El ministro Zabaleta pretende mantener de rehenes a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo

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En una reciente resolución de la cartera a su cargo, “Juanchi” Zabaleta puso blanco sobre negro las aspiraciones más reclamadas por los intendentes y las organizaciones cooptadas por el gobierno nacional.

La resolución del Ministerio de Desarrollo Social que se conoció a fines de diciembre dice textualmente: “Si sos titular del programa Potenciar Trabajo y querés pedir el cambio de una Unidad de Gestión / Certificación (UG) a otra, podés hacerlo en cualquier momento del año, completando tu solicitud de traspaso”. Y agrega: “Antes de asignarte una nueva Unidad el Ministerio evaluará tu situación y validará tu pedido al inicio de cada mes. También facilitará lugares físicos donde podrás recibir asistencia, en caso de que no cuentes con conectividad” (de la página del ministerio de Desarrollo Social https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial).

Más claro echale agua. El ministerio le va a asignar y evaluará la situación de cada beneficiario que se quiera ir de una organización, y se arroga la potestad de determinar donde seguirá contraprestando. El cambio que introduce esta resolución en el mecanismo de pases, es total. Antes el compañero/a, harto de maltratos, manipulación y clientelismo, podía irse de la organización en la que estaba y elegía donde se iba. Un mecanismo claro y transparente que respetaba la voluntad de cada individuo. De esta forma se viene produciendo un huida en masa de las organizaciones oficialistas y los municipios hacia las organizaciones piqueteras combativas, que hasta donde sabemos supera los 20.000 compañeros.

Desocupación, planes sociales y clientelismo

Los programas sociales son un mecanismo que desde hace décadas han implementado los gobiernos ante el fracaso en generar empleo.

En general, en su etapa de declinación y crisis de sobreproducción, quiebras y crisis, el capital destruye mano de obra ocupada que pasa a integrar el enorme ejército de reserva, lo que le permite una presión adicional a la baja del salario. Pero la desocupación masiva es un problema para el que el capital no tiene respuesta, y así surgen los programas sociales, algunos como el Jefes y Jefas auspiciados y hasta financiados por el Banco Mundial, como la forma en que los gobiernos burgueses proponen un esquema de contención de esas masas a las que el capital ya no puede explotar.

El cuadro se agrava en un país semicolonial como la Argentina que, por su condición de tal, es saqueada en sus recursos naturales y vaciada por la fuga de divisas, con un endeudamiento fenomenal y un atraso económico endémico. La desocupación en el país es el resultado de décadas de esa política, que con sus diferencias llevaron adelante gobiernos capitalistas de las últimas décadas, y no de la baja capacitación laboral o la ausencia de “cultura del trabajo”.

En este cuadro surge el movimiento piquetero, que luchó siempre por trabajo genuino mediante un programa que planteaba en este punto el reparto de las horas de trabajo, es decir trabajar menos horas y trabajar todos, una tarea que solo podrá llevar adelante consecuentemente un gobierno de la clase obrera.

La respuesta de todos los gobiernos fueron los planes sociales y su distribución por parte de los intendentes y los consejos consultivos, un esquema de contención de organizaciones que tuvo relativo éxito incorporando sobre todo a la CCC y la FTV de D’Elia, dos de las grandes organizaciones de los inicios del movimiento de desocupados

El Polo Obrero propuso desde su primer congreso la reivindicación del reparto de las horas de trabajo, y siempre fue partidario de un seguro al desocupado para todo mayor de 18 años que sea equivalente al 82% de la canasta familiar, en la comprensión que la desocupación es responsabilidad de los gobiernos y la clase propietaria o capitalista y no de los desocupados.

Los programas sociales reclaman al desocupado una contraprestación o formación obligatoria, partiendo del concepto de que los desocupados o no tienen formación o no quieren trabajar, siendo que hay una enorme cantidad de ellos que tiene formación laboral, oficios y experiencia laboral. Muchos estaban trabajando hace pocos meses y que los datos oficiales de la desocupación muestran que mas del 60% de los desocupados tienen el secundario completo y hay un importante sector con estudios terciarios y universitarios.

El gobierno de Néstor Kirchner comenzó un proceso de contención que se desarrolló hasta hoy que impulsó el trabajo precario y los microemprendimientos, cuentapropismo asistido, como parte de esa precarización laboral.

