23/12/1999 | 651

La clase obrera del norte argentino comenzó una lucha gigantesca

Al escribir estas líneas, la ruta 34 en el km 1.426, frente a General Mosconi, aún se encuentra bloqueada. A lo largo de 1.000 metros, se encuentran, obstruyendo la ruta, tres piquetes que nuclean en forma permanente entre 800 y 1.000 trabajadores y que, cuando llega la noche, reúne entre 2.000 y 3.000 personas que vienen a acercar su solidaridad de Vespucio, Mosconi y Tartagal.


Los piquetes son ‘duros’ y verdaderamente combativos. Durante todo el día, arden centenares de gomas a escasos 50 metros de distancia de más de 500.000 litros de petróleo almacenados en los tanques de las refinerías y a pocos metros de la llave general de un gran gasoducto.


El lunes 13, los piqueteros se habían enfrentado con la policía local que trató de impedir el corte. La resistencia quebró la represión. La policía huyó como pudo, dejando incluso en manos de los piqueteros una gran cantidad de los elementos que pretendía utilizar para reprimir. Durante cuatro horas, tuvieron retenido a un comisario que quiso oficiar de ‘mediador’. Se lo colocó sobre un tanque cisterna de 25.000 litros de petróleo, que había sido incautado por los piqueteros, y sólo se lo largó cuando liberaron a un dirigente de ATE que había sido detenido con anterioridad.


El conflicto se estuvo gestando desde hace 30 días, cuando cesantearon a 162 municipales. Luego, al sumarse las suspensiones a los planes ‘Trabajar’ y los casi 5.000 desocupados del Departamento de San Martín, la situación se hizo insostenible. Los sectores de vanguardia de cada uno de estos agrupamientos impulsaron el corte. La represión policial ofició de disparador del conflicto y lo radicalizó al máximo. Los desocupados, los del plan ‘Trabajar’ y los municipales fueron eligiendo sus representantes en los piquetes donde se empezaron a tomar resoluciones y propuestas que empezaron a ser procesadas en asambleas generales del corte. Así nació el Petitorio de 9 puntos, que es el programa del conflicto. Es un programa clasista, con consignas que superan el mero reclamo de trabajo y reincorporación de los despedidos, pues incluyen hasta la lucha contra la privatización de la salud, la educación, el reparto de las horas de trabajo y el desprocesamiento de todos los luchadores populares.


 


El ‘97


El corte es diferente al del ‘97; no hay ‘multisectorial’, se ha prohibido la palabra a los partidos políticos, por asamblea, en repudio a los punteros del PJ y la Alianza que se habían acercado para intervenir. También se prohibió, por asamblea, la intervención a la Iglesia, lo que no es poco.


El conflicto desmiente una tesis muy en boga de que los ‘santiagueñazos’ y los cortes de ruta son pura ‘espuma’ que siempre acaban en el apoyo electoral a los gobiernos provinciales o nacionales, invariablemente. En Tartagal, se desarrolla una clara delimitación política; los reportajes dan cuenta de cómo los obreros petroleros han procesado y asimilado sus luchas. Su programa se aleja cada vez más del pedido de dádivas y se exige imponer compulsivamente a las empresas privadas puestos de trabajo.


La comisión que vino a Buenos Aires a entrevistarse con funcionarios del gobierno fue un manijazo de ATE provincial y nacional, pues en la asamblea general se votó en contra de concurrir a Buenos Aires y se exigió que el gobierno bajara a Mosconi o a Tartagal. Solamente después de horas de reclamos por radio, por parte de Teo Peralta, dirigente nacional de ATE, se logró a las cinco de la mañana que los piqueteros dieran consentimiento a la comisión. Mientras Teo Peralta reivindicaba frente al gobierno las bondades de la gestión de ATE, porque estaba garantizando el diálogo, la Gendarmería reprimía brutalmente a los trabajadores correntinos en el puente.


 


Romero prepara la represión


La dirección del conflicto está en manos de los piqueteros. Tiene más peso en el corte y menos ilusiones en las promesas vacías. La vuelta de la comisión de Buenos Aires arrojó la ratificación del corte por parte de una asamblea masiva, el domingo al mediodía, pues no había nada concreto. Las multinacionales no quieren tomar personal. Los planes ‘Trabajar’ necesitan ser consensuados entre la provincia y el municipio. La línea del gobernador Romero es de rechazo al diálogo y de aislar el conflicto, para producir su derrota física mediante la represión. La situación de Tartagal es la misma que en Embarcación, donde han dado licencia anticipada a los municipales como paso previo a centenares de despidos; lo mismo pasa en Güemes, Cafayate y la mayoría de las comunas. En Ledesma, Jujuy, un inmenso asentamiento de desocupados es el anticipo de una explosión provincial. En el orden municipal, el intendente Tito Angel ni siquiera pudo asumir; es repudiado por la gente frente al ajustazo; hay trenzas internas en el PJ que reclaman su destitución y lo mismo busca la Alianza. La policía se ha recluido en la comisaría, donde atiende a la gente como en una farmacia de turno, ‘por la reja’.


El desenlace del conflicto puede ser violento, porque el papel permanente de ATE de bombearlo obstaculiza la posibilidad de una huelga general en la provincia, que provocaría la capitulación del gobernador Romero. Se está procesando en Tartagal una enorme experiencia política; no hay duda de que hay una situación excepcional. Pasadas las elecciones, ha quedado al rojo vivo la realidad de la crisis y la incapacidad de los gobiernos capitalistas.

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