La burocracia sindical de las CTAs y la CGT, junto a organizaciones sociales y políticas afines al gobierno, realizaron una movilización frente a los Tribunales de Justicia (CABA) el pasado miércoles 1° para apoyar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En medio del deterioro de los salarios e ingresos populares, la burocracia sindical y de las organizaciones sociales compra la agenda con la que el gobierno busca desviar la atención del ajuste contra los trabajadores.

La concentración frente a Tribunales contó con una modesta participación de los convocantes y con varios de los dirigentes de las centrales obreras, entre ellos, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), dirigentes de la CGT y referentes de la Utep, bajo el lema de “Basta de mafia judicial” y “Democratización del poder judicial”.

La acción fue en apoyo al show que han montado en el Congreso de la Nación, planteando el tratamiento del juicio político a la Corte luego del fallo de la coparticipación y la condena a Cristina Kirchner, a sabiendas de que no hay forma que reúnan los votos necesarios para que prospere, y con el cajoneo del tratamiento de la prórroga de la moratoria jubilatoria mediante.

Lo (no tan) llamativo es que la burocracia se “mueve” para apuntalar la agenda del gobierno pero deja pasar el ajuste sobre los salarios: la caída salarial frente a la inflación asciende al 24,9% en los últimos cinco años entre los trabajadores registrados y al 39,7% en los informales. Además, tampoco importa una crítica a la política antiobrera de la Corte, que también desnudaría el ajuste oficial.

La críticas de Hugo Yasky a “una cúpula judicial que fue cooptada por los poderosos de este país” se vuelven recíprocas respecto a la orientación de las cúpulas de las centrales obreras… cooptadas para hacer pasar el ajuste que beneficia a los mismos sectores.

A  la vez, los señalamientos de Godoy para que el Ejecutivo nacional actúe con premura respecto a la Corte, instando a una resolución por decreto, busca presionar al presidente en el afán de simular un atisbo de iniciativa, en medio de la interna en el oficialismo. Se trata de un reclamo a un gobierno que negocia el salario mínimo a la baja -con la complicidad y acuerdo de la burocracia- y que quiere deslindar los programas sociales para profundizar el ajuste.

La clase trabajadora no debe ser furgón de cola de la agenda y las pendencias patronales, más cuando estas sirven para hacer pasar el grueso de una política común contra los trabajadores, dictada por el FMI y el capital financiero.

Es justamente uno de los asuntos que discutirá el activismo obrero y piquetero el próximo 11 de febrero en el plenario abierto convocado por el Partido Obrero en el microestadio de Lanús, de cara a la campaña y las tareas del Frente de Izquierda Unidad para la etapa actual.