Villa 31: Una tregua precaria

La ‘negociación’ abierta entre la Intendencia y un sector de vecinos de Villa 31, por expresas directivas de Menem, revela la gran crisis política que se originó con la represión policial ordenada por ‘topadora’ Domínguez. La huelga de hambre de los curas villeros y la propia presencia del primado Quarraccino en la Villa forzaron a Menem a buscar una “salida negociada”.


La represión, de características ‘fascistas’, presentada como el desalojo de 6 casillas “que obstruían el trazado de la autopista”, fue para precipitar el desalojo violento de la población restante de la villa. Domínguez se presentó ante la burguesía como el garante de las inversiones inmobiliarias de los grandes emprendimientos urbanísticos de lujo para la zona Retiro —puerto. Incompatibles para la burguesía, con o sin autopistas, con la presencia de ‘villeros’ en la zona.


Desde hace un año y medio, la Intendencia viene ‘apretando’ a los vecinos de Retiro con la ordenanza 47665, aderezada con amenazas y ‘razzias’ policiales. Pero las ‘soluciones’ contempladas en la ordenanza, se demostraron ineficaces. Los 12.000 pesos de subsidio para emigrar a otras regiones requiere tener terrenos o viviendas en el nuevo destino. Los créditos hipotecarios de 25.000 pesos suponen un trabajo estable y determinada garantía. En cuanto a la entrega de viviendas construidas, los vecinos denuncian que nunca aparecieron.


Incluso esta política significa una violación del decreto 1001 y el plan ‘Arraigo’ de Menem, que garantizan el asentamiento y urbanización de los barrios de emergencia, mediante la transferencia de la propiedad a los habitantes actuales. Pero estos planes, que prevén un desalojo ‘pacífico’ y más a largo plazo (mediante la valorización de la propiedad y la presión de los impuestos), son reemplazados por la topadora y la guardia de infantería cuando el gran capital inmobiliario lo requiere.


La huelga de hambre de los curas villeros y el ‘apoyo’ de Quarraccino se inscriben en la política de un sector de la burguesía y de la Iglesia, que ven con preocupación la explosividad social de la situación y recomiendan caminos más indirectos: el desalojo de la villa por vías ‘legales’. Domínguez no derogó el decreto de desalojo ‘violento’, lo considera ‘extinguido’ por el momento; se reserva esa carta en la manga. ‘Negociaciones’ como las que se iniciaron hubo muchas y terminaron siempre en la impasse. La voracidad capitalista incompatible con las necesidades populares de vivienda hacen precaria la tregua. Gran parte de los vecinos reclaman el asentamiento y urbanización según los términos de la 1001 y tal como estuvo previsto, a cargo de la empresa constructora, en los contratos de construcción de la autopista.