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25 de febrero de 2020

La niña madre Wichi y el elogio de Sáenz al Ejército


El gobernador de Salta elogió al ejército a través de las redes por su intervención en el caso de una chica de 14 años embarazada. Su relato soslaya el hecho trágico de que una preadolescente hubiera tenido que llevar a término un embarazo. No nos sorprende, el embarazo infantil y adolescente es moneda corriente, como fruto del abuso sistemático del que son víctimas. 

El caldo de cultivo de esta epidemia social es el Estado y sus gobiernos. Es una suerte de naturalización del derecho de pernada, recurso cotidiano de los sectores acomodados de la provincia. Y la completa complicidad con el sometimiento sexual cotidiano de niños y niñas por parte de autoridades eclesiásticas a las que ni el Estado Argentino ni el Vaticano condenan. El caso Zancheta es un ejemplo de eso. Y muchos otros se hicieron conocidos en la provincia. 

Hace unos años la corte salteña desprocesó a un adulto (caso Ruiz) por abuso con acceso carnal a una niña wichi de 11 años, que resultó embarazada, en nombre de que la práctica formaba parte de su cultura. Según aquel repudiable fallo, las niñas son sometidas desde el inicio del periodo menstrual y esa conducta estaría legitimada por su comunidad. El caso fue un escándalo nacional al aceptarse en juicio el testimonio a un antropólogo que afirmó que se trata de una “práctica ancestral”. Pero la corte puso una supuesta costumbre por encima del código penal y los derechos de una niña. Ruiz quedo en libertad y el caso prescribió. Nunca hubo justicia para esa niña que tuvo que parir a los 11 años y hoy es una de las tantas wichis que viven en la extrema pobreza.

Otro escándalo nacional fue el caso Juana, una niña wichi discapacitada que sufrió una violación en banda y no fue atendida, se supo de su caso cuando ya cursaba el 6° mes de embarazo. Con este caso quedó al desnudo como sufren las mujeres y niñas de las comunidades originarias los abusos. Hoy en día le llaman violación en manada, en los parajes es el chineo, una vieja práctica que impusieron los españoles y hoy lo practican los criollos. 

Todas las instituciones del estado han sido responsables en este caso. La impunidad de los funcionarios responsables es total.

Sáenz celebra cínicamente que una niña wichi de 14 años, gracias al esfuerzo del Ejército y de ¡Dios! tuvo un hermoso bebé. La niña de Alto la Sierra cursaba un embarazo de riesgo y se le practicó una cesárea de emergencia por preeclampsia. Ella sobrevivió solo porque en la crisis han debido instalar en la zona médicos y todo un dispositivo de emergencia. La presencia del Ejército es parte de un operativo político que tiene una finalidad reaccionaria de reconciliación con la institución genocida ahora colocada en función de la “asistencia social” tarea que debe garantizar el ministerio respectivo y de manera permanente. El operativo de emergencia incluida la presencia de médicos no tiene continuidad en el tiempo y se desarmará apenas el tema salga del debate público. Así quedó claro en las respuestas de los ministros al diputado Del Plá. No hay plan para instalar de modo permanente el dispositivo de salud para evitar estas muertes. 

Las declaraciones de Sáenz pintan de cuerpo entero a su régimen oligárquico, tutelado por la iglesia, continuidad completa de los gobiernos de Romero y Urtubey. Redoblamos nuestro reclamo de que la provincia adhiera ya mismo al protocolo de aborto no punible, ESI laica y científica en las escuelas, separación de la iglesia y el Estado, médicos con dedicación exclusiva al hospital público en todo el interior. .
 

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