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25 de marzo de 2020

Aislamiento forzoso y aumento de la violencia hacia las mujeres y disidencias

Ahora más que nunca, nuestros reclamos son hacia el Estado.
Por Anabel Allochis
Tribuna Docente Córdoba

Luego de que se dispusiera el aislamiento social obligatorio, tal como se infería, se multiplicaron las denuncias de violencia de género. Sin dudas la medida, sin una protección específica para las mujeres víctimas de violencia, se convierte en una trampa letal. Estar encerradas con el violento, al cuidado de hijes, es un peligro que, incluso, puede aumentar el número alarmante de femicidios y transfemicidios que ya tuvimos durante el 2020. Los informes no nos desmienten: según el “Observatorio Ahora que sí nos ven”, el 49% de los agresores fue pareja de la víctima, un 17% las exparejas y un 5% otros familiares. Todas estas personas pueden ser habitantes de un mismo hogar con quienes las mujeres tengan que compartir el aislamiento forzoso.

En Córdoba, por ejemplo, según informa la propia página del gobierno y la mismísima Claudia Martínez, responsable del Ministerio de la Mujer, desde la cuarentena “tuvimos una explosión de denuncias, al principio por el temor a que se vencieran los plazos de medidas restrictivas de resguardo para víctimas y luego también de nuevos casos de violencia”. Entre el 23 y el 24 de marzo hubo 9 detenidos por violencia familiar, la mayoría por incumplimiento de las medidas de restricción, con lesiones y un caso de abuso sexual.

La situación es de extrema gravedad, y si en condiciones “normales” las medidas que implementan los gobiernos son insuficientes y de considerable desprotección para quienes sufren violencia de género, durante este estado de excepción se tornan aún más precarias, lo que aumenta la indefensión.

 A partir del “quédate en casa”, desde el Ministerio de la mujer, cuya Ministra es la responsable del vaciamiento y de numerosos maltratos laborales a las mismas trabajadoras del Polo Integral de la Mujer (organismo del gobierno creado para atender la violencia sobre las mujeres), quienes se avocan al cuidado y la asistencia de las víctimas de violencia, se anunció que aumentaron las líneas telefónicas para efectuar las denuncias y que el Tribunal Superior de Justicia extendió por 90 días todas las medidas de resguardo hacia mujeres víctimas de violencia. Estas medidas son insuficientes; en tiempo de coronavirus las organizaciones de mujeres y disidencias hemos redoblado las redes de comunicación, acompañamiento y solidaridad que nos caracterizan, pero necesitamos soluciones concretas a cargo del Estado. Planteamos con urgencia: 1- Habilitación de propiedades estatales y privadas, transitorias, para acondicionar refugios de mujeres y sus hijes cada 20 mil habitantes, de modo que las mujeres sean separadas físicamente de su agresor. 2- Un subsidio para las mujeres desocupadas igual a la canasta familiar (40 mil pesos) hasta que cuenten con trabajo estable y en blanco. 3- Asistencia legal y con profesionales de la salud de manera gratuita. El Estado debe, mientras tanto, ordenar la exclusión del agresor del hogar y prohibir el acercamiento de este a los lugares habituales de concurrencia de la mujer violentada y su entorno familiar. Todas estas medidas deben estar supervisadas por un Consejo Autónomo de mujeres y Disidencias, elegido de manera democrática, independiente del estado y con partida presupuestaria dependiente del presupuesto nacional.

Para enfrentar la violencia hacia las mujeres en tiempos de aislamiento, necesitamos redoblar la organización y la exigencia a estado para garantizar todas estas medidas.

 

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