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21 de julio de 2018

No al operativo de modificación de la ley de aborto

Finalmente se dieron a conocer versiones sobre el contenido de las modificaciones en el proyecto de ley de aborto legal que proponen los tres senadores por Córdoba (Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado -de Cambiemos- y el peronista Carlos Caserio).
 
La modificación central es la inclusión de la objeción por ideario institucional, a lo que se suma la reducción del tiempo de legalización (de 14 a 12 semanas de gestación) y un presupuesto y producción de misoprostol.
 
Como se puede observar, el único objeto de las modificaciones es el de atender las protestas de los grupos empresariales de la salud, que estando ligados o no al clero, salieron a manifestarse en rebeldía anticipada contra la ley.
 
Materdei directamente emitió un comunicado público explicitando las prácticas que no realiza como la ligadura tubaria, la vasectomía, el aborto y la fertilización. Con este pronunciamiento, confiesa que no cumple con la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, algo que ocurre frente a la completa inacción del Ministerio de Salud de la Nación, de este gobierno y de los anteriores.
Justamente la aplicación de ley de fertilización fue arrancada por medio de la presentación (ante cada efector privado y obra social), por parte de las afiliadas, de recursos de amparo para obligar a las empresas y a los sindicatos a cumplir la ley. Así se les impuso el tratamiento a varios de los grupos privados que ahora -como antes o incluso haciendo más ruido- se alzan contra las decisiones legislativas, incluso en potencia.
 
Cubriéndose detrás de idearios religiosos, el grupo Bazterrica, San Camilo, Hospital Universitario de Córdoba, Sagrada Familia, Grupo Austral y tantos otros efectores de salud privados (regenteados por algún sector de la Iglesia Católica y que son los únicos prestadores en infinidad de obra sociales, sindicales o no), protestan en defensa de sus intereses económicos, conspirando así contra el acceso a la salud de las trabajadoras.
 
La propuesta explicitada por integrantes de Cambiemos y del PJ, une en definitiva aquello que venía manifestando el diputado oficialista Daniel Lipovetzky, que en salidas mediáticas (por ejemplo, en El Intransigente de Salta) abrió la puerta a modificaciones. A su vez, el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, concedió en las audiencias que en el sector privado las empresas y médicos fueran objetores de conciencia si así lo deseaban. No lo lograron en su momento con el derecho a la maternidad, ahora pretenden conquistarlo frente al ejercicio del derecho a no avanzar con una gestación.
 
Anteponer el interés del clero y el de las empresas conspira contra el derecho a la maternidad y contra el derecho a la anticoncepción y a no continuar gestaciones no deseadas.
 
La modificación no integra en nada a los senadores enemigos del aborto legal, que son incapaces de poner por escrito lo que realmente quieren, porque ello implicaría eliminar, incluso, las tres causales despenalizadas que existen desde 1921.
 
La propuesta de modificación surge del trío de representantes políticos de una provincia en la que en materia de salud reproductiva y anticoncepción gobierna la ONG “Portal de Belén”. La reforma propuesta por estos incansables clericales, es también la confesión de lo difícil que les es ir completamente a contramano de este reclamo que es un grito popular. El extenso brazo del poder Vaticano está y sus maniobras están colocadas en los dos campos.
 
Las presiones de los empresarios de la salud llegaron incluso a encontrar en el triunvirato de la CGT a sus voceros, quienes al decir que las obras sociales no podrían costearlo, estaban saliendo en defensa de las empresas -de las que muchas veces son parte societaria- en las que tercerizan la atención de las trabajadoras, luego de haber vaciado las obras sociales de prestaciones propias.
 
Si bien la práctica legal del aborto no es onerosa, el lobby empresarial de las instituciones con “ideario religioso” levanta la voz también porque la legalización pone fin a prácticas que esas empresas cobran entre 30 mil y 120 mil pesos. La clandestinidad vip.
 
Con esta maniobra, el Senado se apresta también a salvar a Macri de tener que proceder mediante un posible veto parcial en favor de estos grupos empresariales, o al menos de colocar ese peso sobre sus debilitadas espaldas. Sabido es que la defensa de los intereses patronales son el el norte que rige la estrategia política y económica del gobierno y de los gobernadores.
 
La reducción del ya limitado tiempo de legalización que establece la media sanción, no hace más que mostrar la insistencia del Estado a aferrarse a leyes y disposiciones de tutelaje contra las mujeres, especialmente trabajadoras. La reducción perjudica de manera directa a las que no podrán resolver una gestación no deseada con dinero. En Estados Unidos, justamente, se está trabando el derecho a los abortos seguros a través de la reducción de las semanas de gestación para su legalización, un ataque directo a la población con menos recursos y menos acceso a la información y a la posibilidad de detectar embarazos no deseados.
 
En cuanto a la producción nacional de misoprostol, no necesita ser incluida en esta ley, puede disponerse a través de cualquier otra que también debiera incluir la producción nacional de otros medicamentos que hoy el Estado paga al precio que indican los monopolios internacionales. Es sólo una fachada para preservar la “seguridad jurídica” para las empresas de salud y acercar posiciones con el clero.
 
A repudiar fuertemente este intento de modificaciones con nuevas manifestaciones callejeras.

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