fbnoscript
30 de octubre de 2018

Misoprostol en las farmacias para abortos no punibles

La Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) autorizó la comercialización en farmacias de pastillas de misoprostol para uso ginecológico. En julio había sido autorizado para este fin, pero exclusivamente en hospitales con servicio de obstetricia. Se trata de un fármaco para la inducción de partos, prevención o tratamiento de hemorragias en el parto y al que se recurre para la interrupción de embarazos. 

Su venta en farmacias es un logro del movimiento de mujeres que lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Con esta droga la interrupción del embarazo se puede realizar de manera más segura, sin necesidad de internación, mediante un mero procedimiento farmacológico. La Organización Mundial de la Salud recomienda este método, por ser altamente efectivo. El misoprostol es la droga a la que apelan muchas mujeres –aquellas que pueden pagarlo– para la practicar un aborto. En las farmacias se venderá en cajas de 12 pastillas (recomendadas para un aborto seguro) y con receta ginecológica. Hasta ahora, solamente se conseguía a través de un medicamento llamado Oxaprost, de Laboratorios Beta. El Oxaprost mezcla el misoprostol con diclofenac, para el cual el misoprostol funciona como cobertor gástrico. Su precio de venta en el mercado se encuentra alrededor de los $4.500 -más de diez veces más de lo que cuestan en el mercado 12 pastillas de diclofenac y otras tantas de un protector gástrico cualquiera que no superan los $300. Costo al que claramente el Oxaprost se vendía para la realización de abortos, sin que el Estado controlara los precios.

 Ahora, en las farmacias, el misoprostol de 200mg se venderá bajo la clasificación de medicamentos “bajo receta archivada”. Ello implica que la receta, a nombre del paciente y con la firma del profesional, se conserva en la farmacia durante dos años y es controlada por las inspecciones de la misma, lo que mantendrá el negociado con su comercialización en el mercado negro, que implica un precio coercitivo para las mujeres pobres, como ya sucede hoy, y lleva también a una pérdida de calidad del producto y a la venta de pastillas placebo por costos superiores a los de mercado.

Por otra parte, en este caso, la producción no estará en manos del Estado. El laboratorio Domínguez ha sido autorizado para la producción de misoprostol para uso obstétrico (abortivo o para inducción del parto). Paralelamente en Santa Fe ya se está procesando la producción provincial de misoprostol, algo que pondrá en evidencia el abismo que hay entre los valores comerciales y los costos de producción. Mientras que Santa Fe anuncia que saldrá $300 de costo, Laboratorio Domínguez ha intentado eludir adelantar cuál será el precio de mercado pero sí estableció un piso declarando que no será menor a los $1500. 

El dueño del laboratorio, Mario Domínguez –graduado de la UCA y presidente del Comité Central de Bioética de la provincia de Entre Ríos- pidió la ampliación de la venta a farmacias. La producción estatal tendría costos mucho menores, como ha advertido reiteradamente el movimiento de mujeres y como confirmara la producción santafesina, que también se estima que estará lista para diciembre. Además de su producción pública, lo que ha quedado por fuera de la aprobación de la ANMAT es la mifepristona, droga complementaria al misoprostol. 

Con este reconocimiento científico y legal a que el misoprostol puede ser utilizado para la interrupción de los embarazos de manera sencilla y segura, con un mínimo seguimiento médico técnico, debemos reforzar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. 

Para derrotar las presiones y la persecución del lobby clerical, que se garantice el acceso al aborto no punible, se deje de perseguir a las organizaciones que se encargan de asistir a las mujeres, expulsar del sistema de salud a los agentes del clero. 

Solamente el aborto legal, seguro y gratuito terminará con la muerte de las mujeres más pobres, garantiza la protección profesional y liberará a las mujeres de la opresión estatal-clerical que, en su psicología, en su conciencia y sus prácticas, implica la ilegalidad del aborto.

En esta nota:

Compartir

Comentarios