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29 de marzo de 2020

Femicidios sin cuarentena: la deuda era con las mujeres

Mujeres en el cuadro del aislamiento obligatorio

Mientras escribimos estas líneas aparecía asesinada Claudia Repetto, a la cual su entorno buscaba desesperadamente desde hacía un mes. Su expareja, sospechoso que estaba prófugo desde el 1° de marzo, fue capturado por los hijos de la víctima mientras caminaba por la calle y confesó su crimen. Bajo la cuarentena obligatoria familiares y organizaciones realizamos movilizaciones por su aparición con vida. Horas después encontraron en Lanús a Cristina y a su hija Ada asesinadas también. Días antes del comienzo de esta situación tan excepcional, escuchábamos con fatal dolor las palabras de Fátima Florencia, asesinada en Paraná, quien había hecho decenas de denuncias y quien había advertido su destino fatal: “están esperando que me mate” dijo, refiriéndose al Estado, horas antes de que eso efectivamente sucediera.

Estas muertes interpelan a los ministerios de mujeres y a sus responsables que desde que asumieron y en la propia cuarentena, ante miles de advertencias sobre la profundización de la violencia intrafamiliar, solo redujeron su actuación a: elaborar un proyecto de ley de aborto a espaldas del movimiento; a dar charlas a funcionarios; a ampliar el call center de recepción de denuncias, y a gestionar con el Ministerio de Justicia la prórroga de las medidas judiciales de impedimento de contacto.

Entre las recomendaciones sobre cómo actuar bajo la cuarentena no se desprende el gasto de un solo centavo para la intervención misma sobre situaciones de violencia. Destacan la licencia para cuidados, pero no dicen nada al respecto de que el teletrabajo o el home office viola todas las licencias, empezando por la del cuidado de los niños. No es que no lo sepan, claro, simplemente es que deben amordazar sus conocimientos al servicio de una orientación social que tiene como prioridad salvar los bolsillos de la iglesia y la burguesía, no la vida de las mujeres.

Los recursos gastados por el Ministerio nacional estuvieron destinados a pagar las abultadas mensualidades de las nuevas funcionarias, a algunas de las cuales no se les conoce sapienza alguna al respecto de la temática en cuestión, como ocurre con la funcionaria que cubre el cupo camporista en la estructura del nuevo Ministerio, Josefina Kelly Neira, quien, como agravante, cobra como secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género.

Estamos en presencia de feministas atraídas por las mieles de un poder que no es el poder de las mujeres, sino el de las corporaciones y el de las iglesias. Iban a cambiar las cosas desde adentro y lo primero que pasó fue que ellas mismas terminaron admitiendo rebajar el programa que levantaban apenas hace un tiempo atrás en nombre de una “cordura política” que, por muchas razones y motivos, mata. La “cordura” del régimen que tiene como prioridad pagar la deuda externa antes que asistir a las mujeres, antes que afectar los beneficios de quienes las precarizan y las explotan e incluso las esclavizan con fines laborales y sexuales.

Antes de acceder al gobierno decían que había que impulsar las “emergencias en violencia de género” en las provincias y en los municipios. Una vez que accedieron al poder, votaron todas las emergencias posibles, 9 de hecho, menos la de violencia de género.

Los padecimientos del millón de empleadas domésticas afectadas por la realidad excepcional que vivimos no han sido recogidos siquiera por las nuevas funcionarias para establecer algún tipo de plan especial. Desde la campaña en defensa de estas trabajadoras en la que estamos empeñadas el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero, podemos registrar casos escandalosos en los que no sólo se coloca a empleadas en baúles de autos sino que se las somete a vejaciones para que patrones adinerados se garanticen el trabajo doméstico, pagando miserias, usando los 10 mil pesos para ahorrarse ellos el pago de salarios y colocando en situaciones aun más riesgosas a las trabajadoras. El gremio más grande del país es en un 95% femenino pero a las funcionarias no les parece atinado tener alguna política al respecto.

Cuarentena y violencia

Los términos de la cuarentena dictada por el gobierno nacional pusieron de relieve el carácter de clase con el cual se abordó la medida: una cuarentena sin recursos suficientes porque la mayoría de ellos es destinado al pago de la deuda externa, sin prohibición de despidos y suspensiones, sin exigir a las patronales del transporte que provea de elementos de cuidados para los choferes, sin ninguna protección a las trabajadoras precarizadas, sin exigencias a los grandes industriales para poner sus producciones al servicio del ataque a la pandemia y así podríamos seguir.

Por la ley de emergencia dictada a días de asumido el gobierno macristas y peronistas afectaron 4.500 millones de dólares del tesoro, o sea, 374 mil millones de pesos para pagos de deuda y entre enero y febrero se pagaron también 157 mil millones de pesos. El escenario de la cuarentena los ha llevado a disponer apenas de 55 mil millones de pesos tomando un amplio abanico de medidas, o sea que apenas destinaron lo que se ahorraron en un año con el primer recorte de jubilaciones que se operó en marzo.

¿Y las mujeres?

