliegue militar y al amedrentamiento en los barrios. Reclamamos el control obrero y popular para erradicar esta pandemia.