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19 de mayo de 2005 | #900

La campaña de salud reproductiva y el tratamiento postaborto

El  29 de abril, el gobierno nacional lanzó a través de los medios de comunicación una campaña que impulsa el uso de anticonceptivos. La campaña duró una semana y dicen que se repetirá otra semana en mayo (La Nación, 30/5). Esto solo ya delata que la campaña no es tal: por lo exiguo de su duración y porque sólo va a informar a través de los medios. No hay que ser experto en comunicación para saber que una campaña de prevención efectiva necesita extenderse en el tiempo e ir en busca de las personas a las que se dirige allí donde se encuentren. En este caso, a las mujeres en edad fértil: en las escuelas, en los barrios, en los comedores, en los parques, en los trabajos, en las salitas, en los hospitales.

La campaña se pone en marcha recién dos años después de la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que obliga al gobierno a distribuir anticonceptivos a todas las provincias para que se entreguen gratuitamente en los hospitales y centros de salud de cada jurisdicción. Según el ministerio, las políticas de salud reproductiva ya abarcan un millón y medio de personas. ¿Quiénes serán? En los Encuentros de mujeres, en cada asamblea de cada barrio, llueven las denuncias de que no hay anticonceptivos ni en las salitas ni en los hospitales, o que están vencidos, o que se cobran; también que muchos médicos se permiten no entregarlos por “objeción de conciencia”, objeción que la timorata ley avala. Excepto el ministro, todo el mundo sabe que hay que esperar meses para ingresar en el Programa de Salud Reproductiva de los pocos hospitales donde éste existe. Las mujeres de la ANT, que habíamos arrancado al ministerio, con nuestra movilización, una cuota progresiva de preservativos, vimos abruptamente interrumpida la entrega hace un año. El argumento de los funcionarios del Programa de Procreación Responsable fue... que se había acabado la partida.

Este año, dice el ministerio, la Nación repartirá 10 millones de preservativos, 450 mil dispositivos intrauterinos, 1,6 millón de anticonceptivos inyectables y 5,8 millones de blisters de píldoras: en total, serán más de 18 millones de contraceptivos a lo largo de 2005, un 36 por ciento más de lo que se repartió en 2004, según cifras oficiales. Aun en el caso de que fuera cierto: ¿quiénes garantizarán que lleguen a la población? Si las organizaciones de mujeres y los trabajadores de la salud no controlamos los recursos y la distribución de los métodos anticonceptivos, correrán la misma suerte que la partida “fantasma” anterior. Pero, además, los anticonceptivos no pueden administrarse indiscriminadamente, y la elección de cualquier anticonceptivo, excepto el preservativo, debería ir acompañada de una rutina mínima de exámenes: pap, colposcopía, mamografía, de acuerdo con la edad de la paciente. Sobre esto el ministerio no tiene previsto nada, en un país donde, a contramano de los índices internacionales, la curva del cáncer de mama y el cáncer de útero es ascendente.

Ginés González García ha explicado las razones de la campaña por la salud reproductiva: “El embarazo no deseado es una verdadera epidemia en la Argentina y una bomba social muy fuerte”, a la vez que “el embarazo adolescente en las provincias más pobres esconde gran parte de la mortalidad infantil y materna”. Esta “bomba social” implica además un alto costo al sistema de salud ya que —según datos oficiales— la hospitalización por aborto se ha incrementado en el país en un 57% (últimos datos oficiales: 1995-2000).

Probablemente esa cifra haya crecido exponencialmente en los últimos cinco años, ya que infinidad de trabajadoras perdieron la posibilidad de pagarse un aborto ilegal pero hecho por un profesional (hoy, no menos de 2.000 pesos). El 40% de las hospitalizadas son menores de 20 años. El aborto es, además, la primera causa de muerte materna en el país.


La Comisión Episcopal, por supuesto, armó un escándalo, arguyendo que “esta nueva campaña parece una respuesta autoritaria al pedido de muchos ciudadanos en cuanto a que la difusión contemple otras alternativas consideradas internacionalmente como más eficaces: en primer lugar, la abstinencia; en segundo, la fidelidad, y en tercero, el preservativo” (La Nación, 30/5). Pero da la impresión de que el cacareo clerical es en un lado para ajustar otros negocios por detrás —Baseotto, Boggiano, la injerencia en la enseñanza, los subsidios a las escuelas confesionales—, aunque alcanzó para que periodistas y opinólogos festejaran el carácter “progresista” del gobierno que, esta misma semana, prometió palos y recomendó hasta palizas paternas para los jóvenes que salieron a reclamar por el estado calamitoso de las escuelas públicas.

Morirse dulcemente

La campaña mediática del gobierno se articula con una segunda medida: el ministerio sacó un manual de atención del postaborto, en el que dicta los parámetros de atención de las mujeres que llegan con un aborto incompleto al hospital (Página/12, 9/5).
El legrado postaborto es la segunda causa de hospitalización de mujeres en edad fértil en la Argentina.

El ministerio descaradamente afirma que las mujeres mueren no tanto por las condiciones de ilegalidad e impericia en las que se practican los abortos clandestinos sino porque demoran en ir al hospital “por miedo a ser denunciadas”. También reconoce que cuando consultan —en general con un grado de infección avanzado— muchas veces son mal atendidas, como una suerte de castigo social por haber abortado. “Las mujeres abortan pero llegan a morirse al hospital público. Con este manual queremos cambiar el modelo de atención, darle un trato más humanizado a la mujer, con contención emocional, y ofrecerle un tratamiento menos doloroso y consejería en anticoncepción”, explicó a Página/12 Celia Lomuto, coordinadora del Programa de Salud Perinatal nacional.

Increíblemente, la conclusión “humanista” del gobierno de Kirchner ante semejante crimen social —que mata 500 mujeres por año y deja a millares con secuelas— no es que el aborto debe ser despenalizado y convertirse en una práctica gratuita sino que hay que mantener su ilegalidad. Eso sí, cuando “llegan a morir”, se las debe tratar “humanamente”.

El manual precisa un nuevo método de atención —la aspiración manual endouterina—, que es menos cruento y también más barato, ya que se efectúa con anestesia local y la mujer se puede ir a su casa el mismo día. La “novedad” se practica en el ámbito privado desde hace más de 15 años. El manual recomienda también que los profesionales tengan “respeto a la confidencialidad que necesitan las mujeres”: los progresistas de Página/12 han entendido que esa frase es un guiño hacia los médicos, un llamado a que no denuncien a sus pacientes. Cuando los médicos denuncian que una mujer abortó, en general es por temor a un juicio por mala praxis. Habitualmente, la partida de defunción dice “septicemia” o “hemorragia” y de esa manera se encubre la causa de muerte y se disfrazan las estadísticas. El cinismo gubernamental reclama a los médicos que hagan lo que el gobierno no está dispuesto a hacer: que el aborto pierda su carácter punible.


Campañas mediáticas de salud reproductiva y salitas donde no hay ni gasa, manuales que van a quedar olvidados en algún sótano, pactos inviolables con la curia: eso es lo que les ofrece este gobierno a las mujeres. La única manera de frenar la masacre cotidiana del aborto ilegal depende de que se pierda hasta el último gramo de ilusión en las patrañas progresistas y se ponga en pie una poderosa organización revolucionaria de mujeres que, codo a codo con las organizaciones de trabajadores y en la calle, construya una alternativa de poder que desplace para siempre a los patrones y a los parásitos de las sotanas.

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