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25 de febrero de 2020

Dos años del femicidio de Karina y Valentina

La lucha sigue ante la impunidad del Estado.
Por Patricia Jure diputada Frente de Izquierda y de los Trabajadores

El 22 de febrero de 2018, a las 13:30hs, Lorenzo Muñoz apuñaló e la vía pública a Karina Apablaza y su hija Valentina de 11 años en Las Ovejas.

A dos años del brutal doble femicidio, el Plenario de Trabajadoras impulsó actividades en Cutral Co y Plaza Huincul (de donde eran oriundas) y en la zona Norte de la provincia, acechada por una creciente ola de violencia que en enero estalló con el femicidio de Celeste Saavedra en Tricao Malal.

El caso de Karina y Valentina, resume todas las evidencias de la responsabilidad del Estado y las iglesias en el sometimiento a las mujeres al disciplinamiento social, promoviendo la violencia hasta llegar a la muerte.

Karina realizó, no una, sino cinco denuncias por violencia y abuso a su hija menor por parte de Muñoz (quien ya había sido denunciado por compañeras de trabajo). El fiscal y el juez actuaron con desidia, no protegiendo a ambas y exponiéndolas a la muerte.

La iglesia (evangélica en este caso), que es bancada con subsidios, propiedades, condonaciones impositivas, presionó para ”reconciliar” a Karina y Muñoz, como si se trataran de responsabilidades paritarias y en una clara tarea de sometimiento de la mujer.

Luego del femicidio, se montó un operativo de autoencubrimiento estatal.

El gobernador decretó un asueto, repudiado por las movilizaciones en reclamo de justicia y la familia Apablaza. Se desplegó una puesta en escena con cientos de policías y gendarmes para la búsqueda y rastrillaje del prófugo durante 23 días, que culminó con la aparición del cuerpo sin vida (supuesto suicidio) del femicida apenas a 150 metros del hecho.

Fue con la movilización popular que se logró llevar al banquillo de los acusados al juez y al fiscal y el 20 de noviembre de 2018. Y el Jurado de enjuiciamiento dispuso la destitución del fiscal Ricardo Videla y la suspensión por 60 días, sin goce de haberes, del juez de Familia Carlos Choco, por su actuación en los hechos previos.

Este fallo histórico conquistado, sin embargo, dejó a una buena parte de la cadena de responsabilidades en pie, de la iglesia y el Estado.

Las responsabilidades estatales y la lucha por justicia. #NiUnaMenos

El alcance de la indignación popular, obligó al gobierno a hacer anuncios para aplacar la bronca. Del mismo modo que se inauguró una casa refugio en Andacollo (pero que nunca se abrió), el Gobernador Gutiérrez alardeó la creación de un equipo de asesoramiento legal gratuito. ¿Pero qué hay de eso a dos años?

A pesar que en 2018 se transformó en ley 3106, la misma jamás fue reglamentada ni cuenta con presupuesto. Solamente hay una abogada, de las tres comprometidas, para toda la provincia. Los informes del Observatorio de Violencia a las Mujeres, confirman que requirieron asistencia unas 6700 mujeres y que la única abogada designada tiene 38 en proceso.

El presupuesto provincial prioriza los intereses capitalistas, el pago de la deuda a los especuladores financieros y el negocio millonario de la obra pública. Los anuncios más sonoros de los gobiernos, apuntan al ajuste, la eliminación de derechos jubilatorios, tarifazos, etc. Con el FMI y el pago de la deuda externa, la violencia creciente a las mujeres y disidencias está potenciada.

La historia trágica de Karina y Valentina, sigue reclamando justicia. Pues no se termina con el suicidio del femicida (que últimamente se repite como una evolución del acto impune), ni mucho menos la responsabilidad del Estado. Esta lucha reclama la apertura inmediata de las casas refugio en toda la provincia, con equipos interdisciplinarios de acompañamiento y los recursos que le permitan a la mujer violentada, las condiciones materiales y ayuda psicológica. Para salir de la situación de vulnerabilidad que no se resuelve con una denuncia, como volvió a corroborarlo el caso de Celeste Saavedra y tantos otros.

Dormir con el enemigo o Consejo Autónomo de las Mujeres.

Saquemos conclusiones ante los anuncios oficiales y su contraste con la realidad. Está a la vista que ni los Ministerios, ni Secretarías ni ningún otro invento estatal pone en marcha más que demagogia criminal y puro humo cuando se trata de nuestra vida o muerte. Los organismos para la protección de las mujeres violentadas no pueden estar en manos de los gobiernos responsables de la violencia, el ajuste, la reforma antilaboral y jubilatoria. Porque su orientación social y política es antagónica a la de las mujeres trabajadoras.

El movimiento de lucha debe bregar por organismos propios. Consejos Autónomos de las Mujeres, electos por las mujeres mismas desde los 13 años, con mandatos revocables y un programa resuelto por las luchadoras. Que luche por la separación de la iglesia del Estado, por el aborto legal, por la asistencia integral a las mujeres violentadas, por el desmantelamiento de las redes de explotación sexual y trata de personas.

Desde el Plenario de Trabajadoras, llamamos a convertir en Jornadas de repudio a las Iglesias este #8M y parar y marchar masivamente el #9M de manera independiente de todos los gobiernos del FMI y enemigos de las mujeres trabajadoras.  

Karina y Valentina, presentes!

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