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1 de agosto de 2019

Adopción prenatal en Corrientes: un fallo a la medida de la reacción y el clero

Por Luz
de Corrientes

“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”: así se expresó la joven de 17 años frente a la jueza de familia de Paso de los Libres. Hace dos años tuvo un bebé, producto de una de las reiteradas violaciones que sufrió por parte de su padrastro desde los 13 años. En marzo de este año, notó que estaba embarazada nuevamente y se escapó de la casa donde convivía con su abusador; fue al juzgado con su tía y pidió decidida que se le conceda el derecho a interrumpir el embarazo. Sin embargo, en el Hospital San José los médicos le “desaconsejaron” la práctica, alegando las complicaciones que podría conllevar por tratarse de un embarazo de 23-24 semanas –entre el quinto y sexto mes de gestación. La joven finalmente desistió y terminó solicitando la adopción.

Ante esta situación, la misma jueza, Marta Legarreta, que avaló el pedido original de interrupción del embarazo, luego firmó la orden de adopción ¡antes de que el bebé haya nacido! Se trata de un hecho inédito en nuestro país, que forma parte del reclamo oscurantista que sostienen los antiderechos, y con el que inundaron con proyectos de ley las cámaras de senadores y diputados nacionales, para convertir a mujeres que sufren embarazos no deseados en “incubadoras” hasta que den en adopción, favoreciendo de este modo el mercado negro de la venta de niños.

En la Provincia de Corrientes, las disposiciones que establece el Código Penal desde 1921, que avala la Interrupción del embarazo en estos casos, son letra muerta. Corrientes no sólo es una de las siete provincias del país que no adhiere al Protocolo Nacional de aplicación para garantizar la IVE en los casos no punibles, sino que cuenta con un decreto provincial que lo da por anulado y en el que se amparan varios centros de salud.

La propia jueza Legarreta afirmó en una entrevista a Clarín que “el problema está en que los médicos tienen miedo, miedo que les inicien un proceso, miedo porque en Corrientes no hay protocolo de ILE” –confesando que el cuerpo de trabajadores médicos de la provincia actúa bajo presión política por parte de quienes detentan el poder del Estado, y que ello los obliga a negar derechos sistemáticamente, al menos en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva. ¡Hasta una funcionaria de alto rango del Estado, como es una jueza, se muestra impotente ante esta realidad que venimos denunciando hace años desde el movimiento de mujeres! Huelga aclarar que, tratándose de una jueza, bien podría iniciar las demandas correspondientes contra una situación que ilustra a un cuerpo de trabajadores que vive amenazado, en lugar de “explicarlo” alegremente en los diarios.

Toda la historia es aberrante. Ningún organismo del Estado en Corrientes tomó nota de la situación de abuso extremo que padecía la niña de 13 años. Tampoco su embarazo ni su maternidad. Los años en que ella sufría estas vejaciones fueron justamente aquellos en que el movimiento de mujeres copaba masivamente las calles por Ni Una Menos, el aborto legal, la separación de la Iglesia y el Estado, y denunciando la responsabilidad del Estado en las violencias que sufrimos.

Mientras esto ocurría, en Corrientes el Gobierno de Gustavo Valdés, de Eco Cambiemos, no dudaba en avalar las reaccionarias movilizaciones de los eclesiásticos cómplices de los curas pedófilos, que exigían el aborto clandestino y todo tipo de humillaciones para la mujer. En línea con ello, las capacitaciones para los docentes en materia de “educación sexual” en los Centros de Atención a la Primera Infancia, los brinda en la provincia la Fundación Conin, del antiderechos Abel Albino (autor de barbaridades como que el Sida se transmite a través de la porcelana, como parte de su militancia contra el uso del preservativo). La ley de Educación Provincial del 2018, avalada también por los diputados kirchneristas, se expresa netamente a favor de la educación sexual “responsable” y promueve la injerencia de las religiones –lo que evidencia que la “responsabilidad” no es concebida como una sexualidad saludable y libre de violencias, sino la “castidad” y el rechazo a los métodos científicos- tal cual lo expresa la ley nacional pactada con la Iglesia por la hoy devenida “feminista” electoral, Cristina Kirchner.

Julián Dindart, ex ministro de salud de la provincia –y ex presidente de la Comisión de Mujer y Niñez del Congreso, hasta que la campaña de Soledad Sosa logró desplazarlo de ese cargo-, quien afirmó que “las mujeres se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo”, no salió de la galera. Siendo la provincia más pobre del país, la iglesia en Corrientes tiene el rol central de adiestrar, regimentar, someter sobre todo a las mujeres y para eso cuenta con el aval de todo el poder político y económico.

El desgarrador caso de esta adolescente de 17 años, irradia todavía más oscurantismo. El hecho de que haya llegado al sistema judicial y de salud con un embarazo tan avanzado da cuenta de que todo el sistema falla a la hora de garantizar derechos. La despenalización por causales, que existe desde hace casi un siglo en nuestro país, no ha logrado revertir un centímetro el cuadro de atraso vigente en esta materia. Este dramático caso ilustra la perversión de la campaña de los Fernández que levantan la “despenalización” contra la lucha de las mujeres por la legalización, como si tal cosa no existiera ya (esta niña cumple con creces los requisitos para la no punibilidad) y como si ello alcanzara para salvar a mujeres y niñas de la tortura de llevar a término un embarazo no deseado.

El verso de que en vez de abortar se puede dar en adopción, porque hay quienes no pueden tener hijos, es la bandera que levanta la Iglesia, entongada históricamente hasta el tuétano con los negocios de venta, secuestro, sometimiento, violaciones y tráfico de bebés y niñxs. Otra vez, con el aval total del poder político y judicial. Tampoco es causalidad para ampliar la foto del régimen correntino, que el Juez Federal de Paso de los Libres, Fresneda, propuesto por el Gobernador Valdés y votado por el ahora ex kirchnerista, devenido macrista, diputado nacional “Camau” Espinola, esté señalado hace años como cómplice de tratantes y narcos. 

Han sometido a una piba a toda esta historia y a otro parto forzado. Y a que se vaya en bondi a la casa, a 80 kilómetros del hospital, cuando acababa de parir en esas condiciones. Una brutalidad que ya no encuentra razón de ser.

Más que nunca, necesitamos reforzar al poderoso movimiento de mujeres, para que así como exige la independencia del Estado con la iglesia, tire por la borda las barreras de contención de todos los partidos patronales aliados al clero, que se esfuerzan por llevar nuestra lucha a un impasse en función de sus aspiraciones electorales. Contra todos ellos, tenemos que retomar las calles para imponer de manera independiente, contra esta podredumbre de régimen social, una salida en favor de las mujeres, la juventud y los trabajadores.

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