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22 de marzo de 2019

Cornejo: no lucren con Ni Una Menos

Las jornadas sobre violencia de género, con matrículas de hasta $4000
Soledad Sosa

Soledad Sosa

Diputada Nacional (MC) y Secretaria General Adjunta CTA Autónoma

Los cinco años de movilizaciones multitudinarias de las mujeres por Ni Una Menos, expresan el fracaso de las llamadas políticas públicas de todos los gobiernos e instituciones del Estado. Pero además, esta demanda social está siendo utilizada económicamente en nuestra provincia por el Poder Judicial junto a entidades privadas.

Es el caso de las VIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos que organiza el Ministerio Público Fiscal a cargo del Procurador Alejandro Gullé, a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril próximo en la sede del Hotel Sheraton (entidad privada) con una matrícula para público en general que oscila entre $3.500 y $4.000 según la fecha de inscripción, cena de camaradería o no y acceso a las jornadas.

La misma contará con profesionales reconocidos en el ambiente, a saber la presencia de Rita Segato, antropóloga y feminista, autora de libros importantes para el ámbito jurídico como “Estructuras Elementales de la Violencia de Género”.

Los fines de lucro del evento se pueden verificar no sólo en el precio de la matrícula general, o el lugar donde se realiza -que bien podría ser en una dependencia público estatal como la Nave Cultural, Le Parc, Centro de Congresos y Exposiciones- sino también en la solapa del evento que incluye “Hoteles y Turismo” en el que figuran 21 hoteles más la oferta vitivinícola y gastronómica característica de la provincia.

Lo que más preocupa en un contexto de la mayor crisis económica social del país, es que mientras llenamos las calles de pueblo contra el flagelo de los femicidios, por mayor presupuesto para asistencia y protección de mujeres en situación de violencia, por trabajo y los derechos sociales postergados como es el aborto legal, es que a los auxiliares y funcionarios judiciales también se les cobra ingreso para esta capacitación y son quienes están en la primera línea de atención de este flagelo.

Según el Ministerio Público Fiscal, para “facilitar el acceso a las jornadas” de auxiliares y funcionarios judiciales se crea una matrícula especial que ronda entre $1.800 a $2.300 según la fecha de inscripción. Además del otorgamiento de un punto en el legajo.

La capacitación laboral es una responsabilidad a cargo del empleador y en este caso se trata del Poder Judicial de Mendoza, que debiera garantizar la completa gratuidad para los agentes judiciales en vez de favorecer convenios con entidades privadas y promover el turismo a costa de la lucha de las mujeres que enfrentan cotidianamente la violencia institucional, sobre todo en una institución como la judicial con su estructura que roza lo feudal en cuanto a privilegios de jueces, ministros de la corte y la estructura jerárquica, con el machismo que lo caracteriza.

La situación de las trabajadoras judiciales está marcada por la precariedad laboral y el ajuste reinante, aunque somos mayoría no contamos con derechos laborales como ser: guardería en los lugares de trabajo o su pago en el salario, día femenino, lactarios, somos discriminadas por las licencias por maternidad a la hora de volver al lugar donde estábamos, estamos expuestas a horarios rotativos y nocturnidad en el caso de las oficinas fiscales del MPF, entre algunas problemáticas más comunes a nuestros compañeros.

Por esto, desde la CTA Autónoma de Mendoza hemos solicitado al Procurador Gullé la gratuidad de los empleados y funcionarios judiciales, y lo hemos hecho extensivo a todas las estructuras del Estado provincial. Desde el 8M que presentamos el pedido, sin recibir respuesta del procurador a la fecha.

Basta de lucrar desde el Estado con Ni Una Menos.

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