La situación en los barrios de Tandil es desesperante. Ya antes de la pandemia, miles de trabajadores desocupades y precarizades carecían de los recursos necesarios para subsistir.

Un Informe que el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN elaboró en conjunto con la Cámara Empresaria de Tandil muestra que la tasa de desempleo en nuestra localidad es de 8,8% entre los varones y de 11,5% entre las mujeres, promediando un 10% en total. Entre los menores de 30 años la tasa crecía al 21,8%, más de uno cada cinco.

Esta realidad se agrava si la analizamos como parte de un plan de ataques en regla a las condiciones de vida de les trabajadores por parte de las patronales, que viene acrecentando día a día el número de desocupades. Ejemplos de ello son los obreros de la Metalúrgica Tandil y de Loimar, que enfrentaron y enfrentan despidos en masa. Se suman los cierres en ciudades vecinas de Fanazul en Azul y de Loma Negra en Barker.

Esta situación no se modifica en nada por el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que todavía no se cobró, para el cual se inscribieron 17.745 personas. Peor aún, las fechas para los reclamos de quienes fueron excluidos llegan hasta el 20 de mayo.

El responsable del Banco de Alimentos de la ciudad, Mario Bañiles, estimó que el porcentaje los pedidos de asistencia alimentaria aumentaron un el 30%, lo que implicaría que 2.000 familias más se acercaron a las distintas organizaciones con las cuales trabaja (El Eco, 20/4).

La respuesta de la intendencia de Miguel Lunghi es vergonzosa. Su secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, comentó semanas atrás a La Voz de Tandil  (21/03) que "hay gente que me dice que hace cuatro meses que no tiene trabajo. En este marco, esa no es una situación de emergencia, porque no le cambió por dos días de cuarentena. Hay gente que está sobreasistida (…) que vive de la asignación”. Y para rematar agregó que “voy a salir personalmente a decirle a cada uno, 'usted puede recibir, y a usted no le corresponde', por más que se enojen".

La limitada asistencia alimentaria fue utilizada por el gobierno para ingresar al Ejército en los barrios, con el fin de reforzar la presencia represiva en un cuadro de descontento popular. El accionar de las fuerzas de seguridad en la cuarentena acumuló denuncias por decenas de detenciones arbitrarias. El despliegue policial, por otra parte, nada colaboró a evitar el crecimiento de los femicidios y la violencia doméstica que sufren las mujeres.

En este cuadro, el Polo Obrero de Tandil lanza su campaña de empadronamiento masivo para organizar a las barriadas para pelear por todas las reivindicaciones: por la entrega de alimentos y elementos de limpieza e higiene; por el pago inmediato a todos los inscriptos del bono IFE, y por un seguro al desocupade de $30.000 mensuales; por la urbanización de los barrios para brindar cloacas, gas natural y agua de red, asfalto (elementales en medio de una crisis sanitaria), generando así puestos de trabajo en obra pública; contra los femicidios y la desidia estatal ante las denuncias de las