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26 de diciembre de 2018

La Rioja: La impunidad no se toma vacaciones

En los últimos días, un cartel en la puerta de la Fiscalía de Género volvió a generar indignación entre las mujeres de La Rioja, ya que se anunciaba que durante los días de las fiestas de fin de año la Fiscalía se encontraría cerrada. El punto no debería llamar tanto la atención si se tiene en cuenta que en esas fechas todos los trabajadores y trabajadoras tienen días libres para pasar las fiestas con sus familias. Sin embargo, esto ocurre cuando está a punto de cumplirse un año del femicidio de Deolinda Torres, asesinada durante el último verano. Luego del crimen de Deolinda se supo que ella había ido en reiteradas ocasiones por la Fiscalía de género denunciando que su ex pareja no cumplía la orden de restricción que se le había otorgado y seguía violentándola. En la Fiscalia le dijeron que fuera después de febrero, ya que durante la feria no iban a atender su reclamo. Dos días después de hacer su última denuncia, fue asesinada.

En febrero del año 2015 el caso de Romina Ríos, asesinada por un integrante de la fuerza policial Pedro Ortíz, conmovió a la provincia. Previo a ser encontrada incinerada, Romina había estado desaparecida y con vida durante tres días, en los cuales no fue buscada por la policía, bajo el argumento de que todo el personal estaba designado a custodiar las “chayas” barriales (en las que la policía reprimía a la gente que se juntaba a festejar).

Ahora, diciembre llega en medio de un fallo de impunidad en el caso de José Siman, hijo de un poderoso empresario de la ciudad y sobrino del ex Presidente Carlos Menem, acusado de violación a una joven estudiante. La Justicia dio por anulada la primera declaración que Simán hizo de manera voluntaria apenas se radicó la denuncia en la que afirmaba que no había tenido ningún tipo de contacto con Emilia y que ella lo “extorsionaba” por dinero. Luego de que el hisopado vaginal y una serie de pruebas más comprobaran la violación, Simán solicitó al Tribunal anular la primera declaración y declarar que hubo una relación consentida. Este disparate fue validado en otro acto de encubrimiento para un hijo del poder, en un caso en el que ya había sido separado el Juez Daniel Barría ya que se había considerado “nefasto” su accionar en la causa. También durante estos días se conoció el fallo en la causa del femicidio de Noelia Menem, asesinada por 20 puñaladas por su ex pareja en 2016. El fallo dictaminó prisión perpetua para el femicida Villegas pero evitó caratular la causa como femicidio.

Basta de impunidad

La impunidad en La Rioja es moneda corriente, es por eso que desde el movimiento de mujeres se exige, entre otras cosas, la destitución del Juez Daniel Barría, no solo por su accionar encubridor en el caso Siman, sino por un sinnúmero de fallos de impunidad y misoginia que le han dado el mote del “Juez del poder”. Barría ha encubierto las denuncias de abuso de menores contra Beder Herrera, fue defensor de los proxenetas Chenga Gómez y Liliana Medina, implicados en el caso Marita Verón y ha favorecido al gobierno en numerosas causas de corrupción. Pero Barría es solo una parte de todo un régimen de impunidad que nos tiene a las mujeres como principales víctimas.

 El Estado deja constantemente desamparadas a las mujeres, como muestra el caso de Deolinda. En la Fiscalía de género no solo hay que tener “suerte” de ser atendida y que se tomen medidas de protección, sino que cuando lo hacen se prueba que la misma está desprovista de toda herramienta para atender a las mujeres, ya que no hay médicos, psicólogos ni ningún especialista que intervenga. Las órdenes de restricción son letra muerta que no se cumple y los pocos refugios existentes no tienen lugar para la cantidad de denuncias que se reciben.

Exigimos, por eso, la conformación de un Consejo Autónomo de la Mujer, que tenga el poder de separar de las causas en materia de género a jueces y fiscales implicados en fallos misóginos y encubridores y que tenga partida presupuestaria propia para asistir a las mujeres en situación de violencia. Basta de precarización laboral para las trabajadoras de fiscalía de género, refugios, etc. 

Ni una menos, el Estado es responsable.
 

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