La actual UTEP (ex CTEP) se constituyó durante el gobierno de Macri (Evita, CCC, SOMOS, FPDS, La Dignidad y otras organizaciones) no solo se adaptan a esta política sino que la tratan de embellecer con la especie de que sería una iniciativa popular la que impulsó lo que llaman “economía social”, serían los trabajadores que ante la desocupación se generaron sus propios empleos dice el Gringo Castro, falso: la política de microemprendimientos la armaron Néstor y Cristina luego de la crisis mundial de 2008/09.

La UTEP fue un triunvirato conocido por sus pactos con Macri y su ministra Carolina Stanley. Eso, al punto que en la actualidad en la interna del FdT sus enemigos internos le dicen al Movimiento Evita  “movimiento Carolina”, en referencia a la relación de los dirigidos por el Chino Navarro con la exministra. Esos pactos significaron la entrega de cientos de miles planes sociales a estas organizaciones para garantizar a cambio una paz social al macrismo.

La medida que hoy toma el gobierno viene precedida de otras que intentaron igualmente detener un dique que se ha roto. El año pasado el ministerio implementó un reempadronamiento que obligó a los beneficiarios a reinscribirse en el programa, donde se podía elegir la organización, con el objetivo de que los intendentes captasen trabajadores con planes para su utilización en tareas municipales, y de paso debilitar las organizaciones combativas con peso en los barrios.

A tal efecto y simultáneamente, muchos municipios le enviaban a los beneficiarios (mostrando un manejo de los padrones que en teoría solo tiene Desarrollo Social) una comunicación vía Whatsapp, que les proponía empadronarse en el municipio. Incluso se abrieron oficinas para ello, pero el resultado fue el opuesto al buscado: miles “se pasaron” de los municipios a las organizaciones independientes del gobierno y que ganamos las calles con los reclamos más sentidos del sector, aumento, apertura, aguinaldo, entre tantos otros.

Claramente se trata de una reacción a este proceso de lucha que encabeza la Unidad Piquetera y que es un canal en las calles y en los barrios de la lucha contra el ajuste y que cuestiona el manejo punteril, clientelar y despótico de intendentes y organizaciones oficialistas (algunas con un régimen de trabajo que nada tiene que envidiarle a una patronal) pero no es posible descartar que en las motivaciones de les compañeres que se pasan esté ausente la bronca popular con el gobierno.

Un gobierno que en el mismo proceso pierde millones de votos en las últimas elecciones y que tiene a la izquierda como receptora de parte de esos votos, especialmente provenientes de los barrios donde se concentran la desocupación y los programas sociales.

La medida del gobierno, que posa de transparencia, es todo lo contrario. Pretende bloquear la continuidad de ese proceso de ruptura con los punteros oficialistas y la política de hambre y ajuste del gobierno. El dique se ha roto y pretender detenerlo con una medida burocrática está condenado al fracaso. Los funcionarios, que además son integrantes de organizaciones o que reportan a los municipios y que están de los lados del mostrador, serían los que determinen donde continúa su trabajo el beneficiario, que seguramente no será a las que combatimos la política del gobierno.

Esta nueva norma pretende detener la diáspora de las organizaciones afines al gobierno, hacia las que luchamos contra él, ya que nadie se “pasa” a la nada. La libertad de elección del beneficiario queda así coartada y a merced del gobierno y sus punteros. El ministerio se arroga la potestad de determinar según su criterio el destino de trabajo del beneficiario: “Antes de asignarte una nueva Unidad el Ministerio evaluará tu situación y validará tu pedido”

Zabaleta actúa como una patronal que pretende determinar dónde y cómo realiza sus tareas un beneficiario. Pues bien, le redoblamos la apuesta: que entonces pase a la planta del Estado a trabajadores del Potenciar, les asigne las tareas y les pague según el convenio correspondiente. De otro modo estaría, como efectivamente ocurre, violando la Ley de Contratos de Trabajo mediante un fraude laboral, al mantener trabajadores no registrados…

La reforma laboral que ansían los capitalistas del mundo entero está presente también aquí, con el aval de la CGT, la CTA y la UTEP: trabajadores sin convenio, sin derechos y con salarios de indigencia.

Reclamamos trabajo genuino bajo convenio, pase a planta, seguro al desocupado con un ingreso equivalente a la canasta familiar básica para toda persona mayor de 18 años, apertura irrestricta (universalización) de los programas sociales, aumento de los mismos a la canasta básica, y la derogación de la resolución cepo, restrictiva y que limita la libertad de los beneficiarios de los programas sociales y los ata a las organizaciones oficialistas.

La Unidad Piquetera se reunirá en los próximos días para impulsar un plan de lucha que incorpora el reclamo de la derogación de esta resolución como parte de un programa de reivindicaciones.