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21 de noviembre de 2019

Las idas y vueltas del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo

Finalmente, Macri vetaría la resolución de la Secretaría de Salud

En el día de ayer, la Secretaría de Salud de la Nación aprobó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la Interrupción Legal del Embarazo”. Sin dudas, es el resultado de las presiones ejercidas por el movimiento de mujeres y disidencias por el efectivo cumplimiento de la ILE, en el marco de la lucha por la legalización del aborto. Pero, pocas horas después, se conoció que la resolución firmada por el Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, sería vetada por el aún presidente Mauricio Macri. Si bien se estimó que el gobierno había dado marcha atrás con esta anulación, finalmente los ministros celestes del gabinete confirmaron que el veto se publicará en los próximos días.

Esto porque la resolución desató una crisis interna al interior de Cambiemos. Mientras un sector del radicalismo apoyó el protocolo y a Rubinstein, Marcos Peña pidió su renuncia y el senador nacional Federico Pinedo expresó todo tipo de declaraciones antiderechos, en línea con la bolsonarización que el PRO le imprimió al último tramo de su campaña electoral. También se sumaron a repudiar el protocolo las palabras santas del Arzobispo de La Plata, ‘Tucho’ Fernández, quien a su vez se encuentra en campaña para presionar al nuevo gobierno de Alberto Fernández para que desista de enviar su proyecto propio sobre la legalización del aborto y bloquee todo avance al respecto.

Finalmente, tras estas idas y venidas, luego de una reunión de gabinete Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, anunció que se vetará el protocolo. Es notorio que Macri busca afirmarse como líder de la oposición reforzando sus vínculos con el clero, los antiderechos y los sectores más derechistas. Como mostró el roce del nuevo presidente con un sector eclesiástico cercano al Papa, la ofensiva clerical no detiene su marcha, y sobre ella buscan apoyarse quienes pasarán a ser oposición.

Un protocolo progresivo

La actualización dispuesta por la Secretaría de Salud se realiza sobre el protocolo publicado en el año 2015, que establece el derecho de las personas gestantes a realizarse un aborto no punible en el caso de que el embarazo resulte un peligro para la vida y/o la salud o haya sido producto de una violación. Esta norma se sostiene en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal de 1921, ratificado luego por el Fallo FAL de la Corte Suprema en el año 2012.

La reciente resolución, con su protocolo de 77 páginas, establecía elementos progresivos que son reflejo de las discusiones que ha instalado en la agenda política la ola verde. En primer lugar, consideraba incuestionable la decisión de la persona gestante, no pudiendo ser sometida a juicios de valor derivados de las consideraciones personales y religiosas de lxs profesionales de la salud. Ponderaba el principio de autonomía en base a una información veraz, adecuada y completa.

A su vez, desarrollaba el causal ‘salud’ desde una perspectiva integral, contemplando las dimensiones de salud mental, social y física. En este sentido, incorporaba factores de vulnerabilidad social y violencia basada en género. También abarcaba a las personas con discapacidad, hoy excluidas permanentemente de este derecho.

Además, desarrollaba la importancia de la accesibilidad. La práctica no podía ser judicializada ni obstaculizada, y establecía un plazo de 10 días para la efectivización de la ILE cuando fuera solicitada. La figura del “objetor de conciencia”, por su parte, estaba contemplada solo de manera individual –excluyendo la objeción institucional- y fijaba un plazo de 24 horas para derivar a la paciente a otrx profesional que continúe su atención.

La lucha por su implementación

La actualización del protocolo contaba con rango ministerial, es decir que las provincias donde no existieran protocolos vigentes, o éstos presentaran rasgos restrictivos, iban a regirse por la nueva resolución. Este es el caso de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán, que no adhieren a ningún protocolo actualmente.

Esto es lo que omiten las declaraciones favorables de distintos funcionarios tanto macristas como albertistas, que ocultan el desconocimiento sistemático de estos derechos que sufren las mujeres y las personas gestantes, sobre todo en las provincias donde la Iglesia juega un rol preponderante, como en el norte del país. Por ejemplo, tenemos que el diputado nacional Pablo Yedlin -quien suena como ministro de Salud de Alberto Fernández- declaró su acuerdo con la actualización del protocolo, cuando proviene del gobierno de Manzur que obliga a ser madres a las niñas abusadas en Tucumán. Algo similar ocurre en Chaco con los gobierno de Peppo y Capitanich, ambos alineados ahora con el Frente de Todos.

Donde sí se cumple, el acceso a la ILE corre por cuenta del esfuerzo de lxs profesionales y trabajadores de la salud. Esta política sigue beneficiando a las clínicas privadas de los abortos clandestinos.

En definitiva, tenemos que seguir luchando por el cumplimiento de la ILE, e impulsar a ese gran movimiento de mujeres y disidencias en las calles hasta conquistar el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.

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