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21 de noviembre de 2013 | #1294

Código patronal y clerical

A pocos días del Encuentro Nacional de Mujeres de San Juan, el gobierno kirchnerista consolida un pacto con la Iglesia para que los principios que rijan la sociedad civil consoliden un modelo de precarización laboral, sometimiento de las mujeres e impunidad estatal. El Código Civil -nacido de un acuerdo entre la Corte Suprema, la Iglesia y el gobierno- plantea que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada". De acuerdo con este artículo, el Estado y sus funcionarios no podrían ser juzgados civilmente por hechos tales como la tragedia que terminó con la vida de 52 personas en el ferrocarril Sarmiento.

También establece como principio "la defensa de la vida desde la concepción" con la implantación del embrión en el útero materno, mientras que la regulación de embriones conservados fuera de éste, serán motivo de otra legislación, algo que interesaba particularmente a la Iglesia. Este artículo es sólo funcional a los enemigos del aborto legal, de ninguna manera garantiza a las mujeres gestantes que quieren tener hijos que puedan tenerlos, y sirve como instrumento de los agentes clericales dentro de la salud para bloquear las prácticas de aborto legales que rigen en nuestro país. Gracias a la profundización de esta política en Argentina se mantuvo intacta la tasa de mortalidad de mujeres gestantes y aumentó un 15% el llamado "embarazo adolescente". Los encargados de modificar el Código Civil insisten con las mismas recetas, cuando han fracasado completamente en evitar tanto los abortos no deseados, producidos por imposición patronal, por falta de recursos para encarar una maternidad, por violencia intrafamiliar o por ataques sexuales, como también los embarazos no deseados, una gran parte de estos producidos a partir de un aumento de la agresión sexual contra mujeres y niñas.

El Código Civil podía elegir plantear como principio de la sociedad en la que vivimos, la defensa de la decisión de la mujer, sobre todo aquello que atañe a su propio cuerpo. Sin embargo, se eligieron principios y formulaciones que refuerzan el sometimiento de las mujeres. El nuevo código "elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de empresas dependientes o vinculadas", un deseo cumplido por el gobierno en contra de los trabajadores tercerizados o superexplotados y en favor de los empresarios que abusan de este tipo de explotación para reducir sus costos laborales y obtener enormes ganancias. Luego de aprobado este Código, la mujer habrá retrocedido desde el punto de vista legal. El único empoderado en este país es el Estado y su representada, la clase capitalista, contra las mayorías populares. Los artífices de la debacle económica y social obtienen así la tan mentada "seguridad jurídica" que refuerza su posición de poder, frente a los trabajadores en general y a las mujeres en particular.

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