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18 de agosto de 2016

Salta: impunidad luego de la violación de una niña wichi

La senadora del PO, Gabriela Cerrano, denunció un operativo de impunidad en el caso de Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda, y reclamó la renuncia de los senadores que se opusieron a abrir un jury de enjuiciamiento contra el juez y el fiscal del caso, que habían liberado previamente a los violadores
Por Corresponsal

Que el Senado salteño es una suerte de "guardia de reserva" del régimen oligárquico, del oscurantismo clerical y de la opresión de las mujeres, es asunto ya conocido. Pero, cada vez, sus conductas son más alevosas. Sus representantes en la comisión de jury de enjuiciamiento (Avilés, Soto, López Mirau) acaban de impedir que Armando Cazón y Mariscal Astigueta, el fiscal y el juez que dejaron sin justicia y sin protección a Juana, la niña wichi que sufriera violación en banda, fueran juzgados.

Cazón y Astigueta pusieron en libertad a los 7 acusados de violar a Juana, bajo la presunción que no revestían peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Sin embargo la familia de Juana sufrió amenazas y presiones en todo momento.

Los senadores que se opusieron al enjuiciamiento del juez y el fiscal ya habían actuado de igual modo para evitar la apertura del jury de enjuiciamiento contra la Defensora Flores Larsen y el Juez Soria, responsables de haber negado el aborto no punible a una adolescente violada y embarazada por su padrastro; lo que constituyó una violación del Código Penal y la desobediencia al fallo de la Corte Suprema, que establece este derecho.

La comisión de jury de enjuiciamiento sólo escuchó a una parte: al fiscal y al juez; y decidió darle punto final a la apertura del proceso, cuando para determinar responsabilidades es el propio proceso de jury lo más eficaz.

 

Impunidad anticipada

El rechazo de apertura de jury a los letrados desacredita a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se apersonó en el lugar y tomó testimonios y elaboró un dictamen, que incluso servirá de argumentación en tribunales internacionales.

Todo el Estado quedó cuestionado por la violencia institucional que sufrió Juana. Al tomar estado público su caso, quedó en evidencia el nivel de violencia que sufren las niñas wichis.

La senadora provincial del PO por el departamento Capital, Gabriela Cerrano, exigió la renuncia de los miembros del Senado en la Comisión de Jury.

Asimismo, señaló que “los avances que hemos logrado aquellos que impulsamos la lucha por la libertad de Belén nos dejan una enseñanza fundamental: sólo la movilización independiente conquistará la justicia por Juana”.

Hagamos una campaña por la renuncia de Avilés, Soto y López Mirau al Jury de enjuiciamiento, como parte de la lucha para desmontar todo el aparato de impunidad que encubre la responsabilidad última del Estado en la violación de los derechos de las mujeres.

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