Mujer

27/9/2012|1241

28 de septiembre: Por el aborto legal

El fallo de la Corte y el retroceso posterior

En marzo de este año un fallo de la Corte Suprema admitió que cualquier mujer violada tiene derecho a acceder a un aborto no punible, sin más obstáculos que la propia voluntad de la mujer. Si bien el fallo refería a un caso de una niña violada por su padrastro en Chubut, el tema pretendió avanzar en una cuestión jurídica de fondo, en respuesta a innumerables interpretaciones clericales que, en los hechos, han denegado a lo largo de todo el país este derecho.


Según fija el Código Penal desde 1921, la práctica deberá ser hecha por “un médico diplomado con consentimiento de la mujer encinta”. Este artículo y la guía nacional para el aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación, eran hasta ahora las únicas reglamentaciones.


Desde que la Corte Suprema trasladó la potestad de regular los abortos no punibles a las provincias, la caída en picada hacia la generación de normas contrarias al espíritu del fallo y al Código Penal, no han parado de producirse.


Los denominadores comunes son el silencio del Ministerio de Salud de la Nación para fijar un criterio único en todo el país, ya que su guía no es de aplicación obligatoria en ninguna provincia; y la negativa del Congreso, empezando por su mayoría kirchnerista, de aprobar el aborto legal.


Desde marzo de este año, la mujer tiene más obstáculos legales para acceder a un derecho: la Ciudad de Buenos Aires macrista, la provincias kirchneristas como Entre Ríos, La Pampa, Salta, La Rioja. En Corrientes no hay reglamentación propia sobre la cuestión, pero en diciembre del año pasado el gobernador kirchnerista declaró a la provincia “Pro Vida”, en línea con lo más reaccionario de la pedófila Iglesia católica. Otros gobernadores kirchneristas, como los de Catamarca y Misiones, ni siquiera se adhirieron a la guía nacional para el aborto no punible ni establecieron reglamentaciones o leyes provinciales; sin embargo, en la práctica, en la provincia de Misiones se intervino para frenar un aborto no punible a una menor de edad, y los médicos de la provincia se inscriben masivamente como “objetores de conciencia”. En el Hospital Centeno de la segunda ciudad más importante de La Pampa, General Pico, todos los médicos se declararon objetores de conciencia. Esta figura se utiliza en todos los casos y es admitida por el Estado aunque esto signifique vulnerar el derecho de las mujeres al acceso a la atención sanitaria.


Otras provincias kirchneristas, como Jujuy, que adhirieron a la Guía Nacional para el aborto no punible, en la práctica siguen violando dicho acceso y las niñas y mujeres de esas provincias deben trasladarse a otros distritos para practicarse un aborto legal. Obviamente, la mayoría muere en el intento o termina con un embarazo no deseado, sin que luego el Estado se haga cargo de sus responsabilidades, como ocurrió en el caso de Romina Tejerina.


En la provincia, hasta ahora kirchnerista, de Santa Cruz, todos los equipos de ginecología son objetores de conciencia y por lo tanto la adhesión de la provincia a la Guía Nacional es un saludo a la bandera. La defensora oficial de Calafate, sin dudas kirchnerista (como todos los funcionarios de dicha localidad) presentó un recurso de amparo para que la provincia no adhiera a la Guía Nacional. La directora del hospital de Caleta Olivia es una enemiga declarada del derecho de la mujer a acceder a un aborto no punible.


Córdoba tiene suspendida su Guía para el aborto no punible, dictada en marzo de este año, por resolución del juez Federico Ossola, quien hizo lugar a un pedido de la organización ultracatólica Portal de Belén, poniendo en evidencia el gran poder que tiene esta organización en la provincia.


Otras provincias kirchneristas aún no han dicho nada al respecto, como son Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Catamarca, Tucumán. En San Luis, donde gobiernan los Rodríguez Saá, se está produciendo un debate parlamentario sobre dos proyectos, uno a favor del acceso al derecho al aborto no punible y otro contrario. El Ejecutivo provincial se declaró, a través de comentarios de varios funcionarios, contrario al fallo de la Corte Suprema.


El denominador común de todas las provincias, kirchneristas la mayoría, es la total adaptación a los reclamos de la Iglesia al respecto de la vulneración de los derechos de las mujeres. Tanto el fallo de la Corte como la modificación del Código Civil le conceden al clero, la naturalización completa del principio de defensa de la vida desde la concepción, principio que sólo sirve para interferir en las decisiones de las mujeres y no; sin embargo, para que el Estado se haga cargo de garantizar la vida de las mujeres pobres que quieren tener hijos.


Kirchneristas, representantes del FAP, macristas y radicales coinciden en la Reforma del Código Penal sin tocar la penalización del aborto y sin siquiera discutir la cuestión.


Todo el llamado “progresismo” argentino ha cedido a dos principios reaccionarios: la defensa de la vida desde la concepción y el permiso para que los médicos se declaren objetores de conciencia, no sólo para no practicar abortos legales, sino también para denegar el acceso a anticonceptivos, y a dar las recomendaciones médicas científicas necesarias para evitar los embarazos no deseados.


Argentina, en relación con las mujeres, es ahora aún menos justa que antes.


El 28 de septiembre concentramos en el Congreso de la Nación desde las 16 horas y en las principales plazas del país para denunciar este cuadro y exigir el aborto legal, seguro y gratuito.