Esta vez es una maestra. Carmen Evelia Murillo, docente de una escuela albergue de la comunidad de El Bobadal, a 60 kilómetros de Tartagal, donde concurren niños wichis y criollos.

Ante la presencia de diez niños, que se quedan a dormir en la escuela, un criollo de 65 años persiguió a una joven estudiante wichi, hasta adentro de la escuela, en donde la jovencita buscó refugio. La docente protegió a la muchacha y exigió al sujeto que se retirara. Unos minutos después regresó de su casa con una escopeta y la mató de seis disparos en el pecho.

 

Las maestras de las escuelas albergues de los parajes, tanto del cerro como del Chaco salteño, enseñan de día y cuidan de noche a los niños que viven en las escuelas. Solas, sin señal de teléfono, a veces sin luz ni agua. Llegan hasta estos parajes por el adicional de zona inhóspita y de escuela albergue, y suman así unos pesos más a la economía familiar. Llegan como pueden, porque el Estado no les garantiza el transporte. Y en medio del monte no hay ningún transporte regular. Muchas veces corren peligro de ser violadas por camioneros o circunstanciales automovilistas, que las levantan haciendo dedo en medio de la nada.  

 

La otra historia que muestra este crimen es la impunidad de los hombres criollos sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes aborígenes, a las que consideran menos que un perro.

Salta ostenta un triste récord de mujeres asesinadas: 80 desde 2008. Los crímenes se suceden porque en el fondo el homicida es consciente de que goza de impunidad, que goza de derechos sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Qué otra cosa significa la declaración del ex ministro de Seguridad y actual fiscal Troyano respecto de una turista violada, a la que responsabilizó del hecho por “exceso de confianza”?. Y las pruebas plantadas en los crímenes de las turistas francesas, o el impedimento de acceder a la interrupción del embarazo de una nena violada por su padrastro. Y los cientos de desapariciones de mujeres y niñas, por redes de trata, mientras no hay ningún tratante preso.

 

Este verdadero genocidio obligó a Urtubey a decretar la emergencia de violencia de género. Pero destinando sólo 10 millones de pesos para crear cinco juzgados de crímenes de género, mientras que para la refacción de las peatonales ha destinado más del doble. Nuestra bancada presentará un proyecto para que sólo las mujeres podamos votar en las designaciones de estos funcionarios y tengamos así capacidad de veto.

 

La Asamblea de Docentes Unidos se ha pronunciado denunciando la responsabilidad de Urtubey en el crimen de Carmen y ha votado la participación en el XXIX Encuentro de Mujeres. En la marcha de cierre, llevaremos un gran cartel que diga: “Todos somos Carmen Evelia”.