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28 de julio de 2016

Parto domiciliario y violencia obstétrica

La judicialización de la pareja neuquina que perdió a su bebé apunta a encubrir el derrumbe de las maternidades públicas y el maltrato generalizado contra las parturientas.
El juicio que se sigue en Neuquén contra una pareja acusada de homicidio culposo por la muerte de su bebé en un parto domiciliario colocó en el tapete la cuestión de la situación obstétrica en nuestro país.
 
Un sector de la “corporación médica” tergiversó el debate acerca del parto respetado, que las organizaciones de mujeres levantamos desde hace años. El parto domiciliario jamás se planteó como una alternativa desprovista de cuidados médicos. Los funcionarios y profesionales que se precipitaron a condenar la práctica del parto domiciliario olvidan las condiciones en las que se producen los partos en las instituciones de nuestro país, atravesados por una tremenda arbitrariedad contra la parturienta y sus seres cercanos, incluso hasta el mal trato.
 
La pareja neuquina que está siendo juzgada pertenece a un sector pudiente de la provincia. Sin embargo, no contempló los cuidados médicos básicos. Por no evaluar las complicaciones del parto, sufrieron la pérdida de su hijo, un desenlace claramente no deseado. La judicialización que sufren ahora es parte de la perfidia de un régimen que todos los días se despreocupa por la enorme violencia obstétrica que se ejerce en el sistema público y privado de salud contra las parturientas y por la altísima tasa de muerte materna en la argentina, responsabilidad íntegramente del Estado. El 50% de las muertes se producen por causas evitables: por abortos clandestinos o por complicaciones propias del embarazo que no se atienden por las deficiencias en el sistema.
 
Las organizaciones de obstetras y parteras que exigen y pelean por condiciones dignas para facilitar el acceso de la población al parto domiciliario, lo hacen defendiendo una asistencia calificada en cada caso y sumando a ese cuidado, el trato personal adecuado las parturientas. Actualmente, el parto domiciliario está reservado sólo a un sector que cuenta con el dinero para costeárselo, ya que no es una práctica reconocida ni por las obras sociales y ni por el Estado.
 
El parto respetado debe producirse en todos los ámbitos y la posibilidad de tener uno en tu propio hogar debiera ser una opción complementaria a un sistema institucional que funcione. El debate sobre este tema no puede abstraerse de que el sistema institucional debe funcionar adecuadamente, lo que hoy no ocurre.
 
En nuestro país, el vaciamiento del sistema público de salud, en beneficio del privado, ha sido total. El sector de maternidad es el más golpeado. Hay funcionarios que tienen sus propios negocios en el sector privado y a los cuales no les interesa que las cosas funcionen bien en el público. En Argentina, hay altísimos niveles de cesáreas y violencia obstétrica, unidos a la privatización y el vaciamiento que denunciamos.
 
El parto respetado es lo contrario a la negación de los recursos científicos y tecnológicos aplicados a la obstetricia. Por el contrario, se postula la utilización de dichos avances respondiendo a las necesidades y a la voluntad de la mujer. Hoy se gasta de más en el sistema público, porque el uso desmedido de elementos que muchas veces no son necesarios para atender un parto significa un negocio para el contratista en el caso de la salud pública y un negocio directo en el caso de la privada. La necesidad de la mujer ha sido depuesta ante el interés de lucro y la subestimación de las propias mujeres.
 
La campaña contra el parto domiciliario no tiene otra finalidad que la de obturar un debate al respecto, que abarque la violencia que se practica contra las mujeres gestantes. El fiscal del caso anunció que no es de su interés que se produzca la detención de un delito que cuenta con una pena de hasta 5 años de prisión. Sin embargo, sigue adelante con la pantomima del proceso judicial.
 
Quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son los funcionarios de los ministerios de Salud nacional y provincial, responsables de la debacle de las maternidades en nuestro país y su consecuencia de maltrato institucional generalizado contra las mujeres que deben parir.
 

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