En un nuevo día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, este lunes 28 el grito global también se escuchará en las calles de la provincia. La marcha está convocada por la Asamblea #NiUnaMenos de Córdoba, a las 17 h, desde Colón y General Paz hasta el Arzobispado. Entre sus principales reclamos están el aborto legal, la separación de la iglesia del Estado, Educación Sexual Integral (ESI) laica y el rechazo a la deuda con el FMI.

En Córdoba, gracias a un amparo presentado por la asociación Portal de Belén, se impidió entre 2012 y 2019 la aplicación del protocolo previsto por el Fallo FAL, para el acceso al aborto no punible a mujeres víctimas de violaciones. Fue la enorme “marea verde” y la organización independiente del movimiento de mujeres la que logró que esa cautelar quede sin efecto, haciendo posible la aplicación de este derecho. Sin embargo, la lucha para que se pueda garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) continúa: organizaciones de mujeres y profesionales de la salud denuncian las enormes complicaciones a las que se enfrentan como consecuencia de la falta de misoprostol, medicamento con el cual se lleva adelante el tratamiento.

A raíz de la denuncia de una mujer en la localidad La Falda, que habiendo sido violada se le negó la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en un hospital provincial, en marzo de este año, la Legisladora Soledad Díaz del PO-FIT efectuó un pedido de informe sobre de la aplicación de la Guía Práctica para la ILE en Córdoba. Meses después, la respuesta del ministerio de Salud de la provincia reveló que solo durante el último período 2019/2020, se efectuaron 380 abortos no punibles. Esto arroja un cálculo de cientos -si no miles- de mujeres que durante más de siete años fueron condenadas a parir luego de ser ultrajadas, atentando contra su salud e integridad. De esta manera, la iglesia avanzó en la provincia con el disciplinamiento de los cuerpos gestantes, donde no hay piedad ni siquiera para las niñas abusadas, puestas a ser madres.

Se suman a esto los manuales antiderechos, como “Nueva Evangelización y Cultura”, promovidos por las escuelas FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), que en la provincia cuentan con sedes de nivel inicial, primario, secundario y superior; en Marcos Juárez, San Francisco y la Capital. Allí instruyen contra la libertad sexual y contra la ESI. Definen al aborto como “matanza de inocentes”, planteando como anticonceptivos la castidad y los métodos de planificación natural. Del mismo modo, atacan a la comunidad Lgtbi+, definiendo a sus miembros como “una depravación de la misma naturaleza humana”. Esta red de instituciones cuenta con subvención estatal en el 76 % de sus escuelas, y en el 48 % de ellas el aporte millonario es del 100%, de acuerdo al último relevamiento anual de la Dirección de Información Educativa del Ministerio de Educación.

Por culpa de la pandemia

Días atrás una menor de 14 años denunció que fue abusada sexualmente y que quedó embarazada de su propio padre, un hombre que vive en la ciudad de Carlos Paz. Luego recibió golpizas para provocarle un aborto. La adolescente quedó varada por la cuarentena en la casa de su progenitor, al que había ido a visitar por las vacaciones. Al respecto, la ONG Women’s Link Worldwide, alertó que por la pandemia se estima que habrá alrededor de siete millones de embarazos no deseados en el mundo y emplazó a los gobiernos a mejorar el incentivo de los anticonceptivos y regularizar el aborto. Paradójicamente, Alberto Fernández se excusó con la pandemia para seguir negando ese derecho en la Argentina. Aduce la crisis sanitaria, desconociendo, deliberadamente, que el aborto legal evitaría ocupar las camas de terapia intensiva con mujeres mutiladas bajo las prácticas de la clandestinidad.

Sucede que lo único que está en agenda para el gobierno nacional es el sometimiento al FMI. Allí se suscribe el gobierno de Juan Schiaretti. Las cifras de desempleo correspondientes al segundo trimestre del año, publicadas por el Indec, señalan un 13,1 % a nivel país y un alarmante 19,1 % para el Gran Córdoba. Aunque la desocupación creció en todos los estratos durante la pandemia, entre las mujeres jóvenes (de 14 a 29 años), la falta de trabajo dio un salto mucho más significativo: del 23,9% al 28,5%, más del doble que la tasa general (13,1 %). Entre los varones jóvenes, el desempleo también es alto (22,7%), pero sensiblemente menor que el de las mujeres que recién se incorporan al mercado laboral. No obstante, las políticas públicas con perspectiva de género que van y vienen en el discurso de la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, no aplicarían para las mujeres sin vivienda ni recursos, que están ocupando tierras con sus niñes en la absoluta precariedad, esperando respuestas del Estado.

Los lazos entre el gobierno y la iglesia son sumamente necesarios para la contención social que requiere el ajuste desenvuelto con mayor crudeza en las barriadas. Pero la deuda real no es con los buitres que vaciaron el país; la deuda sigue siendo con las mujeres que son ultrajadas en las calles y también en sus hogares, con lxs que no tienen ESI laica, con las precarizadas que echan si se embarazan, con las que no tienen techo para sus hijes.

Por eso las pancartas de este lunes rechazarán arrodillarse frente a los organismos de usura; exigirán la separación de la iglesia y el Estado. Y, fundamentalmente, demandarán aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Bajo esas consignas se encolumna el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero.