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27 de noviembre de 2018

La justicia garantiza la impunidad del femicidio de Lucía Pérez

El lunes 26, horas antes de que miles de mujeres saliéramos a las calles en una nueva jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres, se dictó en Mar del Plata la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez, de 16 años: Matías Farías (25), un dealer que vendía drogas en colegios secundarios del barrio, y Pablo Offidani (43), hijo de un importante escribano marplatense con vínculos con el intendente Arroyo, resultaron absueltos de los cargos de violación y femicidio y condenados a 8 años de prisión por tenencia de estupefacientes. Alejandro Maciel (61), quien habría ayudado a lavar el cuerpo de Lucía y a abandonarlo en la puerta de la salita, fue absuelto de todos los cargos.

Lucía fue drogada, violada y asesinada y su cadáver fue dejado en la puerta de una guardia de un centro de salud de Playa Serena. Su femicidio desencadenó uno de los hitos más importantes en la historia del movimiento de mujeres en Argentina: un paro impulsado por las mujeres y enormes movilizaciones en todo el país, llegando a miles en Buenos Aires, el centro del poder político.

Protección e impunidad

Desde su elevación a juicio, el proceso estuvo marcado por maniobras que claramente apuntaban a ensuciar la causa. El primer abogado defensor de Offidani fue un funcionario municipal que debió renunciar por el escándalo que suscitó su vínculo con el poder político marplatense. Era evidente el intento de proteger no solo a un hijo del poder, sino también un negocio: el de la venta de drogas a adolescentes en las puertas de los colegios del barrio. A su vez, María Isabel Sánchez, la primera fiscal que inicio la investigación, se retiró en medio de dudosas declaraciones y pidió licencia psiquiátrica. Los abogados defensores de los tres acusados usaron todos los errores cometidos en la instrucción de la causa a su favor. Otro capítulo a destacar fue el rol de los peritos intervinientes: tanto los peritos oficiales como los de una junta médica especial que ordeno formar la Corte Suprema bonaerense, no pudieron probar la ausencia o la presencia del abuso sexual. Los jueces consideraron que no hubo violación, y que la muerte de la joven se produjo por “asfixia toxica”, por el excesivo consumo de cocaína.

Significa que para los jueces las relaciones sexuales entre una menor de 16 años con dos hombres mayores, bajo los efectos de estupefacientes, se podrían haber consumado en un marco de consentimiento de todos los participantes. Más allá de la supuesta falta de pruebas, es evidente que no se puede asimilar bajo ningún punto de vista la voluntad y la responsabilidad de una adolescente bajo los efectos de las drogas a la voluntad y responsabilidad de dos hombres mayores, quienes le proveyeron esas drogas y se llevaron a la menor a su casa. Pero eso es lo que hicieron estos jueces: responsabilizaron a Lucía de su propia muerte y exculparon a sus femicidas.

Estamos frente a una nueva acción del régimen social que busca descargar las culpas de la violencia sobre las víctimas, con el objetivo de perpetuar el disciplinamiento y el sometimiento de las mujeres y niñas en particular, para consolidar la dominación sobre el conjunto de la población. Las cifras de femicidios, que llegaron a uno cada 32 horas este 2018, son elocuentes en este sentido. En el caso de Lucía, estamos en presencia además de una brutal operación de encubrimiento y protección a personas vinculadas al poder político de Mar del Plata, pero también a los narcotraficantes que hacen negocios con las vidas de los y las jóvenes marplatenses.

Llamamos al movimiento de mujeres, que sigue luchando por el fin de todas las violencias, por el fin de los femicidios, por el aborto legal y por el fin del oscurantismo reaccionario, y toda la población a organizarse para enfrentar a quienes violentan nuestra vida todos los días con las políticas de ajuste, desocupación y tarifazos, y que en pos de proteger esas políticas, buscan hundirnos en la violencia y la descomposición.

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