Charlas del Ministerio no faltaron, mujeres dispuestas a colaborar con el gobierno en esta materia tampoco. Tampoco faltaron las bajadas de línea en las redes sociales en las que desde el Ministerio se pretende dar cátedra sobre cómo es amar y qué está bien y qué está mal en esa materia. No importa cuánto ese mismo Estado descargue su odio sobre las mayorías de mujeres discriminadas juridicamente, sometidas, precarizadas y abandonadas a su suerte, nuestras nuevas funcionarias piensan que tienen autoridad para bajar línea sobre esa materia, como si se tratara de simples decisiones individuales la existencia de relaciones tóxicas y como si los principios que rigen a las relaciones sociales establecidas, fueran apenas una cuestión de voluntad personal.

Deberían opinar más sobre la función política y social que cumple que su presidente realce en medio de la crisis la imagen de la iglesia católica, pero no pueden porque eligieron (ellas si pueden elegir) ser funcionarias de ese gobierno.

¿Cuánto presupuesto se destinó a una problemática sobre la que se viene advirtiendo desde el comienzo de la cuarentena, la violencia intrafamiliar y cuánto se hizo desde la asunción del gobierno? Charlas y ninguna medida ni prepsuesto.

No nos precipitamos con los tiempos si decimos que el Ministerio de las Mujeres ya mostró que, como apéndice de la política corporativa y clerical de su gobierno, constituye un nuevo caso de “feminismo institucionalizado”, como denunciaban las activistas e intelectuales desde Estados Unidos en un manifiesto firmado por Cinzia Arruzza, Nancy Fraser y Angela Davis, entre otras, algo que festejaban algunas de las actuales funcionarias o defensoras del gobierno, cuando todavía no tenían idea de que iban a ser convocadas para gobernar.

El Ministerio de la Mujer se revela muy tempranamente como recurso político para la contención de una fracción de la sociedad que en su proclamación de hartazgo podía y puede llevarse puesto a gobiernos enteros. A esta comprensión se reduce el hecho de que Alberto Fernández, a pesar de haber planteado que legaliza el aborto, cuente aún con el apoyo de una institución enemiga de este y de otros derechos de las mujeres como la propia Iglesia Católica.

Ni antes de la cuarentena ni transcurrida ella con todas las advertencias que se hicieron, el Ministerio destinó fondos a la tarea que antes de acceder al poder era considerada de “emergencia”. De acuerdo a los datos oficiales, las llamadas a los números de referencia para casos de violencia de género, nacional y locales se incrementaron entre un 25% y un 30%.

El mapeo de denuncias con el que cuenta el Ministerio resulta una forma de establecer prioridades para dar respuesta a las demandas. A las mujeres que son objeto de violencia deben sacarlas ya mismo de sus hogares, ofrecerles un lugar adecuado, atender la realidad del violento y establecer un resguardo efectivo de la víctima que nada tiene que ver con la prórroga de perimetrales que no se cumplen y que la justicia y el poder ejecutivo no hacen cumplir.

¿Qué planteamos antes y ahora para realmente acceder a una política que defienda a las mujeres? Que desde el propio movimiento pongamos en pie un Consejo Autonomo de Mujeres con presupuesto otorgado por el parlamento y una dirección independiente electa por las propias mujeres desde los 13 años. Solo así se podría poner en pie un organismo que, sin ataduras con la orientación de tal o cual gobierno, pueda avanzar en las medidas de emergencia que la realidad de emergencia requiere.

Planteamos reclamar e incluso coordinar para poner en pie acciones concretas de protesta en medio de la pandemia, por redes y presenciales, para exigir #NiUnaMenos:

La construcción de lugares y la expropiación transitoria o permanente de otros lugares que efectivamente sean un refugio para las mujeres violentadas y para sus hijos deben ser inmediatamente implementados. Hablamos de hoteles, no solo sindicales, sino los de toda la industria del turismo hoy parada, predios de la Iglesia Católica, sin ninguna injerencia de la propia iglesia, que se cuentan de a miles y están la mayoría de ellos prácticamente vacíos, y viviendas ociosas de propietarios de múltiples inmuebles.

Que se publique desde qué barrios llegan las denuncias tanto a los teléfonos nacionales como provinciales así se pueden definir esquemas de difusión y contención ya mismo por parte de las organizaciones populares en dichos lugares y que se comiencen por montar los refugios ya mismo en esas zonas.

Que se haga ya mismo un llamado a la contratación de cientos de mujeres profesionales de diferentes disciplinas en la planta permanente y que entre ellas voten una conducción de sus tareas interconectadas entre todos los refugios que se pongan en pie.

Que desde el Ministerio de Justicia se haga un mapeo de todos los hombres que tiene perimetrales, que se envíen dispositivos de asistencia social y psicológica para evaluar los cuadros de situación y que en el caso de ser necesario se establezca el seguimiento permanente de esos casos para garantizar que todos cumplan sus perimetrales. Cada trabajador y trabajadora debe contar con la planta permanente y debe tener derechos a la protección adecuada bajo la pandemia.

Que se establezca el empadronamiento de todas las mujeres precarizadas y el pago de un subsidio de 30 mil pesos mensuales mientras dura la emergencia a efectivizarse de manera inmediata.

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