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5 de julio de 2018 | #1509

Tráfico de bebés camuflado de adopción

Sobre el proyecto de Pinedo

El senador Federico Pinedo es bisnieto de un intendente porteño. Su abuelo fue ministro de Hacienda de los presidentes Agustín P. Justo y Ramón Castillo -durante la Década Infame- y de José María Guido más tarde. El padre presidió, en los ’60, el bloque de diputados provinciales de la Unión Conservadora bonaerense. Y la ex esposa del actual senador es una Patrón Costas. Bingo. Un linaje sin fisuras de una clase social cuyos adolescentes varones -según coinciden historiadores, escritores y biógrafos- solían iniciar su vida sexual en las sábanas suaves del hogar familiar, violando a adolescentes muertas de miedo, las chinitas sanas que para estos fines se traía del campo.

Y después, claro, se las devolvía al campo.

Es esa marca brutal de clase la que exuda el proyecto número S-1825/18 que presentó Pinedo en compañía de Miriam Boyadjian. El objetivo confeso, adelantó el senador en Clarín el 1°/7, es desalentar la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y reemplazarla (o combinarla) con este engendro.

En el marco del debate en el Senado, del proyecto de aborto legal aprobado en Diputados y con la intención de entorpecer su aprobación en el Senado, se pusieron a la vista en el plenario de comisiones de la cámara Alta tres proyectos alternativos sobre adopción o modificación del Código Penal. Pinedo quiere crear el programa “El Estado se hace cargo y te acompaña”, por el cual éste se compromete a mantener a las mujeres embarazadas “que decidan no asumir (...) la crianza”. Literalmente “el Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño”.

Las embarazadas que sí quieren criar a sus hijos y no tienen ni habitación ni alimento, no le generan la menor preocupación al legislador, que sólo parece interesado en cuidar a las que les posibilitan capturar un bebé.

El procedimiento de adopción, en el que intervendrá un juez, será sumarísimo.

El proyecto de Pinedo viola la ley nacional de adopción. En el artículo 4 se otorga a la madre biológica la posibilidad de elegir dentro del Registro Unico de Adoptantes a la familia que se quedará con la criatura “teniendo en cuenta las tradiciones culturales y religiosas de la madre embarazada y el niño por nacer (sic)”. Este artículo abre el camino no sólo del alquiler de vientres sino del tráfico de recién nacidos ¿Acaso una mujer o niña que necesitó el Programa para sobrevivir está en condiciones de rechazar la familia que elija el juez?

Para más escándalo, Pinedo quiere que la identidad de las gestantes sea secreta y que sus nombres sólo sean accesibles con orden judicial. Como las mujeres que en los conventos del siglo XIX, para ocultar que habían pecado, dejaban subrepticiamente al bebé en una suerte de ventana de madera anclada sobre un plato giratorio, las “acompañadas” por el Estado serán mujeres sin nombre ni voz.

Pinedo quiere desconocer el artículo 595, inciso E, del Código Civil y Comercial, que garantiza a los adoptados el derecho de conocer su origen. Lo deja librado a la voluntad de la gestante, que puede elegir que se la exima de la aplicación. O sea que no quedaría registrada en ningún lugar la identidad de la madre biológica ni el destino del chico. Los adoptados tendrían vedado para siempre conocer su origen.

A la altura del artículo 8, el Programa ya alcanza el rango de disparate: “Aquellos niños que nacidos no hubiesen sido adoptados serán acogidos, alojados, alimentados, vestidos y educados a cargo del Programa creado por esta ley, en hogares de acogimiento u otros hogares infantiles de gestión pública o privada, organizados, habilitados, controlados y auditados de conformidad con las pautas que fije la reglamentación”.

Hay unos 400.000 abortos ilegales por año. Con esta ley se podría generar una legión de huérfanos institucionalizados “en hogares de acogimiento”, que bien podrían ser de gestión privada como los del cura Grassi o del Instituto Próvolo.

Del mismo modo que su jefa política, Gabriela Michetti, Pinedo aspira a sustituir con esta adopción tutelada incluso los abortos no punibles que ya contempla el Código Penal. En los considerandos se explica: “Eliminar, o por lo menos simplificar al máximo los requisitos que actualmente existen para que las mujeres opten por la entrega en adopción, es un objetivo que pretende desalentar las prácticas abortivas”.

Una vez entregado el bebé, cesa toda obligación del Estado. Como las chinitas de la oligarquía eran devueltas al campo, las donantes serán devueltas a las privaciones y a la miseria.

Es hora de mandar esta clase social al basurero de la historia.

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