a) El gobierno contrató a una agencia extranjera (SIA), vinculada al Mosad, para realizar tareas de seguridad. Algunos medios denunciaron que es una agencia especializada en tareas de espionaje.

b) El gobierno ha reforzado con centenares de nuevos efectivos y equipamiento el aparato policial.

c) Ha puesto en funcionamiento los primeros 1.000 vigías ciudadanos de un plan de 10.000. Son desocupados que cobran el plan Jefes y que serán integrados al sistema policial provincial. Se triplica el enorme aparato de espías y buchones. Ya hay denuncias de espionaje contra estos vigías.

La política de seguridad del gobierno de Alperovich encubre las mafias de la droga, la prostitución, el juego, etc. Para ejecutar la represión contra la luchas sociales y las organizaciones opositoras, Alperovich tiene a la cabeza del Ministerio de Seguridad Ciudadana a un ex militar y ex legislador bussista, Pablo Baillo. Lo blanquea, como secretario de Seguridad, un ex legislador de Pueblo Unido, que ahora justifica las denuncias contra los cortes de ruta y la represión a las manifestaciones. Existe la prohibición de pintar consignas contrarias al gobierno. El Partido Humanista tuvo plena libertad para pegatinar a favor de Silo y Patria Libre a favor de San Martín, pero los piquetes del Partido Obrero fueron detenidos decenas de veces en la última pegatina contra el tarifazo.

Diversos partidos y sindicatos han denunciado acciones de espionaje, amenazas y hostigamiento policial. Varios miembros del Polo Obrero han sufrido en el último tiempo detenciones callejeras, citaciones judiciales y apremios en las comisarías. Otro tanto ha ocurrido con militantes de otras organizaciones. En diversas localidades se han denunciado casos de gatillo fácil y de muerte de detenidos por torturas.

Con el gobierno kirchnerista de Alperovich, Tucumán se va pareciendo cada vez más al Santiago de los Juárez. El Poder Judicial convalida todos estos atropellos.