El diputado nacional Gerardo Milman, integrante de Juntos por en Cambio y del riñón de Patricia Bullrich, acaba de presentar un proyecto de ley que, prácticamente, plantea la ilegalización de las organizaciones piqueteras que realicen acciones de lucha y ejerzan su derecho a manifestarse. Un aporte para allanarle el camino al ajuste.

El proyecto se suma a otros, de similar tenor, presentados por las fuerzas derechistas y, con solo cuatro artículos, aparenta más una declaración programática de intenciones contra un movimiento de lucha que enfrenta las consecuencias del pacto con el FMI.

La iniciativa plantea la sanción de las organizaciones piquetera que, según los articulistas, cometan transgresiones contravencionales y legales en el curso de sus medidas de acción y/o movilizaciones, lo que implicaría una serie de medidas que van desde la supresión de la personería jurídica y/o social hasta la eliminación de los escasos subsidios y recursos (alimentos, programas de incentivo, etc.) provenientes del Estado. El proyecto parte de presuponer que el derecho a manifestarse implica un delito o hecho a calificar legalmente, algo que ya ha sido desacreditado en más de una ocasión.

En los fundamentos del proyecto se hace especial énfasis en el “reconocimiento” obtenido por las organizaciones sociales oficialistas, tanto en la composición de la Utep como en su integración directa al Estado, omitiéndose que son, justamente, estas organizaciones las que no se caracterizan por impulsar ningún plan de lucha ni medida de acción directa, sino todo lo contrario.

De tal manera, las represalias irían dirigidas contra el sector combativo, que sí se manifiesta en las calles, como lo es el caso de la Unidad Piquetera: un frente de lucha del movimiento de trabajadores desocupados y precarizados que enfrenta la política de ajuste del gobierno, el FMI y la oposición patronal.

Los firmantes del proyecto, incluso, invierten los términos de los procesos de lucha, al calificar que esas organizaciones piqueteras “obligan” a sus integrantes a manifestarse como “contraprestación” del plan social. La verdad es que las y los desocupados se ven obligados a movilizarse por el Estado, debido a la falta de trabajo genuino, para la conquista de alguna reivindicación inmediata (el programa social, entre ellas) para paliar el hambre y la miseria.

Este proyecto antiobrero también le otorga mayores prerrogativas y facultades a los gobernadores y a las fuerzas policiales, al poner en un plano de igualdad los delitos penales –el art. 194 del Código Penal, de uso predilecto para estos casos- con las condenas contravencionales, que surgen de los códigos provinciales y que le otorgan facultades discrecionales a los gobernadores y sus fuerzas represivas: justamente unos de los principales responsables del hambre y la miseria en las provincias.

Se trata de las mismas fuerzas políticas que exhiben una doble vara a la hora de calificar qué movilizaciones “violentan la legalidad” y cuáles son consideradas como una “expresión genuina de la democracia”. Es el caso del apoyo de estas fuerzas políticas a las manifestaciones de las patronales del campo, como ha ocurrido recientemente con el “tractorazo” a Plaza de Mayo.

Lejos de amilanarse, el movimiento piquetero sigue profundizando su plan de lucha, protagonizando distintas acciones este 26 de mayo y preparando una intervención a mayor escala, con un plenario nacional de trabajadores ocupados y desocupados, en la búsqueda de construir un paro nacional desde abajo.

Los proyectos de ilegalización de las organizaciones de los trabajadores, como este,  han sido siempre superados por la lucha de clases, en las calles, demostrado que lo que los gobiernos y los patrones no pueden suprimir con su acción directa, menos lo harán con el refuerzo de sus recursos legales y sus proyectos antiderechos.