“Página 12” (25/1/94) publicó una carta de la Comisión por el Derecho al Aborto en la que correctamente se denuncia la enorme presión que está ejerciendo la Iglesia para “que se introduzca en la Constitución Nacional, el derecho a la vida desde la concepción”, lo que significa “impedir toda disposición que legalice el aborto”. La carta agrega  que “cínicamente lo quieren introducir en el capítulo sobre los derechos humanos”, señala que el aborto es un derecho democrático  y que “si la prohibición del aborto se afirma con una norma constitucional, en un país donde aumenta la miseria, serán cada vez más las mujeres que arriesguen sus vidas por interrumpir sus embarazos en malas condiciones sanitarias, profundizando aún más el abismo entre minorías ricas y mayorías pobres”.

La carta de las compañeras no dice que la fuerza política que impulsa la prohibición constitucional del aborto es el Frente Grande. El Frente Grande plantea que se incorporen a la Constitución Nacional los Tratados de Derechos Humanos internacionales ( qué cinismo, ¿no? ),  entre otros el de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 penaliza el aborto, al plantear la protección de la vida “a partir del momento de la concepción”. Además, dicho Tratado establece la enseñanza religiosa, incluso en las escuelas del Estado y cercena las libertades de pensamiento y expresión cuando “sea necesario asegurar… la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

La similitud del programa que denuncian las compañeras y el del Frente Grande revela que éste es un instrumento político de la alta jerarquía de la Iglesia.  Es la conclusión política que omite la carta de las compañeras, una omisión imperdonable, más aún cuando la misiva se publica a través de un vocero del Frente Grande.