El próximo miércoles 19F se realizarán concentraciones en todo el país a dos años del masivo pañuelazo que impuso en la agenda nacional el debate por el aborto legal seguro y gratuito y mostró la adhesión popular a este reclamo abriendo un enorme canal de movilización. En aquella ocasión, como en la mayoría de las instancias de movilización por el aborto legal, la gran protagonista fue la juventud que incorporó los reclamos de educación sexual laica y científica y la separación de las iglesias del Estado, componiendo así un movimiento que cuestionó los pilares del sometimiento de la mujer y el rol nefasto del oscurantismo clerical.

A dos años de aquel primer pañuelazo la tarea de la marea verde es volver a tomar las calles para conquistar este reclamo. El triunfo del aborto clandestino en el Senado el 8A en 2018 evidenció el compromiso de todos los bloques políticos con el clero, a excepción del Frente de Izquierda que votó sin fisuras por este derecho elemental de las mujeres. Recordemos que la ahora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llamó a la multitud que esperaba la votación bajo una intensa lluvia, a “no enojarnos con la iglesia” y a “unir pañuelos verdes y celestes”.

Hoy, a la luz de esta experiencia resulta evidente que la marea verde no puede restringirse a confiar en el anuncio de la presentación de un proyecto propio por parte del PEN, del cual se desconoce llamativamente el contenido y mantienen blindado como secreto de Estado, pero que todo indica que es fruto de un acuerdo con la Iglesia. El ala bergoglista del Vaticano fue un pilar fundamental en el reagrupamiento del PJ que llevó al gobierno a Alberto Fernández, quien consciente del carácter irreversible del reclamo del aborto en nuestro país anunció el envío de un proyecto propio del ejecutivo al Congreso. La prenda de cambio para evitar conflictos con la salud privada de patronales confesionales sería la concesión de la objeción de conciencia institucional en un gesto a la iglesia para permitir que las clínicas privadas puedan negarse a practicar abortos (La Política OnLine, 7 de febrero).

Esta es una diferencia fundamental respecto al proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto de 2018, proyecto que se fue modificado progresivamente al calor de las masivas movilizaciones a lo largo de los últimos años y no es admisible que sea utilizado como prenda de cambio para habilitar un reforzamiento clerical en distintos ámbitos, como sucede con la supuesta "guerra contra el hambre" que tercerizada en las iglesias arroja a los más pobres a los brazos del oscurantismo clerical. La alianza del gobierno con la Iglesia tiene su basamento en el rol de contención social que tiene esta institución opresora en el marco de la renegociación de la deuda y la necesidad de aplicar un brutal ajuste contra los trabajadores. La bendición de Francisco es favorable al ajuste. La devaluación del proyecto del aborto legal parte de las negociaciones con el Vaticano.

Que el aborto se gane en las calles requiere un giro en la orientación política que primó en la Campaña por el Derecho al aborto que prefirió no hacer olas luego de la derrota en el Senado para pavimentar el triunfo electoral del Frente de Todos, que trajo consigo un mayor alineamiento con las iglesias y un reforzamiento de su injerencia en todos los planos de intervención del Estado.

En necesario retomar la movilización masiva. Vamos por un gran pañuelazo el 19F en el Congreso y en todas las plazas del país y por un Paro Internacional por las mujeres este 8 de Marzo que levante como principales banderas de lucha el reclamo de aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.