La lucha obliga al gobierno a reforzar la asistencia social

Quedan por aplicar $72 mil millones de “presupuesto social” en diciembre, insuficientes para revertir los estragos del ajuste contra los trabajadores.

El gobierno nacional tuvo que reforzar durante todo el año el precario esquema de asistencia social estatal, llevando gastados unos $400 mil millones y con $72 mil millones “reservados” para diciembre. Con un récord de más 5.800 protestas en el años, Alberto Fernández busca descomprimir una olla social, presionada por el ajuste, la inflación y el hambre en los sectores trabajadores y pobres.

El gobierno ha duplicado el presupuesto original en materia de asistencia social, debido principalmente al crecimiento de las protestas, con el movimiento piquetero combativo a la cabeza, empujado por el deterioro de los ingresos de los y las trabajadoras precarizadas y desocupadas, y el crecimiento de la pobreza de la mano del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Creció la asistencia, pero más creció el hambre

El total de $472 mil millones (re)presupuestado solo corresponde a los programas “estrella” del gobierno: Potenciar Trabajo ($226 mil millones) y Políticas Alimentarias ($246 mil millones), que su casi totalidad se utiliza para la Tarjeta Alimentar. Estos representan el 90% de los fondos destinados a la asistencia social.

El gobierno nacional reforzó la cartera que dirige Juan Zabaleta (Desarrollo Social) a fines de noviembre, con la inyección de $115 mil millones: $100 mil millones solo en estas dos áreas. El propósito es apuntalar la contención del gobierno en la previa de las fiestas y bajo un escenario sacudido por el crecimiento de la carestía, las negociaciones turbulentas con el FMI y la movilización de los piqueteros independientes.

Además, el gobierno busca reafirmar su vínculo con las organizaciones sociales oficialistas, para que estas calmen las aguas y eviten la fuga y rupturas por izquierda, ante un cuadro que los deja pintados frente al avance del plan de ajuste oficial, digitado por el FMI y la anulación de su “agenda progresista”.

El Proyecto de Presupuesto 2022 que Guzmán fue a defender al Congreso de la Nación trae implícito el recorte de las partidas sociales mencionadas, pasando de $472 mil millones a $503 mil millones, un 6,5% más que el presupuesto que apenas sirve para paliar parcialmente las necesidades elementales.

Cabe recordar que aunque el gobierno aumentó las partidas durante el 2021, también se amplió la base de destinatarios conforme crecieron las necesidades populares en medio de la crisis, los despidos y la desocupación. Esto implicó una pérdida per cápita de recursos, una socialización de la miseria. La Tarjeta Alimentar, por ejemplo, llegaría a 2,7 millones de personas el año próximo. Su ampliación, durante todo este periodo, ha sido a costa de diluir los recursos, sin asignar las partidas correspondientes, perdiendo poder adquisitivo contra la inflación (50%), en mayor o menor medida, dependiendo si se trata de uno, dos o tres hijos.

La lucha no cesa

Lo interesante es que a pesar de estos desembolsos lo que no ha cesado es la lucha piquetera y obrera. O, para ponerlo en términos correctos, estos “desembolsos” son resultado, justamente, de la acción directa de un movimiento piquetero combativo y en desarrollo. Cosa que un titular del Clarín impreso (13/12) no ha “sabido” precisar.

Solo en el mes de noviembre se contabilizaron 723 cortes por movilizaciones, según la consultora Diagnóstico Político, y en lo que va del 2021 ya van 5.851 cortes contra 3.981 para el mismo periodo del 2020. El crecimiento de la lucha estuvo impulsado, fundamentalmente, por la respuesta a las consecuencias del ajuste en marcha y contra el paquete de medidas antiobreras que el gobierno prepara de la mano del FMI. Allí se inscribe la importante movilización piquetera de fines de noviembre y la reciente Plaza de Mayo contra el FMI, el pasado sábado 11.

El refuerzo de alimentos y productos navideños para fin de años es solo de temporada, el gobierno repasa todos los días su política de ajuste del gasto social para garantizar una cuerdo con el FMI. Además expresa el quebranto de una economía que expulsa de miles de trabajadores a la desocupación, y de un Estado que solo ofrece alimentos acotados en número y calidad. Se calcula que menos del 2% de los beneficiarios de los planes sociales lograron obtener un empleo formal, en lo que va del año.

El camino para salir de este esquema de miseria del Estado es el adoptado por las organizaciones piqueteras combativas, particularmente la Unidad Piquetera que integra el Polo Obrero, quienes reclaman el rechazo al pacto con el FMI, el no pago de la deuda externa y la creación de un millón de puestos de trabajo en la obra pública y la vivienda. Junto al seguro universal al desocupado, que cubra la canasta básica.

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