fbnoscript
30 de agosto de 2016

Caso Juana: la impunidad es política de Estado

Por el caso de Juana –la niña wichí que sufrió una violación en banda y a la que se le negaron todos sus derechos– se ha montado un operativo de impunidad para absolver al Estado y su funcionariado de toda responsabilidad.  

Un miembro de la Corte había solicitado jury de enjuiciamiento para el fiscal y el juez que atendieron en la causa, Armando Cazón y Mariscal Astigueta, por “retardo en la justicia, mal desempeño e incumplimiento de deberes”. Se apoyó para ello en el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se apersonó en el lugar y recolectó pruebas y testimonios de la familia, médicos, miembros de la comunidad y de funcionarios judiciales, incluidos los dos magistrados acusados.

Sin embargo, la comisión de jury declaró inadmisible el pedido y rechazó abrir el proceso. La votación fue 5 a 4, con los votos negativos de los 3 miembros del Senado y los 2 miembros de la Corte. El principal argumento de la mayoría fue que el Ministerio Público Fiscal no había elevado acusación y por ende ellos tampoco lo podían hacer. Pero la ley no deposita ningún poder de veto externo al Jury, es decir que han renunciado incluso a su autonomía formal, dejando en manos del procurador y por ende de Urtubey la decisión absoluta sobre la admisibilidad de un Jury que  de esta forma ha quedado “pintado”.

Otro argumento fue que la causa penal por la violación sigue y que “hay que esperar hasta el final para ver si se alcanzó el objetivo de justicia o no”. Un argumento totalmente insultante para una sociedad conmovida, que repudia las injusticias cometidas contra Juana por parte del Estado. Es claro que este argumento está en la línea de lavarle la cara a la Justicia a través de nuevas maniobras: durante la misma semana en que se rechazó el jury, la prensa oficialista agitó un artículo en el que afirmaba que la investigación “tomaba nuevos rumbos”, puesto que la pericia judicial habría descubierto que el embarazo de Juana era anterior a la violación. La víctima pasa entonces a ser juzgada.

Otra perlita argumentativa fue afirmar que “no se puede evaluar a un magistrado por un sólo caso sino ver si posee antecedentes similares”. Pero con la lógica de abrirle investigaciones sólo a los que ya fueron investigados nunca se va a abrir un jury a nadie. Es claro que eso es lo que buscan.

 

Pedimos renuncia de los senadores al jury

 

Exigí en sesión la renuncia de los miembros del Senado a la comisión de jury: Silvina Abilés (FPV), Jorge Soto (PJ) y Guillermo López Mirau (Secretario Legislativo y miembro del jury en calidad de abogado del Senado). Estos personajes ya habían actuado de igual modo para evitar el jury contra la defensora Flores Larsen y el juez Soria, responsables de haber negado el aborto no punible a una adolescente violada por su padrastro, hecho que constituyó una violación del Código Penal y la desobediencia al fallo de la Corte Suprema que establece este derecho.

El pedido de renuncia fue rechazado por la totalidad de los senadores, incluidas las dos senadoras por la UCR. El senador Soto incluso pidió una cuestión de privilegio al sentirse “ofendido” ante mi pedido y por la publicación de nuestro parte de prensa, en el decíamos que el Senado es “una suerte de guardia de reserva del régimen oligárquico, del oscurantismo clerical y de la opresión de las mujeres”. Lógicamente reafirmamos cada palabra y lo seguiremos haciendo.

Quedó demostrado que en Salta el poder político le otorga total impunidad a los funcionarios judiciales cuando violentan los derechos de las mujeres. Los otros miembros de la Comisión de jury votaron a favor de abrir el proceso, pero sólo para la tribuna: son diputados oficialistas que se negaron a tratar nuestro pedido de renuncia de la ministra de Justicia y DDHH. Sobre todo, se han negado a tratar nuestra ley por un protocolo de aborto no punible sin restricciones judiciales ni religiosas.

Los avances que hemos logrado en la causa de Belén nos dejan una enseñanza fundamental: sólo la movilización independiente conquistará la justicia por Juana. Continuamos con la campaña por la renuncia de Abilés, Soto y López Mirau al jury de enjuiciamiento, como parte de la lucha para desmontar el aparato de impunidad que encubre la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos de las mujeres. Esa lucha tiene como punto fundamental imponer un protocolo de aborto no punible en todos los hospitales, para que ninguna mujer, ni niña pase el trato cruel que sufrió Juana.

 

Compartir

Comentarios