El diario La Nación del 8 de enero informa que una de las primeras medidas del gobierno nacional dirigida a los desocupados con programas sociales será impulsar la precarización laboral, a la que llama “empalme”: “el gobierno nacional avanza contrarreloj en la implementación de convenios para que los titulares de programas sociales trabajen en la refacción de escuelas públicas durante el receso de verano. En la práctica será una prueba piloto de un ´empalme´ con una fuente laboral para quienes integran los programas Hacemos Futuro y las personas que reciben un salario social complementario del Estado, un universo de más de 500.000 personas”.

Como el Ministerio habla de convenio se debe concluir que estos serían entre las “cooperativas” y las provincias (ya que de estas dependen las escuelas), es decir, están dirigidos a las cooperativas ya constituidas que mayoritariamente son las del triunvirato de San Cayetano, con lo cual los primeros beneficiarios de los “convenios” son los hoy funcionarios del gobierno de Fernández-Arroyo y sus organizaciones: CTEP de Emilio Pérsico (secretario de la Economía Social), Barrios Somos de Menéndez (subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local).

La nota de La Nación dice que “El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá pagarles un plus mensual a los beneficiarios de los planes sociales por los trabajos de infraestructura que realicen”, pero no aclara de cuánto. El ingreso mensual que reciben los beneficiarios de los planes es de $ 8.500, pero el salario de los trabajadores no podría ser menor al salario mínimo, hoy en poco más de $16.000. Esto no es lo que sugiere el término “plus”, ni tampoco lo que vienen cobrando los compañeros que ya realizan esa tarea en la vía pública y que no supera los 6.000 pesos.

De todas formas si el plus más el plan alcanzara los $ 16.000 estaríamos hablando de ¡un salario inferior al de indigencia!

Ni hablar de que estos trabajos que realizarán los compañeros están fuera de todos los convenios correspondientes a las conquistas históricas de la clase obrera, ya que dentro de las “cooperativas” están encuadrados en la categoría de socios aunque sin embargo funcionan como una Pyme de hecho, pero que no tiene ni las cargas sociales ni los beneficios conquistados por la clase obrera.

Acá no hay nada nuevo bajo el sol. Como ya ocurrió durante el último gobierno kirchnerista, con esta medida se restablece la política de precarización laboral y sustitución de trabajadores bajo convenio por precarizados. El modelo es el de Pedraza: cooperativas de “trabajo” que maneja el sindicato, pero con un agravante: aquí los actores se repiten en todos los lados del mostrador.

En los “tres” lados del mostrador

Con este primer acuerdo se establece desde el propio Estado la violación de la ley laboral y de los convenios colectivos.

La iniciativa es posible por el grado de sometimiento y el rol de contención que jugaron las organizaciones sociales del llamado triunvirato de San Cayetano durante el gobierno de Macri; ahora desde el manejo del propio Estado profundizarán la precarización laboral que se realiza mediante una masa cautiva que depende del plan social, que maneja la organización que ahora controla el Ministerio: mediante las altas y bajas de los programas “Hacemos futuro” y “salario social complementario” tiene un instrumento disciplinador ya que la mayoría de estos programas son manejados por los hoy funcionarios de Desarrollo Social que provienen de las organizaciones a las que está dirigida la medida.

Tenemos, entonces, que a los dos lados del mostrador estarían los mismos actores, con lo cual los trabajadores de las cooperativas son rehenes de esta forma de trabajo precario y no tienen la libertad de organización sindical ya que además los mismos actores, el triunvirato, están armando un sindicato. En síntesis, serian funcionarios, “empresarios” y “sindicato”. En los “3” lados del mostrador está el triunvirato de San Cayetano, todo esto a costa de los trabajadores y contra sus derechos laborales y sindicales.

Una estafa a la necesidad de obras públicas en las destruidas escuelas de la provincia

El primer convenio se firmó con el gobernador Kicillof: “Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron ayer con sus pares bonaerenses de la provincia de Buenos Aires y con la dirección general de Cultura y Educación bonaerense para avanzar en el convenio, que podría alcanzar, en esta primera etapa, a unas 300 escuelas, solo hasta marzo” (La Nación, 8/1). Su primer objetivo es "ejecutar acciones tendientes a restablecer la seguridad y las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de los edificios escolares".

Como las tareas que se acordaron con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires serán de bajo costo y obras menores o de limpieza acondicionamiento y mantenimiento, los gobiernos provinciales, como el de Kicillof, se prenden en la jugada demagógica para hacer como que afrontan el desastre de infraestructura de la escuela pública mediante una lavada de cara, una mano de pintura o a lo sumo la construcción de alguna vereda.

Tanto el estado nacional como los provinciales se ahorran los gastos del pago de cargas sociales y la diferencia entre los salarios bajo convenio y los de los planes más “un plus”.

El trabajo genuino, y para todos los que estén en condiciones de trabajar, no puede venir de ningún “empalme” entre los planes sociales (apenas 500.000 personas contra una desocupación de 2 dígitos) en un cuadro de recesión que continua y que no tiene otro objetivo que someter el presupuesto estatal al pago de la deuda externa.

Los desocupados con planes sociales y sin ellos, junto a los trabajadores ocupados, debemos darnos una política independiente y de lucha por trabajo genuino, reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, seguro al desocupado sin contraprestación para todo desocupado mayor de 18 años.

El Polo Obrero se coloca en ese terreno y llama a impulsar la más amplia unidad, contra un nuevo ajuste y para que la crisis la paguen los capitalistas.