La meneada “prioridad social” del Presidente y su primera dama ha resultado un decretazo contra las organizaciones piqueteras y contra el otorgamiento de un subsidio a todo desocupado.

Ante todo es restringido a “jefes de hogar con hijos de hasta 18 años” con certificado de estudio y de vacunación, “todos ellos desocupados” (Arts. 2° y 3°). Es decir que los vértices de la desocupación que comprenden a la juventud obrera y a los compañeros mayores de 45 años quedan excluidos, y a la inversa, quedaría también excluida toda familia en la que un hijo trabaje en un súper por 250 ó 300 pesos y sus padres, sostenes fundamentales, estén desocupados.

Otro violento retroceso respecto de viejos “planes Trabajar” es que son por tres meses. A pesar de ser “renovables”, el cortísimo plazo apenas esconde la intención de “rotar” la ayuda y crear la sensación falsa de que en un año se “asistió” a muchas más familias de las que en realidad son. El sistema trimestral, además, provee un arma rápida a la mafia punteril para reasignar en función de sus necesidades políticas y también un arma para mejor someter a las condiciones de apoyo político y “paz social” (léase abstención de piquetes, cacerolazos y otras yerbas) de las familias involucradas.

El Art. 5° establece que el programa se atenderá con los créditos asignados en el presupuesto “en etapas progresivas de acuerdo a los fondos disponibles”. El famoso millón de puestos se desvaloriza más rápido que el peso frente al dólar. De los 2.400 millones de Rodríguez Saá pasamos a una segunda mentira de 1.500. Ahora aterrizamos en la tercera mentira de 1.000 millones de pesos. Esto, ejecutado en una totalidad, abarcaría a 413.000 personas, muy lejos del millón, que si son otorgados de acuerdo a disponibilidad pueden no llegar jamás a esa cifra.

Pero, además, el decreto, al igual que los convenios de Rodríguez Saá, en su Art. 9° establece que los subsidios “oscilarán entre los 100 y los 200 pesos”. Todos sabemos cuál será la tendencia. Subsidios de 100 pesos en el cuadro de una inflación descontrolada que ya arrancó y se profundizará con la flotación libre del dólar que se pactó con los yanquis, harán de estos subsidios una miseria espantosa. La bomba de la que habló Duhalde, ya la hizo estallar éste contra los salarios y los desocupados.

El remate que ha desencadenado la lucha piquetera en todo el país es la instrumentación política del programa en su Art. 4° “a través de cada provincia”, “por medio de los municipios”, “monitoreados por los Consejos Consultivos integrados por trabajadores, empresarios y organizaciones sociales y confesionales”.

¿Qué tienen que hacer los empresarios, cuya presunta función es colocar su capital para abrir fábricas y fuentes de trabajo? Es la enésima mentira de Duhalde, que dijo no querer que el desocupado compita con el ocupado, para lo cual otorgaría un subsidio para “formación”. Se transformó en subsidio para planes “ponderables” en los cuales no están excluidos los capitalistas que buscan mano de obra gratis a cargo del Estado, y por supuesto, la Iglesia, garante de la concertación de Duhalde y de los punteros del PJ, y de toda la alianza patronal que sostiene al gobierno.

Los cortes de ruta desatados en el norte de Salta, en Chaco, en Mar del Plata y en todo el país, las marchas multitudinarias y los cortes a los accesos de Repsol tienen que ser el paso a un plan de lucha conjunto para acabar con este adamiaje antipiquetero que ya empezamos a quebrar mediante cortes de rutas y conquistas parciales directas de las organizaciones en Jujuy, Córdoba, Cipolletti y otras localidades.

Control de los puestos por las organizaciones de lucha. Subsidio de 500 pesos. Reparto de las horas de trabajo. Por el otorgamiento de 50.000 puestos genuinos en Repsol y todas las privatizadas. Por la reapertura, estatización y puesta en funcionamiento bajo control obrero de todas las fábricas cerradas en los cuatro años de recesión. Plan de lucha y Asambleas Populares en todo el país.