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31 de marzo de 2020

Río Negro en el círculo vicioso de las políticas sobre violencia de género

Por Cecilia Andrade
PdT Río Negro

El 30 de marzo, en el Diario Río Negro salió publicada una nota: “Cuarentena: más de 170 pedidos de ayuda por violencia de género en Río Negro”, donde la secretaria de Igualdad de Géneros de la provincia, Mercedes Pietranera, aporta las cifras de denuncia de la provincia y remarca que la medida extraordinaria es evaluar su desarrollo cada 72 horas para ver si realmente hay recrudecimiento; aclara que antes se monitoreaban cada un mes y a su vez menciona que las casas refugio son nada más que 6 en toda la provincia y que las mismas “funcionan con normalidad” (sic). También menciona además que si bien esa es la mejor manera, donde no existe este recurso se puede llamar al 911 y al 114.

La Secretaria deja de esta manera absolutamente claro, por un lado la política que aplica el gobierno provincial respecto de esta situación y su insuficiencia, además de la falta de recursos y definiciones para atender la problemática.

Como todas las medidas políticas que se toman, sin presupuestos que se afecten seriamente a su desarrollo en la práctica, se deja en manos de las víctimas la posibilidad de resolver o contener la violencia a la cual son sometidas. La pandemia y la cuarentena no hizo más que profundizar y poner en evidencia el abandono total del Estado rionegrino en la atención de víctimas de violencia de género.
Desde el Plenario de Trabajadoras, consideramos la existencia de los mecanismos de denuncias como necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Antes de la pandemia del coronavirus ya existía la pandemia de las violencias de género, que sabemos se ven agravadas por tener que cuarentenar con un violento. ¿Acaso el Estado provincial espera el aumento del y horroroso promedio de un femicidio cada 23 horas para destinar el presupuesto necesario para atender esta catástrofe?

A las mujeres, que son objeto de violencia deben sacarlas ya mismo de sus hogares, ofrecerles un lugar adecuado, atender la realidad del violento y establecer un resguardo efectivo de la víctima. Resguardo que va mucho más allá de la prórroga de perimetrales y que la justicia y el poder ejecutivo no hacen cumplir.

¿Qué planteamos antes y ahora para realmente acceder a una política que defienda a las mujeres? Que desde el propio movimiento pongamos en pie un Consejo Autónomo de Mujeres, en este caso provincial, con presupuesto otorgado por el parlamento y una dirección independiente electa por las propias mujeres desde los 13 años. Solo así se podría poner en pie un organismo que, sin ataduras con la orientación de tal o cual gobierno (incluso las clericales, que tienen sus lobbistas entre los partidos patronales), pueda avanzar en las medidas de emergencia que la realidad requiere.


La construcción de lugares y la expropiación transitoria o permanente de otros lugares que efectivamente sean un refugio para las mujeres violentadas y para sus hijos deben ser inmediatamente implementados. Hablamos de hoteles, no solo sindicales, sino los de toda la industria del turismo hoy parada, predios de la Iglesia Católica, sin ninguna injerencia de la propia iglesia, que se cuentan de a miles y están, la mayoría de ellos, prácticamente vacíos y viviendas ociosas de propietarios de múltiples inmuebles.

Que se haga ya mismo un llamado a la contratación de cientos de mujeres profesionales de diferentes disciplinas en la planta permanente y que entre ellas voten una conducción de sus tareas interconectadas entre todos los refugios que se pongan en pie.
Que desde el Ministerio de Justicia se haga un mapeo de todos los hombres que tienen perimetrales, que se envíen dispositivos de asistencia social y psicológica para evaluar los cuadros de situación. Que se establezca el seguimiento permanente de esos casos para garantizar que todos cumplan sus perimetrales.

Que se establezca el empadronamiento de todas las mujeres precarizadas y se establezca el pago de un subsidio de 30 mil pesos mensuales mientras dura la emergencia a efectivizarse de manera inmediata.

Sumamos nuestro reclamo de acciones concretas como el ruidazo de ayer 30 de marzo para exigir #NiUnaMenos.
Sin presupuestos extraordinarios por el pago de la deuda no hay Ni una Menos posible. El Estado es responsable.

 

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