El 11 de septiembre, en Malvinas Argentinas, cerca de 200 matones con cadenas palos y piedras atacaron una movilización de vecinos, familiares de muertos por “gatillo de matones” y trabajadores, organizada por el Polo Obrero. ¡Doscientos matones frente a una movilización de cincuenta, cuyo propósito era entregar un petitorio con los reclamos de los “barrios olvidados” de Malvinas Argentinas!

El “gobierno fuerte” de Malvinas Argentinas no soporta… un simple reclamo de vecinos.

Agua, salud… represión

Recibir el petitorio de la movilización obligaría al intendente a responderle a la población del barrio San José, que participó de ella, porque no hay provisión de agua potable frente a la contaminación del arroyo Darregueyra, donde pululan las ratas, la materia fecal y la contaminación industrial de las napas, y entra a todas las casas con las inundaciones.

Le obligaría aclarar en qué consiste el nuevo saneamiento anunciado de este arroyo, que, una vez más, no tiene plazos y no irá más allá de una lavada de cara, porque este gobierno no va a enfrentar a los pulpos que tiran los desechos impunemente.

Le obligaría a contestar por la reapertura del Hospital Ramón Carrillo, en defensa de la salud pública y gratuita.

O a recibir a las familias de víctimas de “misteriosos” grupos que matan a jóvenes y parecen estar protegidos por algún poder.

La basura

Malvinas Argentinas es un municipio privatizado. La recolección de basura, que se lleva la porción más importante del presupuesto, está a cargo de Ecociudad, que ha “ganado” todas las licitaciones durante los trece años de la gestión Cariglino. Quienes aparecen como propietarios son dos personas llamadas Córdoba y Leis. En su momento, en la causa contra el intendente Cariglino y su secretario de gobierno, Harari, entre otros, por “asociación ilícita, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública”, la investigación desenmascaró “un complejo entramado de empresas”, que para el fiscal Hernán Ledesma, titular de la UFI Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, dejó en evidencia “un grupo económico único, en el que las caras visibles, con Córdoba y Leis, pero en el que también tienen fuertes intereses Cariglino y Harari.

Un grupo formado por los empresarios antes nombrados por Cariglino, Harari y ‘sus parientes o allegados que sirven de prestanombres’. Empresas que operan casi con exclusividad con el municipio, imponiéndose sospechosamente en casi todas las licitaciones”. Las empresas derivadas de este “tronco común” eran Phonictel, Emprendimientos Inmobiliarios Integrales, GBA Servicios y Construcciones, Los Platanos, El Malvinense, Elneco, Movimpro, Unión para el Deporte y la mencionada Ecociudad. “Las relaciones mencionadas -para el fiscal- sobrepasaban cualquier intento de pensar en simples coincidencias o en negociaciones ajenas al municipio” (http://tiempodetortuguitas.com.ar). Bajo la gestión Solá-Kirchner, la causa fue desviada a un fiscal de Quilmes, que “sólo escuchó a testigos propuestos por el intendente” en un aparente cambio de favores, “porque el Poder Ejecutivo consideraba enviar al Senado el pliego para que ascendiera a juez, cosa que ocurrió poco después” (La Nación, 25/6/04).

Jesús Cariglino forma parte del círculo íntimo del matrimonio K en el conurbano.

Dan la pelea

El Partido Obrero y el Polo Obrero llaman a organizar una movilización aún más sólida para presentar el petitorio que el gobierno no quiere recibir; a organizar asambleas populares en los barrios que traten el petitorio y pongan fecha a una nueva marcha a la Intendencia; a sumar a los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones ambientalistas; a repudiar la patota y multiplicar por cien y por mil el reclamo de agua potable, salud gratuita y reapertura de hospitales del Estado de todas las especialidades, mantenimiento de las escuelas y de los comedores escolares; a conquistar, de este modo, el primero de los derechos: el derecho a pensar, disentir y reclamar.