Una vez más, el país asiste a la acción de acoso, denegación de derechos y violación de la privacidad por parte del Estado de una niña pobre que llegó al hospital público para acceder a su derecho a practicarse un aborto no punible, luego de que su padrastro la dejara embarazada como producto de las violaciones.

Hace más de un mes atrás, la madre concurrió a hacer la denuncia de la violación; sin embargo, no fue asesorada no sólo en función del acceso al derecho al aborto, sino que tampoco en función del cuidado más elemental de la salud que implica llevar a la víctima al hospital para que le coloquen retrovirales y otros medicamentos destinados a disminuir las posibilidades de quedar afectada por una enfermedad de transmisión sexual. Ni una ni otra.

Cuando finalmente la niña llegó al hospital público, médicos y funcionarios provinciales mal informaron a la madre sobre una falsa imposibilidad para realizar el aborto, la medicaron para retener el embarazo, de acuerdo a la información que proveyó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y la expusieron públicamente, como nunca ocurriría con ninguna de las hijas de los funcionarios que llevan adelante estos actos de violencia institucional.

“Esta vez el argumento obstaculizador fue disfrazado bajo la preocupación por el “riesgo para la vida” para la niña que implicaría la práctica. Pero ¿de qué manera es menos riesgoso obligar a una niña de 13 años de edad a continuar un embarazo frente a la realización de una interrupción legal y segura?, preguntan una docena de asociaciones de abogadas y especialistas en cuestiones de género que son, en la mayoría de los casos quienes ejercen las defensas ante los bloqueos al acceso al aborto legal. Ellas mismas desmenuzan los aspectos legales que fueron esgrimidos para negarse a la práctica, ninguno de ellos reales sino simples excusas para comulgar con el lobby vaticano y su ascendente poder sobre los representantes políticos del Estado. En la Argentina no existen límites (mientras haya inviabilidad de sobrevida fuera del útero materno) para la práctica de un aborto en ninguna de las legislaciones vigentes, y la Organización Mundial de la Salud dictamina un límite de 24 semanas aunque instruye en cómo practicar abortos con posterioridad a ese límite estimativo de inviabilidad del feto fuera del útero materno (ver especificaciones legales https://www.facebook.com/notes/cat%C3%B3licas-por-el-derecho-a-decidir-argentina/comunicado-de-prensa-niegan-el-aborto-legal-violan-el-secreto-profesional-amedre/655785301124701 )
El lunes 28 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación, sin el consentimiento de las mujeres involucradas, madre e hija, decidió ventilar una serie de datos privados de la niña por medio de la agencia de noticias oficial Télam de manera tal de frenar la presión de reclamo con un golpe de efecto seudoinformativo. Entre comentarios de la Presidenta sobre “crímenes pasionales” en cadena nacional y estos hechos, parece que en la semana el único que se dedicó a lucir públicamente su naturalización de la discriminación y destrato hacia la mujer no fue el inefable Macri.

El aborto se produjo finalmente gracias a la acción de mujeres de la Campaña Nacional. El comunicado, señala que “se hizo efectivo el derecho al Aborto No Punible que las mujeres tienen consagrado en el Código Penal de la Nación desde 1921 y que fue fortalecido por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2012, en el fallo “F.A.L s/Medida Autosatisfactiva”, respetando también los Protocolos de Atención y los pactos de Derechos Humanos.

No extraña este puente que los funcionarios le tienden al clero, ya que dicha línea viene consolidándose por parte del kirchnerismo luego de los cambios hechos a pedido de la iglesia en el proyecto de Código Civil. Ante esta violación no fue posible escuchar esta vez la voz de los funcionarios más ligados al círculo presidencial y camporista de la provincia de Buenos Aires. Todos acompañaron el atropello que contó con el aval del ministro de Salud Alejandro Collia.

La única voz que se pronunció en el parlamento fue la bancada del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires que, a iniciativa del Partido Obrero, solicitó un pedido de informes al ministro de Salud provincial que de no concretarse (fue aprobado justamente porque suelen volverse abstractas las respuestas que la cámara no exige a los funcionarios que se efectivicen) exigiremos que se produzca mediante la movilización común del movimiento de mujeres.

Vanina Biasi