“Tememos que el Puerto sea un negocio inmobiliario”. La frase no pertenece a ningún dirigente vecinal de la zona de Retiro, sino al presidente de la Cámara de Importadores Argentinos (BAE, 13/8/01). La acusación, compartida por otros representantes empresarios del área de comercio exterior, fue lanzada contra el Gobierno de la Ciudad, y retrata la dura lucha desatada por el control del Puerto entre distintos grupos capitalistas.

A comienzos de los ‘90, con la “desregulación y descentralización” del sistema de puertos, comenzó su entrega a un conjunto de monopolios privados. Al disponer la formación de “corporaciones mixtas” para administrar los puertos, los Duhalde y Reutemann se convirtieron en socios menores de estas privatizaciones.

En el Puerto de Buenos Aires, las instalaciones obsoletas fueron cedidas al negocio inm obiliario (Puerto Madero), mientras que en el llamado Puerto Nuevo las terminales fueron entregadas a los pulpos mundiales, como las inglesas P&O Ports y National Grid, la Murchinson y, más recientemente, la china Hutchinson. Dejó un tendal de despidos para los trabajadores y el desconocimiento de sus conquistas laborales históricas.

La transferencia a la Ciudad

Desde que asumió el año pasado, el gobierno reclama la “transferencia del Puerto a la órbita de la Ciudad” y la formación inmediata de una Sociedad Administradora del Puerto, con participación de los operadores privados. El Puerto dejó el año pasado “una ganancia de 10,7 millones de pesos…”. Para los frepasistas, el Puerto debe servir para crear un “espacio productivo-patrimonial-turístico-cultural, bien articulado con la ciudad y sus áreas centrales” (Eduardo Hecker, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, La Nación, 22/5). Aluden así al proyecto “Retiro-Puerto”, que coloca a las 400 hectáreas de esa zona al servicio de un plan de hoteles y corredores turísticos. El Puerto no está exento de este proyecto, porque se levantaría un centro de negocios dentro de sus instalaciones y “una terminal de cruceros de lujo, además de oficinas de uso comercial y centros de entretenimientos en la Dársena Norte ” (El Cronista, 4/10). El lobby de los armadores y terminales, mientras pone el grito en el cielo por “el negocio inmobiliario que ostentaría el proyecto Retiro” (Ambito, 16/89), reclama que el superávit del Puerto sea destinado a ampliar la infraestructura portuaria.

Los “progres” porteños aparecen como los gestores de un puñado de intereses turísticos e inmobiliarios.

Quiénes pagan la crisis

El telón de fondo de esta lucha es la crisis capitalista.

Ocurre que después de haber cuadruplicado su nivel de operaciones en la época de Menem-Cavallo, “el mercado de servicios de manipulaciones de carga está estancado”, y ya existe “una capacidad suficiente para atender sin mayores problemas un incremento de hasta el 50% del volumen total movilizado” (La Nación, 4/9). El “exceso de operadores en un mismo puerto ocasionó pérdidas millonarias” ( La Nación, 26/12/00). Por ese motivo, las “inversiones” portuarias anunciadas recientemente no pasan de “la adquisición de la concesionaria del muelle 3 por parte de TRP, operadora de los muelles 1 y 2 (y pertenecientes al pulpo in glés P&O)” (ídem). En medio de una sobrecapacidad manifiesta, la “eficiencia” portuaria avanzará en base a concentración, sobreprecios y despidos de trabajadores portuarios. Los operadores privados de los puertos porteños temen también que monopolios rivales se apoderen del Puerto de Montevideo (inminente privatización). Por eso reclaman que los ingresos fiscales que genera el Puerto se destinen a subsidiar las obras de dragado y mantenimiento.

Pero tampoco es mejor la perspectiva del proyecto “Retiro-Puerto” que fogonea Ibarra, con el apoyo de Soros y Exxel. Con las ventas de Puerto Madero paralizadas, con una capacidad ociosa de la “gran hotelería” en la ciudad que ronda el 50%, los fondos inmobiliarios no han dado un solo paso adelante para extenderse en esa zona. Pero todos coinciden en el objetivo de expulsar a los habitantes de la Villa 31. En una nota periodística reciente, se menciona que el del año 2000, “se realizó para poder incorporar la zona al Proyecto Retiro” (La Nación, 30/9). Con el mismo propósito, los frepasistas han reflotado en la Legislatura un proyecto que crea un “fondo” destinado a “trasladar” a los vecinos fuera de Retiro.

Mientras 15.000 familias claman por una urbanización con viviendas para todos, calles, cloacas y aguas potables, los recursos del Estado van a parar a monopolios portuarios e inmobiliarios ociosos y en crisis, que no piensan invertir un mango en los próximos años. La única integración posible de la ciudad y el Puerto debe estar en manos de los trabajadores, renacionalizando el Puerto y colocando sus recursos al servicio de un plan de urbanización e infraestructura de transporte que sirva a los explotados que viven, trabajan y circulan en la zona.