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3 de agosto de 2018

Semana de definiciones: la situación hacia el #8A

Por Mariana Ángeles
@romano_m
Semana de definiciones: la situación hacia el #8A

Drone Prensa Obrera

La sesión del Senado del miércoles 1° de agosto terminó sin dictamen. A pesar de que el senador del bloque del PJ Miguel Pichetto había prometido reunir las 27 firmas que garantizaban la mitad más uno de los votos para un dictamen de aborto legal con modificaciones, finalmente juntaron 26, sobre los 53 integrantes del plenario de comisiones.


Tras semanas de exposiciones y debates, en la Cámara Alta se impuso la maniobra de que no se dictamine nada, dejando en evidencia que la aprobación del aborto no se trata de un problema de argumentos sino de una lucha política que la Iglesia llevó adelante de manera implacable, incluso obteniendo concesiones en el campo de que estarían a favor de la legalización, aprovechando las vacilaciones y compromisos de todos los espacios políticos. 


Sin embargo, el movimiento popular que asumió esta causa es y puede ser aún más severa en la pelea por la conquista de este derecho que esa institución opresora, retrógrada, encubridora de pedófilos y funcional a los planes de ajuste.

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La ausencia de un dictamen no impide el tratamiento. Para que se sancione el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado deberá ser votado por mayoría “en general” y, a continuación, en lo que se llama el debate “en particular”, se deberán incorporar las modificaciones bajo las cuales los senadores que serían favorables a esta ley podrían reagrupar a la mayor cantidad de voluntades. De prosperar la votación se eliminará el artículo 2, que sostiene la penalización para aquellos que no cumplan con la ley,  la reducción a 12 las semanas de gestación para las cuales se legaliza la práctica y se modificará el artículo 15 que establece que las instituciones no pueden ser objetoras por ideario institucional, una presión que las empresas ejercieron desde antes de que se produjera la votación en diputados. Así, quedaría aprobada con sanción de Senadores una ley en los términos de lo que se conoce “la opción Córdoba”, porque lo promovieron los dos senadores del PRO y el senador del PJ de esa provincia. Si esto ocurriera, volvería a la Cámara de Diputados que debería votar esas modificaciones en una sesión que sería, según dicen, el 23 de agosto.

 
En las últimas horas la presión clerical ha logrado sumar otro voto, el de Juan Carlos Romero, el ex gobernador de Salta, que durante sus tres períodos gobernó con la anuencia de la Iglesia local y continuó el camino de Roberto Ulloa y Edgard Plaza, gobernadores de facto que bajo el gobierno militar empoderaron al clero provincial. Desde entonces, en Salta, la Iglesia católica no ha parado de ganar terreno en la vida política y social de la provincia. En Salta, la educación religiosa es obligatoria. Los resultados están a la vista: es la provincia con mayores índices de embarazos no deseados, de internaciones por abortos inseguros, de femicidios y de ataques sexuales. Una sociedad sumida en la barbarie. 


El Senado está dividido de forma paritaria. Ello, a pesar de que los jefes de todos los bloques votan a favor -de perderse la votación quedarán impugnados como conductores-. La definición final no se tratará del resultado coyuntural de una sumatoria de posiciones personales: depende de la decisión política del gobierno y del PJ. Con la movilización de millones de personas en las calles, un resultado adverso será una decisión de Estado. Un gobierno atravesado por crisis de todo tipo, con el clero conspirando detrás de cada una de ellas, de ninguna manera deja caer un tema tan sensible si no toma la determinación política de hacerlo. Como fue en Diputados, donde la votación positiva de la ley no estuvo asegurada hasta el último minuto, las posibilidades de aprobación de la ley se juegan en la demostración que hagamos en las calles el 8, que se anticipa como la más grande de la historia argentina en defensa de derechos sociales.


En medio de esta ofensiva clerical, las organizaciones vinculadas al Papa se movilizarán el 7 de agosto junto con los referentes “sociales” de la Iglesia, que se han pronunciado públicamente  y hecho una profusa campaña contra el aborto legal. La marcha pone en la calle a los voceros antiaborto que dicen defender a los sectores populares y a las mujeres más precarizadas: es una movilización que expresa el carácter de contención social sobre movimiento popular que juega la Iglesia, para que los trabajadores toleremos las consecuencias del ajuste, cuando aún falta lo peor, luego del pacto entre el gobierno y el FMI. En las vísperas del tratamiento de la ley en el Congreso juega objetivamente en contra del aborto legal y fortalece la posición de quienes falsamente se autodenominan “pro-vida”.


Lograr un resultado a favor del aborto  legal será un triunfo histórico, de una pelea que lleva más de 35 años, que desde un primer momento recogieron los partidos de izquierda en su programa constitutivo, que tomó impulso en los ´80, que luego levantó el movimiento piquetero en sus grandes asambleas a principios de este siglo, que más tarde se materializó en la conformación de la Campaña Nacional por el derecho al aborto y que este ascenso del movimiento de mujeres ha logrado instalar de forma definitiva en la sociedad e impuesto en el Congreso. Una lucha que se dio contra todos los gobiernos, que permitieron que se arraigue esa profunda imbricación entre el Estado y la Iglesia que, con este debate, ha quedado en evidencia con tanta claridad.


En este cuadro, la movilización del miércoles es decisiva. En todo el país: ¡a las calles!
 

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