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19 de octubre de 2018

Justicia por Sheila

Ni una menos. El Estado es responsable.
Por Corresponsal

El cuerpo de Sheila Alejandra Ayala, de 10 años de edad que estaba desaparecida desde el domingo, fue encontrado ayer en una bolsa de basura, en el barrio Trujuy del distrito bonaerense de San Miguel -una zona que ya había sido rastrillada anteriormente durante la búsqueda policial.

La autopsia arrojó hoy que Sheila “fue estrangulada con un lazo (…) Por el femicidio, este jueves por la tarde fueron detenidos los tíos de la menor, quienes confesaron el crimen ante la Policía” (Ámbito, 19/10).

Los resultados preliminares de la autopsia señalaban que por ahora no se habían detectado signos de abuso sexual, aunque estudios previos de investigadores habían alertado en ese sentido.

Casos como el de Sheila exponen la enorme descomposición social en el régimen capitalista, que se profundiza cada vez más.

Para la tarde de hoy, se convocó una movilización en el barrio Trujuy. El comunicado de Ni una Menos que llama a participar señala que “cuando siguen las escuelas vacías porque no hay condiciones mínimas de seguridad para niñez, Sheila, que tendría que estar en 5° grado, no estaba escolarizada. Está muerta. Sheila duele, desgarra, porque un femicidio de una niña desconoce además su condición infantil. Nos duele su cuerpo descartado, y trae de inmediato a la sensibilidad colectiva otros cuerpos: el de Melina Romero, asesinada y descartada en una bolsa de basura, el de Lucía Pérez en Mar del Plata, asesinada también cuando volvíamos del Encuentro en Rosario hace dos años, donde también se reprimió a la movilización feminista. Y el de Candela Rodríguez, porque también era una niña en edad de ir a la primaria".

Sheila fue asesinada en un distrito donde las mujeres deben enfrentar cotidianamente una  política de criminalización y cercenamiento de sus derechos más básicos por parte del gobierno de Jaime Méndez, de Cambiemos. Previo a la votación en el Senado contra la legalización del aborto, tanto Méndez como su antecesor (y actual funcionario de la provincia) Joaquín de la Torre, el director de la secundaria Juana Manso (la más importantes del distrito) y el Arzobispo realizaron desde los organismos del Estado una intensa campaña en contra del derecho a decidir. Pablo de la Torre, secretario de Salud y Bienestar Familiar, salió en los medios locales a condenar la lucha por el aborto, negando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos incluso en caso de violaciones.

El 23 de agosto dos trabajadoras del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar del distrito fueron despedidas por reivindicar la lucha de las mujeres, luego de que una senadora observara un cartel que decía “Ni una menos, vivas nos queremos”.

El ataque sistemático y la negación a los derechos básicos, como son la obtención de anticonceptivos, es el correlato a la extensa campaña clerical que se está desarrollando en estos momentos por parte de los grupos pro-aborto clandestino contra el acceso a la Educación Sexual Integral. El poder político se ha arrodillado ante los sectores oscurantistas que le ofrecen “contención social” en el marco de la crisis.

Esta política persecutoria da cuenta de la enorme importancia que ha adquirido la lucha por la separación de la Iglesia del Estado y por educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, y la entrega de anticonceptivos gratuitos y acordes.

¿Qué puede hacer frente  a los femicidios un municipio que acarrea esta orientación oscurantista?

Desde el Plenario de Trabajadoras participamos de la movilización al barrio Trujuy exigiendo una inmediata resolución y justicia en el caso de Sheila, y que se garanticen todos los derechos de las mujeres y las niñas en el distrito.

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