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25 de febrero de 2016 | #1400

Sobre la legalización del aborto y el zika

La Iglesia católica, que adoptó recientemente la “doctrina del perdón” sobre el aborto, salió al cruce de quienes reclaman el derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres que contrajeron zika, tachando el pedido de “oportunista”.
 
Arzobispos de distintos países equipararon la preocupación sobre esta enfermedad y sus secuelas con la política de eugenesia del nazismo, sin dejar de rescatar a los Estados “(que) nada pueden hacer, ya que el mosquito seguirá existiendo” (Aciprensa.com, 6/2; Newsweek en Español, 10/2).
 
Para su cruzada anti-derechos se valen de los lentos avances de las investigaciones. Sin embargo, tras la multiplicación de los casos de microcefalia en fetos de mujeres infectadas, médicos de Brasil corroboraron la presencia del virus en el líquido amniótico y el tejido cerebral del feto, reforzando la teoría del contagio a través de la placenta (La Nación, 9/2). También señalaron que puede causar otro tipo de trastornos neurológicos, como el síndrome de Guillain-Barré.
 
Pruebas recientes indican que el virus se encuentra también en semen, orina y saliva (ElPaís.com, 5/2) lo que agrava la renovada campaña de la curia contra el uso del preservativo -incluso cuando aún no se sepa si pueden ser vehículo de transmisión.
 
El bloqueo eclesiástico parte de la experiencia de la crisis de la rubeola en la década de los ‘60 en Estados Unidos, cuyas nefastas consecuencias sobre la salud de los nacidos allanó el camino del fallo Roe vs. Wade de 1973, que estableció que el aborto era un derecho individual inalienable (ElVeedorDigital.com, 30/1).
 
Santa Alianza contra la salud reproductiva
 
La mayoría de los gobiernos de América Latina se subieron al carro Vaticano en nombre de las leyes vigentes, que restringen el aborto a causales que no contemplan la microcefalia o directamente lo prohíben.
 
Se pronunciaron en ese sentido los ministros de salud brasilero, paraguayo, salvadoreño, ecuatoriano y puertorriquense, mientras que la Cumbre del Mercosur que trató el tema apuntó a descargar la responsabilidad del control del mosquito sobre la población y en las mujeres para que no queden embarazadas. El ministro de El Salvador llegó al ridículo de extender esta recomendación hasta el año 2018, en un continente donde el 50% de los embarazos son no-planificados (Prensa Obrera, 10/2).
 
En Brasil se ha reabierto la lucha judicial por el aborto no punible, gracias a la interposición de activistas que reclaman que el Tribunal Supremo de Justicia incorpore la microcefalia como causal, mismo grupo que en 2012 conquistó la ampliación por anencefalia tras una larga lucha de diez años (IPSNoticas.net, 5/2).
 
En Argentina, el ministro de Salud, Lemus, revivió el difunto protocolo para la atención de abortos no punibles, que incorpora trabas ilegales a lo dispuesto por el fallo FAL de la CSJ en 2012, a contramano de su reconocimiento público sobre los límites de la fumigación para el control de huevos y larvas de mosquitos (Infobae.com, 7/2).
 
Hasta el momento sólo los gobiernos locales de Ciudad Juárez y Chihuahua han autorizado el aborto por zika. En Bogotá se realizó la primera interrupción por este tema, pero disimulado bajo la casual afectación de la salud de la mujer. El gobierno colombiano aclaró que no cambiará la legislación y que la resolución quedará en el ámbito médico-paciente, en un país donde rige la objeción de conciencia (ElMundo.es, 27/1).
 
La culpa no es del mosquito
 
La ONU proyecta que esta enfermedad puede afectar a 4 millones de personas en el continente (El Mundo.es, 28/1) y ha proclamado, sin que sea vinculante para los Estados, el aborto como un derecho humano.
 
Especialistas de Argentina y Brasil emitieron un comunicado señalando el daño potencial de los gases tóxicos sobre la población y el hecho de que este tipo de campañas ya han fracasado en el pasado. Concluyen que las únicas medidas efectivas para eliminar definitivamente el mosquito están asociadas a erradicar los factores sociales que facilitan su proliferación, empezando por la urbanización de las barriadas humildes, la instalación de cloacas, la adecuada recolección de residuos sólidos urbanos y una atención adecuada de la salud sexual, incluido el derecho al aborto (Télam, 12/2).
Todo un programa de transformación social.
 

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