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3 de enero de 2019

Un fallo condena al Estado por no garantizar un aborto legal

La víctima, de Paraná, sufrió un ACV luego de que un médico ´celeste´ impidiese la operación. Será indemnizada.

En el año 2011, MG solicitó la realización de un aborto en el hospital San Martin de Paraná, Entre Ríos, autorizado por razones médicas –algo amparado por ley en el Código Penal ya desde 1921, luego ratificado por la Corte Suprema, que permite el aborto en el supuesto de que se encuentre en peligro la salud de la mujer como también en caso de violación. MG había sufrido cinco abortos espontáneos. Sin embargo, la interrupción del embarazo no se llevó a cabo por la intervención de un médico cardiólogo, César Pazo, de militancia ultramontana, que lo impidió sobre la base de amenazas a sus colegas. A MG finalmente debieron trasladarla de urgencia a Buenos Aires para dar a luz. Durante el traslado sufrió un ACV que le dejó secuelas físicas permanentes.

Ahora, la Justicia acaba de fallar a favor de la demanda de MG, condenando al Estado entrerriano a compensarla económicamente.

El fallo resulta clarificador. Señala el carácter ilegal de la irrupción de Pazo y la violación del principio de confidencialidad de la paciente, marcando que su actuación fue motivada “por motivos ajenos a la medicina” y señalando que “el Estado, en lugar de garantizar el acceso de MG a una práctica permitida por ley, la revictimizó, la expuso a situaciones de maltrato y violencia institucional, la obligó a llevar a término un embarazo contra su voluntad expresa y le exigió arriesgar su salud y su vida, todo lo cual le provocó enormes daños morales y físicos que también afectaron a su marido y a su hijo”. A su vez, el fallo sostiene que se trató de “la violación del derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud”.

Con estas consideraciones, el fallo establece sin embargo una compensación económica módica, de apenas $448 mil pesos, que deberá solventar el Estado entrerriano.

El caso de MG pone de manifiesto el amparo del Estado a los elementos clericales que infectan el sistema de salud pública, que en Paraná y en todo el país actúan a sus anchas impidiendo incluso los abortos permitidos por la ley. Estos mismos sectores son los que pujaron por la introducción de la “objeción de conciencia” en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se trató en el Congreso, para garantizarse en una eventual aprobación seguir bloqueando los derechos elementales de las mujeres.

Cesar Pazo no es solamente un médico cardiólogo que responde a la Iglesia Católica, como evidencian sus mensajes en Twitter llenos de referencias y citas al Papa Francisco. A su vez, interviene en política local: forma parte del ultraderechista partido carapintada Partido Popular de la Reconstrucción, y en 2015 fue candidato de Sergio Massa en Paraná. La militancia de Pazo contraria a los derechos de las mujeres pone en peligro la salud e integridad de las paranaenses.

La pelea por el aborto legal, el acceso al aborto no punible y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer (como la realización segura de la atadura de trompas) es una lucha política, por la separación de la Iglesia del Estado y  contra el poder político que permite a las bandas del pañuelo celeste intervenir y operar en el sistema de salud y el sistema educativo.

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