24/01/2002 | 738

«Una situación de convulsion social en evolución»

Así definió el ministro de Gobierno, Guerrero, al reguero de luchas en toda la provincia. En la comuna de Los Ralos, se puso en funcionamiento una Asamblea Popular motorizada por sectores de desocupados, que ya han organizado cortes y olla popular y han marchado a San Miguel. En la comuna del Bracho se ha dado un proceso similar, y se llegó a incendiar el edificio comunal. En la Banda del Río Salí se han realizado asambleas y cacerolazos en rechazo a diversos impuestos que recargan las tarifas. En Aguilares, un cacerolazo reunió a más de 4.000 vecinos. En Famaillá, está convocada una pueblada para el lunes 21. En la capital, crece la situación de conflicto entre los empleados públicos, a pesar de que la mayoría está de licencia. En los hospitales se han cortado los accesos y desde hace 7 días se cumple un paro masivo para reclamar el pago de los salarios atrasados. El lunes 14, se realizó una importante movilización de desocupados motorizada por la CCC y el Polo Obrero que reunió a más de 800 personas y que arrancó bolsones y promesas de planes de empleo. También la clase media se está volcando a la lucha. Los 20 colegios profesionales realizaron, el miércoles 16, una asamblea general que repudió al plan económico, la corrupción, los superpoderes que se le han otorgado a Duhalde y reclamó un nuevo plan económico, diversas reformas políticas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al culminar la asamblea, en la que se echó a algunos representantes bussistas y se cuestionó la presencia de algunos profesionales, actualmente vinculados al PSP, los casi 1.000 profesionales marcharon a la Plaza Independencia.


A todo esto se suman los tres cacerolazos, organizados por el Partido Obrero e Izquierda Unida, con importante repercusión popular. En ellos quedó planteado el repudio a la deuda, la nacionalización sin pago de la banca y el comercio exterior, el salario mínimo indexado de 600 pesos, el subsidio de 500 pesos, que se vayan todos y elecciones ya para una Asamblea Constituyente, junto al llamado a realizar Asambleas Populares para impulsar la lucha. Otros sectores vinculados al Polo Social y sectores docentes también realizan cacerolazos y escraches a los bancos, y prácticamente no hay reclamo que no se transforme en forma inmediata en protesta y movilización.


Derrumbe provincial


Tucumán está en bancarrota y sólo puede resolver sus problemas con dinero del Tesoro nacional… (La Gaceta, 13/1).


Así describía la situación provincial el ministro de Gobierno, hombre fuerte del gobierno de Miranda. Aunque varios funcionarios salieron a morigerar esta afirmación, ella se ajusta completamente a la realidad. Ya a fines de diciembre se suspendió el pago de varios títulos públicos (Boso, Independencia); había incumplimientos con diversos proveedores del Estado, y se había ampliado el plazo de 28 a 60 días de la llamada operatoria FET, por la cual el Estado provincial rescata los Bocade (los bonos de circulación provincial).


A partir de enero, con la devaluación, la situación se agravó por completo. La deuda pública provincial aumentó en la misma proporción que se devaluó el peso. Ya antes de la devaluación, el 80% de los fondos coparticipables eran retenidos por los bancos. En el gobierno se está discutiendo la declaración formal de quiebra para poder liberar los fondos coparticipables, pero el propio gobierno nacional tampoco puede garantizar el pago de las deudas con las provincias y mucho menos cumplir con los montos pactados en el último pacto fiscal federal. Simultáneamente, se daba a conocer la caída de la recaudación interna. Todo esto se traduce en atraso en el pago de los salarios (aún se debe el pago de la mayor parte de diciembre), en el no rescate de los ticket canasta, al no aceptar las empresas emisoras bonos Lecop y carecer la provincia de efectivo, por lo cual el gobierno ha dejado de pagar los ticket, que representan el 20% de los ingresos salariales.


Paralelamente, el gobierno ha decidido poner fin al llamado pacto social con 10 municipios, por el cual la provincia garantizaba el pago de los salarios. Simultáneamente el gobierno no paga su aporte al subsidio de salud… y así se podría seguir enumerando todo tipo de incumplimientos. El panorama se completa con la política de suspensiones y despidos que se está aplicando en las textiles y los ingenios, y los anunciados en Scania.


Por una Asamblea Popular provincial


Frente a la crisis y derrumbe imparables, los explotados y las clases medias se están poniendo de pie, organizándose y saliendo a la lucha. Se impone una lucha de conjunto. El movimiento piquetero, convocando a una Asamblea Piquetera provincial. Las Asambleas Populares, unificando los reclamos y la lucha. Las deliberaciones que se están produciendo reflejan que las masas que se vuelcan a la lucha se politizan rápidamente. Una Asamblea Popular provincial podría dar un fenomenal impulso a la lucha por las diversas reivindicaciones y por una salida de conjunto; que se vayan todos, Asamblea Constituyente.


Para contrarrestar la iniciativa del pueblo, el régimen está impulsando los llamados Consejos de Emergencia, integrados por los gobiernos municipales, Iglesia, empresarios, etc., lo que es avalado por algunos sectores de la izquierda, el centroizquierda y la dirigencia de la CTA.

 

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