La quiebra de una conspiración antipiquetera

Pero los conspiradores están libres

La Cámara de Apelaciones de Salta anuló la declaración, arrancada bajo tortura, de Edgar Cabrera, un piquetero discapacitado mental que fue detenido en junio 2001, durante la represión ordenada por el juez Abel Cornejo en la que fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. Cabrera fue acusado de francotirador y, según testimonios, torturado por efectivos de la Gendarmería. La falsa declaración fue utilizada para acusar a piqueteros de portación de armas y sedición.


Se ha caído de este modo la principal acusación contra el movimiento piquetero del norte, cuyos dirigentes fueron acusados y encarcelados en ese momento por el gobierno de Romero (PJ) y la Alianza. El juez había ordenado a la Gendarmería recuperar la ruta nacional 34, ocupada por piquetes, en base a la denuncia de Refinor. La "historia oficial" habló de una reacción armada de los manifestantes y de una organización de francotiradores.


La Cámara de Apelaciones apoyó la caza de los piqueteros en el norte de Salta, pero no ha podido sostener la acusación.


El expediente ya había demostrado que la provocación contra los piqueteros fue armada, de cabo a rabo, por Refinor-Pérez Companc. Un oficial de Gendarmería reveló que la empresa había suspendido el aprovisionamiento de combustible, incluido el traslado a Bolivia, echándole la culpa a los piqueteros, y que había instalado un piquete en la ruta con camiones contratados por ella misma. Todo, reveló el oficial, "tendiente a crear (una) situación catastrófica o fuera de control a fin de determinar la utilización de la fuerza" (expediente, página 673).


Pero la persecución contra el movimiento piquetero sigue. A los nueve piqueteros liberados recientemente en el norte de Salta, se les sigue un proceso por incendio de las instalaciones de las petroleras y han sido intimados a no actuar en las organizaciones de las que son parte. En tanto, a pesar de todas estas revelaciones de torturas y conspiración, el gobernador Romero, las autoridades de Pérez Companc, el juez Cornejo, todos los responsables de la caza de piqueteros del 2001, siguen en sus respectivas funciones.